Por Emiliano Reyes Espejo
¿Todos en defensa de todos? Eso sería lo ideal. En tanto, ¿Quién defiende a los 11.12 millones de usuarios y consumidores que viven en la República Dominicana?
Las políticas liberales se encargaron de eliminar los controles de precios. Descartaron las normas que favorecen a los usuarios y consumidores. Pasaron rodillos a las medidas que pudieron afectar los beneficios de las industrias, empresas y servicios.
De paso, se llevaron de por medio a los institutos de calidad, a los de investigación y desarrollo (ID).Todo en aras de la apertura de los mercados de consumo, servicios y favorecer el libre accionar, sin trabas para los negocios, entiéndase “el libre comercio”.
La visión era permitir que los negocios, productos y servicios compitan libremente en el mercado y que esa competencia incida en la demanda y en los precios.
Mientras tanto, los usuarios y consumidores quedaron a merced del mercado.
Ahora ¿quién defiende a los 11.12 millones de habitantes –usuarios y consumidores de productos y servicios- en la República Dominicana?
Esta es una buena oportunidad para los partidos políticos, los frentes electorales que se han estructurado para enfrentarse en las elecciones de mayo. Este es el momento ideal para que estos grupos de intereses políticos y económicos puedan demostrar que realmente están a favor de la población consumidora y usuaria, en razón de que, entre todos, ya se aglutina en nuestro territorio a más de 11 millones de habitantes.
En ese sentido, deseo plantear con cierto dejo de humildad, que el liderato político del país acoja la siguiente sugerencia y la coloque en el sitial número dos de sus programas de gobierno 2024-2028. Hablamos de algo crucial para la defensa de usuarios y consumidores.
Es tiempo de aplicar la “filosofía del viejo Pomo”, un ebanista de mi pueblo que decía: “Si Pomo no cuida a Pomo ¿quién cuida a Pomo?”. En este caso sería asumir que “todos salgan en defensa de todos”.
Derechos de usuarios y consumidores
Se trata de propiciar e instalar un “Congreso Consultivo Internacional de Entidades Estatales para la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (CCIEEDDUC)”. Este Congreso se convocará y realizará a principio del gobierno que surja a partir de este año 2024, atendiendo a las siguientes consideraciones:
Objetivo: Aglutinar en un cónclave nacional e internacional a todas las oficinas del Estado de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores para debatir el nuevo rol de estas entidades ante los retos y avances de las tecnologías a nivel mundial.
Propiciar la discusión de nuevas estrategias que contribuyan al diseño de políticas de defensa de los usuarios y consumidores.
Meta: Lograr que de este Congreso salgan planteamientos que aseguren una defensa eficaz de los derechos de los millones de usuarios y consumidores de servicios y productos de todo el país.
Alcance: Reunir a directores de departamentos de defensa de usuarios y consumidores de organismos del Estado, así como a expertos nacionales e internacionales sobre la temática.
Instituir la celebración de este Congreso anual o interanual para garantizar el éxito de esta nueva plataforma de la defensoría pública de los intereses de la población de usuarios y consumidores.
Invitar a esta actividad a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los usuarios y consumidores en el país.
La propuesta
La propuesta fue ofrecida a una institución descentralizada del Estado el 29 de diciembre de 2020, o sea, a principio del actual gobierno del presidente Luis Abinader. Todavía espero la respuesta. La proposición dice lo siguiente:
“Las nuevas tecnologías, aunque en cierto sentido benefician a los usuarios y consumidores, también se prestan para expoliar a amplios sectores indefensos de la población. Por tanto, considero necesario que la situación sea profundamente analizada y evaluada por los departamentos del Estado cuya razón de existir es, precisamente, la defensa de este nutrido conglomerado humano”.
A partir de dicha premisa, sugiero que el Estado, conjuntamente con las entidades públicas, disponga institucionalizar un Congreso que discuta nuevas medidas, que sean más modernas y tecnológicas y vayan destinadas a defender a usuarios y consumidores del país.
La iniciativa
De ser acogida, la iniciativa será conformada, en principio, por los siguientes puntos a desarrollar:
1) Que una de las instituciones del Estado propicie la celebración del Congreso Consultivo Anual o Interanual de entidades y departamentos del Estado que tienen a su cargo la defensa del usuario o del consumidor como meta principal, entiéndase Indotel, Pro Consumidor, Pro Competencia, Prousuario, Protecom, Defensor del Pueblo, entre otros.
2) Que en dicho Congreso se planteen y discutan los derechos de los usuarios y consumidores, la evolución de los mismos y se hagan propuestas para el mejoramiento y adaptación a las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial (IA) y a otros adelantos científicos.
3) Que se instituye la participación como instituciones invitadas, pero sin potestad deliberante, las asociaciones, fundaciones y ONGs que trabajen a favor del sector desde iniciativas de la sociedad civil.
4) Que en el Congreso se acoja cada año un tema específico de actualidad para llevarlo como punto principal de discusión, sin desdeñar otras propuestas. Un tema podría ser, por ejemplo, “Los nuevos formatos de tarjetas de créditos, ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA) y surgimiento de distintos recursos monetarios”.
5) Que el Poder Ejecutivo se proponga crear de manera oficial y mediante decreto, esta herramienta de defensa de los usuarios.
6) Que se asigne cada año de manera rotativa a un departamento del Estado el compromiso del montaje del evento.
7) Que al Congreso se inviten entidades de defensa de los usuarios y consumidores, así como a expertos extranjeros que expongan sobre los avances del uso de las tecnologías para la defensa de los consumidores en sus respectivos países.
8) Que la instalación de este Congreso Consultivo se sustente en principios Constitucionales que establecen los derechos de los usuarios y consumidores.
Espero que esta propuesta constituya un sólido aporte a la defensa de los usuarios y de los consumidores, a partir de este Congreso, sobre la base de los principios de la propia Constitución de la República.
Los millones de dominicanos usuarios y consumidores tienen derecho a que el Estado, y en este caso, sus líderes políticos, tomen en cuenta su defensa y puedan, mediante políticas públicas eficaces, asegurar una mejor calidad de vida de la mayoría de los dominicanos. ¡Enhorabuena!
*El autor es periodista.
