Por Bernardo Hirán Sánchez Melo, PhD.
El tamaño del Estado es uno de los temas ideológicos más controvertidos entre las escuelas del pensamiento económico. En tanto, se toma, en la actualidad, como elemento de justificación de su reducción los niveles de eficiencia y desempeño del Gobierno y la existencia de una multiplicidad de entidades con múltiples funciones, aparentemente algunas duplicadas, en el sector público.
En efecto, la existencia del Estado va desde la concepción marxista que plantea su extinción en una etapa superior del desarrollo de la humanidad en la cual no existirá la necesidad de instituciones coercitivas una vez desaparezcan las clases sociales, hasta la concepciones liberales y libertarias de que el Estado debe reducirse a la función policiaca, defensa y justicia, administrado por un gobierno reducido al mínimo, dejando al mercado la asignación de los recursos bajo un supuesto de mayor eficiencia atribuida al accionar libre de los agentes económicos.
Dado los múltiples juicios que tratan de justificar: los unos, la readecuación del sector público dominicano; los otros, la reducción del sector público dominicano al estilo Milei, sustentados en la supuesta naturaleza “ineficiente” del Estado. Se requiere de criterios que en términos prácticos y convencionales expliquen la condición actual del Estado dominicano en lo relativo a su tamaño, funcionalidad, eficiencia y efectividad.
En ese orden, basado en herramientas estadísticas y econométricas convencionales, en lo adelante, hago un esfuerzo, de aportar el debate.
Veamos:
Es de común aceptación y uso tres indicadores del tamaño del Estado: (1) gasto público respecto al PIB, (2) Gasto público en la producción de bienes, y (3) gasto público en personal.
Así, el Gasto Público respecto al PIB (GP/PIB) en el país es 18.8%, ligeramente superior a la cifra de 17.6% promedio de 10 años (2014-2023).
Comparada la cifra local con la cifra promedio de 35.2% correspondiente a 82 países, el Indicador del Gasto/PIB dominicano de 18.8%, representa el 53.4% del promedio global y apenas el 37.6% de Islandia, país con mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH-21), que muestra un índice GP/PIB de 49.2%.
En ese orden, visualizado en un gráfico de dispersión, todos los países con alto IDH (superior al 0.85) muestran un GP/PIB promedio de 47.3%, siendo los casos más notables los países con políticas de Estado de Bienestar, como los Países Bajos, que muestran un índice GP/PIB de 59.0% y un IDH de 0.903. En lo que respecta a la RD nos encontramos en el cuadrante de IDH de desarrollo medio alto, pero con un bajo nivel de gasto público, respecto a la media y los países de mayor desarrollo.
(En un ejercicio econométrico, con los datos correspondientes a los 82 países analizados, existe una correlación de un 0.61, con valores significativos de las pruebas paramétricas entre el nivel del gasto público y el Índice de Desarrollo Humano. Con valores explicativos que muestran un mayor nivel de IDH a mayor nivel del gasto público).
En lo que respecta al Gasto Público en Personal, la Remuneraciones respecto al PIB (GPp/PIB) muestran un promedio en el periodo analizado de 4.50%, siendo en el año de 2023 de 4.46%, en tanto las Remuneraciones respecto al Gasto Total (GPp/GT) muestra un promedio de 25.71%, y de 23.81% en el 2023. Es decir, el Gasto en Remuneraciones en términos relativos en el 2023 se mantiene por debajo del promedio del periodo 2014-2024.
En lo que respecta a la cantidad de empleados en el sector público, según cifras tomadas de las estadísticas del SISALRIL, los servidores públicos totalizan 729,509 personas, de los cuales 383,359 pertenecen a las instituciones centralizadas y 346,150 pertenecen a las descentralizadas. Estas cifras absolutas, para un buen economista, realmente ¡no dicen nada! Porque los procedimientos del análisis económico mandan a ver las cosas en términos relativos y no absolutos. Veamos qué hay detrás de estas cifras.
De igual modo, es preciso aclarar y tomar muy en cuenta que las instituciones del sector público cumplen funciones de gestión, regulación, entrega de servicios a entidades sectoriales públicas y privadas, servicios al mismo sector privado, y servicios directos a la población, lo que implica estructuras administrativas de cierto tamaño y cantidades de recursos humanos suficiente para un cumplimento eficiente de sus respectivas funciones. Observemos ciertos detalles, tomando la participación de dos instituciones relevantes en el sector público y la municipalidad.
De los 729,509 (SISALRIL) servidores públicos, tan sólo dos sectores fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población: salud y educación totalizan 330,003 personas, es decir, el 45.24%% de la nómina estatal. En detalle, el sector educación pública totaliza 229,515 servidores (estadísticas del MINERD), de los cuales 129,085 (el 56.3%) son docentes y 100,047 (43.7%) prestan servicios en las áreas administrativas y operativas de las instituciones educativas públicas. El sector salud pública emplea una totalidad de 100,488 personas, de los cuales el 86.6% prestan servicios de manera directa (médicos, enfermeras, personal auxiliar) a la población dominicana en centros de salud.
Un indicador de eficiencia en el sector educación, diseñado a partir de la cantidad de estudiantes por docentes, muestra un promedio de 21estudiantes por docente, y 26 estudiantes por aula, como resultado de una población estudiantil (de inicial, básica, media y adultos) ascendente a más de dos millones de jóvenes y adultos atendidos por los 129,085 profesores. Mientras, se registra un promedio de 11 servidores administrativos y operativos por cada uno de los 9,059 planteles educativos en operación en el 2023. Y en lo relativo a la función rectora y regulatoria del sector, el personal administrativo y operativo del Ministerio tiene la responsabilidad de dar servicios a 2,763 centros educativos privados a nivel nacional, que atienden a más de 500 mil estudiantes.
En la municipalidad, se registra (+/-) 100,00 servidores empleados en 158 cabildos y 118 distritos municipales, para una totalidad de 276 entidades locales, lo que representa un 13.7% de los empleados en el sector público. En suma: dos sectores sociales con funciones regulatorias, operativas y de servicios directos a la población estudiantil y colegios privados, y la municipalidad con 15 funciones sustantivas y 10 competencias o atribuciones coordinadas, totalizan, prácticamente, un 60.0% de la nómina pública.
En lo que respecta al sector privado dominicano: es importante resaltar la limitación de las empresas y corporaciones dominicanas en la capacidad de absorción de la población activa en edad de trabajar. Apenas emplea el 46.0% de la totalidad de ocupados, con la salvedad de que el 35.5% de los empleados formales se desempeñan en actividades comerciales, financieras, rentistas, especulativas y otros servicios.
Ese panorama se explica como expresión de las restricciones de los sectores productivos del país, debido a la baja productividad, niveles salariales bajos, distorsiones del mercado, limitaciones de la demanda agregada interna y externa, ausencia de economía de escala en la producción, e inclusive, permanencia en el mercado gracias a las transferencias del Estado en la forma de subsidios, exoneraciones, exenciones y elusiones.
A todo lo anterior, debe añadirse el costos social (o precios sombras) a los precios de mercados de los bienes y servicios ofertados por las empresas y corporaciones que operan en condición de monopolios y oligopolios.
De modo que no debe ser una moda el reduccionismo del Estado en nuestro país, máxime si se toma en consideración que a lo largo de toda la historia republicana el motor del crecimiento y desarrollo en la República Dominicana ha sido y los es el Estado dominicano.
El Autor es economista
