Lito Santana
Lo que sucedió el pasado sábado en la comunidad de Bastida, en el municipio de Las Yayas en Azua, pudo ocurrir en cualquier localidad de nuestro país.
Para los que no transitan hacia el interior de la República, con alguna frecuencia, pueden estar sorprendidos con la tragedia, pero los tumultos o teteos, con bebedores de alcohol en plena vía pública, es algo muy normal.
En los pedazos de papel, que son la Constitución y nuestras leyes, esa desgracia estaba supuesta a no quitar seis vidas y herir a más de 40 personas.
Primero, hay una disposición oficial que prohíbe tomar alcohol los sábados en lugares públicos después de las dos de la mañana.
Segundo, y como una cuestión lógica, no está permitido que una multitud se adueñe de una autopista como la que une a San Juan y Azua, para un libertinaje de este tipo.
Tercero, hay destacamentos de la Policía Nacional en cuatro comunidades cercanas, que pertenecen al municipio del desastre, como son Villarpando, Tábara Arriba, Las Yayas y Los Toros.
Cuarto, está la supuesta conciencia ciudadana, a la que apela la ministra de Interior y Policía, que debe auto orientarse para no cometer delitos y desacatarse cada vez que le da la gana.
Dicen en buen dominicano que la soga se rompe por lo más delgado. ¡Qué no vengan ahora a "tirarle los palitos rotos" al chófer del camión!
Ese hombre debió pasarse todo el viernes entre los municipios de Hondo Valle y El Cercado, en Elías Piña y San Juan, recogiendo esos aguacates para salir en la madrugada para coger un turno temprano, en las exportadoras de San Cristóbal o los mercados de la ciudad Capital, y vender ese producto.
Lo más lejos que tenía este fajador era encontrarse a las tres de la mañana con una multitud de borrachones, que le cerraban el paso y que a lo mejor no pudo ni frenar, por la ubicación en que estaba la parranda.
Lo de Bastida es un alerta al Gobierno, que "ha soltado en banda al tigueraje", que "ha tomado al país por asalto", financiado por unos políticos que le dan romo en la tarjeta Supérate, bono navideño, cariñito a los padres y las madres, ingredientes para habichuelas de Semana Santa, bono a mil para la educación y sueldos o botellas en ayuntamientos y juntas distritales para que gocen su vida.
De modo que el Gobierno y el tigueraje son los que deben pagar los muertos de Bastida, en Azua.
Que lo griten sus familiares y amigos, y que los que quedaron vivos que no vuelvan a cometer el error de estar bebiendo en el medio de la carretera como si eso fuese una pista de baile.