Lito Santana
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional hizo una denuncia que debe llamar la atención.
El pasado miércoles 2 de agosto, los medios de comunicación registraron unas declaraciones del magistrado en la que asegura que: “a pesar de haberlo comunicado al presidente de la República, las instituciones del gobierno siguen desacatando las sentencias de esa alta corte y adelantó que en los próximos días darán a conocer las instituciones que no acatan esas decisiones”.
Son dos denuncias muy graves.
La primera es que son 105 las sentencias que no se han querido aplicar y de ellas 92 corresponden al sector público.
La segunda es que el presidente de la República fue informado de esta situación y no hay un medio que haya reportado cual ha sido la respuesta del Primer Mandatario.
El mismo presidente del Tribunal Constitucional le recordó a Luis Abinader que “La Constitución de la República dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado. ¿Qué que significa eso?, que el principio de lealtad a la Constitución obliga a todos los servidores públicos, incluyendo a los del tribunal y a los jueces, porque el tribunal no está por encima de la Constitución, ni los jueces del Tribunal tampoco, que no se lo crean, a respetar sus decisiones”.
Esas declaraciones del doctor Guevara llegaron cargadas de impotencia, pues describió las distintas vías que utilizó para que el mensaje lo tenga el presidente Abinader, pero nada ha funcionado.
Es obvio que esta postura del Poder Ejecutivo es una amenaza al orden establecido, pues es la misma Carta Magna que define los roles del Tribunal Constitucional y como lo cuestiona el doctor Guevara ¿Cómo puede haber independencia de la justicia, con sentencias desacatadas por el poder?
“La Constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, entonces vamos a cumplir todo”, sentencia este hombre que luce preocupado por cómo se maneja el Gobierno con este tema tan sensible para la democracia dominicana.
Entre los dominicanos todavía están latentes aquellos años de los gobiernos represivos, que encabezó Joaquín Balaguer, dónde la Constitución era un pedazo de papel y las cárceles estaban llenas de presos políticos, que obtenían su orden de libertad en los tribunales, pero que el Ejecutivo las desacataba.
Eran casos distintos, pero al final son desacatos malditos.
Esto tiene que preocuparnos más ahora que “de acuerdo con un sondeo presentado por Latinobarómetro, en la República Dominicana se registra un aumento de ocho puntos porcentuales del autoritarismo entre 2020 y 2023 (del 13% al 21%), dos puntos porcentuales de disminución del apoyo a la democracia, que baja desde el 50% al 48%, y dos puntos porcentuales de alza de la indiferencia al tipo de régimen (del 25% al 27%), entre los mismos años”, de acuerdo a un reporte presentado el pasado 23 de julio.
El estudio indica que RD transita levemente en el sentido contrario a la consolidación democrática, con una caída negativa de los tres indicadores.
Agrega que la inclinación hacia el autoritarismo junto con su disposición a la indiferencia contrapesa su apoyo a la democracia.
Por Dios que no se repita la historia.
