Por Nelson Cuevas Medina
Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro, fue declarado vencedor, han generado una ola de reacciones polarizadas tanto a nivel nacional como internacional.
La legitimidad y transparencia del proceso electoral han sido ampliamente cuestionadas, sumiendo al país en una crisis política de dimensiones globales.
El contexto previo a las elecciones, es interesante tomarlo en cuenta. Antes de las elecciones del 28 de julio, Venezuela ya vivía en un ambiente de alta tensión.
El gobierno de Nicolás Maduro, apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y potencias internacionales como Rusia y China, además de Cuba y otros países, se enfrentaba a una oposición decidida, respaldada por una parte significativa de la población, así como por gobiernos de América, Europa y organizaciones internacionales como la OEA y la ONU.
Durante el proceso electoral, ambas partes implementaron diversas estrategias. El gobierno intentó neutralizar a la oposición inhabilitando a su principal candidata, María Corina Machado.
Sin embargo, Machado continuó actuando como líder opositora, mientras que el candidato designado por la oposición, Edmundo García Urrutia, mostró poco activismo. Esta inhabilitación contribuyó a debilitar la imagen del gobierno de Maduro frente a la comunidad internacional.
Por otro lado, el gobierno advirtió sobre posibles planes de sabotaje al sistema electoral; pero no pudo prevenir que estos se materializaran. El Consejo Nacional Electoral (CNE), alegó un sabotaje al sistema de transmisión de resultados, como justificación para emitir los primeros resultados, lo que hizo en las primeras horas del 29 de agosto, declarando a Maduro como ganador.
Este supuesto sabotaje no solo afectó al sistema electoral, sino que también se ha extendido posteriormente al sistema eléctrico, sumiendo al país en un apagón total y afectando otros sistemas críticos. En respuesta, el gobierno chavista acusó a la oposición de ser responsable de estos sabotajes.
Las reacciones y desafíos posteriores a las elecciones, no se hicieron esperar. El retraso en la transmisión de los resultados facilitó la estrategia de la oposición, que mostró actas en una página web, dando como ganador a su candidato, Edmundo García Urrutia.
Como respuesta, Maduro presentó un Recurso Contencioso, a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratificó su triunfo. No obstante, la oposición y otros sectores han manifestado que la sentencia no fue transparente, "al no mostrar las pruebas del peritaje realizado ni quiénes lo realizaron".
A su vez, la página publicada por la oposición es considerada por muchos, incluido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de "contener documentación forjada y fraudulenta", lo que llevó al Fiscal General, a iniciar una investigación contra los opositores.
Estos eventos han evidenciado la debilidad del gobierno de Maduro para prevenir y responder eficazmente a ataques contra las infraestructuras nacionales, a pesar de contar con un Consejo de Ciberseguridad decretado para "enfrentar los ataques cibernéticos contra los sistemas tecnológicos del país".
La normativa electoral venezolana, ha sido ente en los que se basan sectores para exigir transparencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE), debe publicar los resultados de todas las elecciones y referendos en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Sin embargo, el CNE no ha cumplido con esta obligación, lo que no solo desoye el mandato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificó el triunfo de Maduro, sino que también alimenta la desconfianza en los resultados y fortalece las acusaciones de fraude por parte de la oposición, y organizaciones internacionales.
La falta de publicación de las actas detalladas por mesa electoral es un punto clave del conflicto que ha fortalecido la presión internacional y las perspectivas futuras. A ello apuestan los países Brasil, Colombia y México, así como observadores internacionales y expresidentes como Leonel Fernández y Ernesto Samper, han insistido en esta demanda.
La no divulgación de estos documentos impide una revisión exhaustiva de los resultados y permite a la oposición cuestionar aún más la legitimidad del proceso, sembrando desconfianza entre los países que han condicionado su reconocimiento de los resultados a la publicación de las actas.
Por otra parte, se observa el impacto de los medios de comunicación y la opinión pública. El gobierno de Maduro ha centrado sus críticas en el papel desempeñado por los medios de comunicación, nacionales e internacionales y las redes sociales, por sus narrativas sobre los hechos que se han venido desarrollando, acusándolos de invisibilizar las manifestaciones y pronunciamientos a favor del gobierno.
A pesar de sus esfuerzos por confrontar directamente a los medios globales, estos han destacado más las acusaciones de fraude y las manifestaciones de la oposición liderada por Machado, que las posiciones del gobierno.
En este contexto de incertidumbre, la situación en Venezuela continúa siendo inestable y concita un futuro incierto. El país se enfrenta a un complejo panorama donde las tensiones internas y la presión internacional configuran un escenario de crisis con múltiples dimensiones y consecuencias aún impredecibles.
República Dominicana en el conflicto
El pronunciamiento de la República Dominicana, que exigió junto a otros seis países de América, la publicación de las Actas provocó que el Gobierno de Nicolás Maduro, ordenara la retirada de los representantes dominicanos en territorio venezolano y suspendiera los vuelos entre ambos países.
La incautación en suelo dominicano de un avión de matrícula venezolana por parte de Estados Unidos, tampoco favorece las relaciones que durante años se tuvieron con Venezuela, añadiendo otra capa de complejidad a la ya tensa situación.
Finalmente, la situación electoral en Venezuela es un reflejo de las tensiones, estrategias y desafíos que se han extendido a nivel internacional, con actores internos y externos aun buscando resolver la crisis en curso.
