Por Octavio Santos
El reciente informe estadístico sobre criminalidad presentado por la Dirección General de la Policía Nacional de República Dominicana genera controversia al sugerir que la violencia ejercida por ciudadanos haitianos tiene un impacto significativo en los índices generales de criminalidad.
Esta perspectiva oficial plantea que, sin la población haitiana, el país sería considerablemente más seguro.
Según el informe, la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes hasta marzo de 2025 es de 7.75, atribuyendo directamente 1.30 puntos de esta tasa a extranjeros haitianos. De acuerdo con esta lógica, la exclusión de los ciudadanos haitianos reduciría la tasa nacional a 6.45.
“En ese orden, presentamos que 1.30 puntos de la tasa corresponde a extranjeros (nacionales haitianos), significando esto que la tasa nacional sería 6.45”, cita textual en el informe. 
Aunque matemáticamente precisa, esta conclusión es problemática, porque ignora factores fundamentales como pobreza extrema, exclusión social y deficiencias en políticas de seguridad y migración.
Las provincias que registran mayor incidencia de homicidios cometidos por ciudadanos haitianos son Azua, Monte Plata y Dajabón.
Las provincias con mayor incidencia de homicidios cometidos por ciudadanos haitianos, según esta gráfica, son Azua, Monte Plata y Dajabón.
En Azua, la tasa de homicidios atribuida a haitianos es de 8.33, mientras que la tasa nacional general es de 16.65. En Monte Plata, la tasa de homicidios haitianos es de 8.10 frente a una tasa nacional de 12.14. En Dajabón, la tasa haitiana es de 6.68, coincidiendo exactamente con la tasa nacional.
La gráfica permite observar también que en otras provincias la tasa nacional supera considerablemente a la tasa atribuida específicamente a nacionales haitianos, indicando que, aunque existe una incidencia significativa en algunas regiones, en general, la mayoría de los homicidios en la República Dominicana no son atribuidos a ciudadanos haitianos.
Al destacar exclusivamente la nacionalidad haitiana, las autoridades podrían reforzar prejuicios y actitudes xenofóbicas, desviando la atención de la responsabilidad estatal en proveer condiciones adecuadas de seguridad, justicia social e integración comunitaria.
Este enfoque corre el riesgo de fomentar una percepción simplista del problema y podría generar consecuencias negativas adicionales al desviar recursos esenciales de áreas prioritarias hacia medidas represivas y excluyentes. Así como motivar un creciente resentimiento contra la comunidad haitiana.
Estas condiciones pueden exacerbar aún más las causas reales de la violencia, haciendo que el enfoque oficial resulte contraproducente al limitar el desarrollo de estrategias efectivas de prevención e integración social.
Es fundamental cuestionar por qué las autoridades dominicanas enfocan el debate en términos de nacionalidad.
Aunque los datos presentados sugieren un impacto de la población haitiana en las estadísticas criminales, esta perspectiva debe ser revisada críticamente debido a su simplificación y potencial para generar tensiones sociales negativas.
