Por Héctor Linares
En ausencia de nuevas fuentes de ingresos de origen tributario, la apuesta de captación de recursos del Gobierno para el año 2026 se centra en el plano interno en profundizar lo que define como eficiencia recaudatoria.
Seis iniciativas están en la agenda de la Administración Tributaria, como medidas fundamentales para lograr que se cumplan las proyecciones de ingresos consignadas en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, las que estiman que los ingresos fiscales ascenderán a RD$1,336,197 millones en 2026, monto equivalente a 15.4% del Producto interno Bruto (PIB).
La Política Presupuestaria 2026, definida en el proyecto de Presupuesto que cursa en del Congreso Nacional, enuncia una serie de consideraciones sobre las cuales se sustentan las proyecciones de ingresos y gastos del próximo ejercicio fiscal, y no hay referencia directa a una eventual reforma fiscal.
El documento expresa que en coherencia con la Política Presupuestaria Anual 2026, elaborada por el Ministerio de Hacienda en junio de 2025, "se prevé que el proyecto de presupuesto para el próximo año se formule en un contexto de crecimiento económico moderado y estabilidad inflacionaria, aunque condicionado por incertidumbres externas derivadas de tensiones geopolíticas y volatilidad en los precios internacionales".
El panorama siempre está en referencia. El documento indica que “si bien la economía dominicana exhibió un crecimiento coherente con el potencial del 5% para el año 2024, hay que destacar que ésta presentó un mayor dinamismo hacia el segundo semestre. Para el 2025, la producción del primer trimestre fue del 2.7%, siendo el sector de agropecuaria el de mayor crecimiento interanual (4.8%). En adición, la inflación doméstica se ha mantenido controlada y debajo del valor central del rango meta del Banco Central de la República Dominicana", destaca y manifiesta que "en este sentido, se prevé que 2026 se logre un resultado primario superavitario en RD$67,445 millones, 0.8% del PIB, para un déficit global de RD$254,916 millones, equivalente a 2.9% del PIB".
En el enfoque teórico del proyecto de PGE 2026, se citan objetivos y motivaciones de la propuesta. “El presupuesto 2026 se concibe como un instrumento de política fiscal activa, diseñado para asegurar la continuidad de los programas esenciales del Estado, al mismo tiempo que impulsa la reactivación productiva y preserva la estabilidad macroeconómica. Bajo el lema ¨el uso eficiente de lo nuestro¨, se reafirma el compromiso del Gobierno con la gestión responsable y transparente de los recursos públicos, orientando las erogaciones hacia áreas de mayor impacto económico y social, y fortaleciendo la credibilidad de la política fiscal. En coherencia con lo anterior, el tope de gasto del Gobierno Central para el año 2026 asciende a RD$1,622,833.4 millones, equivalente al 18.7% del PIB. De este total, se destaca que el gasto de capital alcanzaría los RD$215,284.7 millones, representando un 2.5% del PIB, consolidando la prioridad de expandir la inversión pública dentro de márgenes prudenciales”. También destaca que se prevé un déficit fiscal de 3.2 % del PIB, nivel que mantiene la política fiscal dentro de parámetros responsables y en consonancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“Con ello, el presupuesto asegura la sostenibilidad de la deuda, preserva la estabilidad macroeconómica y garantiza el espacio necesario para financiar proyectos de inversión que estimulen la actividad económica y eleven el bienestar social”.
Política de Ingresos
El Ministerio de Hacienda y Economía (MH y E) precisa que la proyección de ingresos para el período fiscal 2026 se sustenta en los avances alcanzados en la gestión tributaria en los últimos años, "producto del fortalecimiento institucional de las entidades recaudadoras, la modernización tecnológica y un enfoque progresivo en la cercanía y asistencia al contribuyente".
Según el órgano rectore de la política fiscal del Gobierno, "estos esfuerzos han permitido ampliar la base imponible, mejorar la trazabilidad de operaciones gravadas y fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado, contribuyendo a elevar la eficiencia en la recaudación e integrar gradualmente sectores informales a la economía formal".
En este contexto calcula que los ingresos fiscales ascenderán a RD$1,336,197 millones en 2026, equivalentes a 15.4% del PIB, incluyendo RD$1,385.0 millones por concepto de donaciones, lo que representa un incremento de 13.1% respecto a lo presupuestado para 2025.
Anuncia que para el ejercicio presupuestario 2026, la administración tributaria contempla continuar con las siguientes acciones:
— Fortalecer los procesos de fiscalización segmentada, aplicando modelos de riesgo que permitan dirigir auditorías hacia sectores y contribuyentes con mayores antecedentes de incumplimiento, incrementando así la eficacia de la supervisión tributaria.
— Expandir la implementación de la factura electrónica, con el objetivo de consolidar una base de datos robusta que, integrada con otros registros administrativos y analizada mediante técnicas avanzadas deminería de datos, permitirá identificar patrones de evasión y elusión fiscal con mayor precisión.
— Modernizar el control aduanero mediante la integración de tecnologías de escaneo y verificación
avanzada en puertos y aeropuertos, agilizando los procesos de inspección física y reduciendo tiempos
de despacho.
— Revisar sistemáticamente los valores declarados en importaciones y las clasificaciones arancelarias,
utilizando información de bases de datos regionales e internacionales para detectar subvaluaciones y
prácticas fraudulentas.– Robustecer la supervisión de los precios de transferencia y de las estructuras empresariales con operaciones en múltiples jurisdicciones, promoviendo mayor transparencia en el cumplimiento fiscal de las empresas con alcance global, y
— Continuar con la participación en iniciativas multilaterales de intercambio de información
tributaria, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país, con el propósito
de mejorar la transparencia y facilitar la cooperación en materia fiscal.
"Estas acciones reflejan el compromiso del Estado dominicano con la consolidación fiscal y la sostenibilidad de los ingresos públicos, en un marco de respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, eficiencia recaudatoria y promoción de un sistema tributario más moderno, transparente y equitativo", expresa el documento explicativo de la política presupuestal del proyecto de PGE 2026.
Política de Gastos
Del componente gastos, que representa en sí el real tamaño del Presupuesto, indica que la propuesta de Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2026 forma parte del segundo peldaño del período de gobierno 2025 – 2028. "Todas estas políticas contenidas en la política de gasto forman parte del rumbo a seguir del ‘‘Plan Meta RD 2036’’ (decreto 337 – 24), el cual tiene como objetivo duplicar el PIB de la República Dominicana, de la mano de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025 – 2028″, precisa.
El documento informa que para la elaboración de la Política de Gastos 2026 se ha tomado en consideración el contexto económico doméstico e
internacional, los compromisos de gastos contraídos en años anteriores, el servicio de la deuda, las asignaciones establecidas por distintas leyes a diferentes entes, órganos y entidades privadas, y la sostenibilidad fiscal, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El texto tiene su arenga explicativa y justificativa. "Este presupuesto contempla los continuos esfuerzos de inversión en el sector educación por medio del Plan Decenal Horizonte de Educación 2034; continuar siendo un referente regional e internacional en la recepción de turistas, afianzarse como un país sede en el deporte de alto rendimiento; proteger los ingresos de los dominicanos ante fluctuaciones externas; mejorar las infraestructuras y adaptarlas para afrontar el cambio climático, un sistema de salud más amplio, de mayor cobertura y mayor calidad así como una ciudadanía más segura y como eje principal, la soberanía y seguridad nacional".
El documento refiere que en el plano internacional persisten niveles elevados de incertidumbre derivados de tensiones geopolíticas, conflictos armados regionales y disrupciones en las cadenas globales de suministro, a lo que se suma una alta volatilidad en los precios del petróleo y los alimentos, lo que impone presiones adicionales sobre las economías importadoras netas, como la República Dominicana. "Este contexto refuerza la necesidad de una política de gasto público que combine sostenibilidad fiscal, protección social y capacidad de respuesta ante choques externos", destaca el MHyE.
Y los gastos cuántos son
Precisa que "con base en estas consideraciones, se estima un nivel de gasto total preliminar para 2026 de RD$1,602,111.3 millones (correspondiente a un 18.5% del PIB); un gasto primario que alcanzaría RD$1,268,750.7 millones (14.6% del PIB) y gastos de capital por RD$194,762.3 millones (2.2% del PIB).
Agrega un de manera resumida los principales ejes estratégicos que contarán con importante participación en el presupuesto de 2026.
Señala en ese sentio que los sectores sociales continuarán recibiendo un continuo apoyo debido a su importancia en el desarrollo y bienestar de todos los dominicanos, siendo las áreas más relevantes de esta política la educación, la salud y el deporte, siendo la República Dominicana sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Desde el compromiso con una educación equitativa, inclusiva y de calidad, el Gobierno dominicano reafirma la consolidación del 4 % del PIB destinado al sistema educativo, incluyendo la educación superior, como base para avanzar hacia una transformación estructural del sector, detalla.
Lo que viene en el 2026
Sin la definición de una reforma fiscal, o únicamente tributaria, que aporte los recursos necesarios para la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Gobierno a través del MH y E, ha previsto para el 2026 una serie de acciones que en el proyecto de PGE define como “Políticas, Medidas y Acciones de la Administración Tributaria”. En ese texto plantea que para el año 2026, la Administración Tributaria implementará nuevas medidas y reforzará acciones ejecutadas en ejercicios anteriores para promover el cumplimiento tributario, elevar la percepción de riesgo y mejorar la recaudación. Asimismo, las agencias recaudadoras continuarán aplicando de manera coordinada directrices y procedimientos destinados a reducir la elusión y evasión fiscal, el contrabando y otros actos ilícitos.
Para el caso particular de la DGA, en el 2026 se destacan las siguientes iniciativas: Robustecer el proyecto estratégico del Motor de Riesgos para modernizar las operaciones aduaneras, actualizando sistemas que permitan incorporar nuevas reglas y procesos comerciales basados en las mejores prácticas; continuar agilizando el despacho de mercancía en menos de 24 horas, con el fin de reducir costos a los importadores, descongestionar las aduanas e incrementar el flujo de ingresos; fortalecer el programa piloto de control de embarcaciones de recreo, asegurando que todas las entradas y salidas de embarcaciones sean debidamente registradas y depuradas; aplicar y administrar la Ley 30-24 sobre operaciones logísticas, para desarrollar y promover actividades que aprovechen la posición geográfica del país y su conectividad regional, pero asegurando que no se utilicen prácticas ilegales como la sub-declaración de mercancía, manipulación de inventario doble facturación; reforzar la supervisión y fiscalización de las cargas y el traslado de mercancías desde zonas francas y zonas primarias aduaneras.
Además, ampliar la inspección no intrusiva mediante rayos X, priorizando mercancías de alto riesgo y operaciones de empresas consolidadoras y mudanceras; continuar mejorando la infraestructura tecnológica, simplificando y automatizando los servicios para agilizar procesos, ahorrar tiempo y reducir costos.
Desde la DGII
En ese mismo orden, entre las medidas de política y acciones administrativas que ejecutará la DGII se citan seguir con la revisión del Título I del Código Tributario, con el objetivo de simplificar y modernizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, actualizar el marco legal relacionado con los procedimientos de determinación de la obligación tributaria, los formatos y Tasas Efectivas de Tributación; continuar con la modernización integral de procesos y servicios de la DGII, mediante la digitalización de trámites, interoperabilidad de sistemas y uso de herramientas de análisis avanzado para optimizar los recursos institucionales; fortalecer las plataformas de pago electrónico y consultas de obligaciones tributarias, facilitando procesos simples y seguros que incentiven el cumplimiento voluntario.
Asimismo, ampliar la cobertura del Scoring Tributario en la Oficina Virtual, facilitando a los contribuyentes el acceso a su estatus fiscal y al historial de cumplimiento, al tiempo que se fortalece el trabajo de áreas como auditoría interna y planificación financiera, incentivando de esta manera el cumplimiento voluntario; garantizar la aplicación efectiva de la Ley núm. 25-24, que restituye la responsabilidad solidaria de los contribuyentes respecto a las deudas fiscales, fortaleciendo así la capacidad de cobro del Estado; Diseñar mecanismos temporales de alivio fiscal que fomenten la formalización de pequeñas y medianas empresas y su incorporación progresiva al sistema tributario; Intensificar los cruces de información y las auditorías fiscales con el objetivo de reducir la economía informal, promover la competencia justa y formalización de contribuyentes, garantizando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias; robustecer y expandir el Régimen Simplificado de Tributación (RST); actualizar la base de datos de contribuyentes y beneficiarios finales, mejorando la calidad de la información.
Ese paquete infiere que la Administración Tributaria tiene en agenda desarrollar o ampliar un amplio programa de mejoras en la gerencia de los tributos vigentes.