Por Melton Pineda
Siempre he tenido la preocupación de que en el país existe un buen número de policías para cuidar sectores de la economía nacional, pero que hay otros que están a la suerte de Dios, totalmente desamparados: aquellos que producen los alimentos en el campo.
Durante la dictadura del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina hubo un cuerpo “del orden” para cuidar los bienes del tirano, su familia y sus jefes militares, pero el campo siempre ha estado desamparado de protección gubernamental.
Aunque en los campos existían y aún existen autoridades rurales, como el Alcalde Pedáneo, que regularmente portaba un revólver calibre 38 y el Segundo Alcalde, que usaba un puñal, eran dependientes de los Ayuntamientos y de la gobernaciones y una máxima autoridad que es el Ministerio de Interior y Policía.
Después del ajusticiamiento del tirano Trujillo, los alcaldes no son eficientes en su desempeño y se prestan a lo más increíble.
Lo digo por experiencia, porque mi padre fue Alcalde Pedáneo en la sección Santana del Municipio de Tamayo, en el sur del país, que antes un alcalde era respetado como autoridad máxima en su jurisdicción. Cuando se alteraba el orden, mi padre conducía presos hasta 30 reos y los encerraba en el cuartel de la Policía en Tamayo para ser sometidos a la justicia.
En 1959, tras la expedición revolucionaria que partió desde Cuba con un grupo de valientes, entre ellos, el cubano Delio Gómez Ochoa, la dictadura se vio precisada a crear “alternativas” de seguridad en el campo, pero con una misión política.
Es cuando su hermano José Arismendi Trujillo Molina (Petán) crea en La Vega Los Cocuyos de la Cordillera y se erige como su jefe supremo en todo el país.
Posteriormente, los asesores de la dictadura le dieron forma y estructuraron un Cuerpo del Orden con encargo de ser chivatos del régimen.
En la época, los alcaldes y segundos alcaldes fueron absorbidos por el nuevo cuerpo de La Policía Rural, usaban un uniforme de pantalón de fuerte azul, camisa azul claro y una corbata negra y un gorro y con nuevas instrucciones políticas de defensa y lealtad a la dictatura y quien se negaba, sabía su destino era: la cárcel o la muerte.
Creo que los 36 mil 968 agentes de policía existentes en el país no son suficientes ni para el servicio de protección de la ciudadanía y la propiedad.
Vemos que existen cuerpos de policías, diseminados en diferentes áreas de la economía y la producción cada una con especialidades específicas.
A parte de las compañías de guardianes privados repartidos en toda la geografía nacional, sin embargo, en los campos, de donde viene toda la necesaria alimentación, están desesperados con los robos de ganado, y de sus sembradíos, invasiones de terrenos cultivados y titulados y es muy poca la preocupación que se tiene por ellos.
En el país existen policías de Bancos, privados y estatales, de Tránsito, llamados DIGESET, Policía Escolar, para las escuelas y liceos públicos, Policía Municipal en los Ayuntamientos, Policía Penitenciaria, para los reos de las cárceles, policía de Turismo (Politur) y Policías Judiciales.
Creemos que es justo y razonable que se cree un cuerpo especializado de Policía Rurales, claro, con funciones e instrucciones especificas contra la delincuencia que azota a nuestros productores, ganaderos y agricultores.
La delincuencia en los campos del país andan como chivos sin ley y los pocos agentes policiales que están en los destacamentos no alcanzan para combatir a esos antisociales.
La situación en el campo está altamente peligrosa, y los delincuentes llegan armados con camiones y camionetas a llevarse la producción hasta dos veces al mes. Los productores, pequeños y grandes, han optado por dormir en sus propiedades y armar con pistolas y escopetas a sus empleados y aun así la situación es insegura.
Es lamentable que hacendados o propietarios de fincas hayan sido asesinados por criminales para apropiarse de sus bienes. Se requiere una mejor protección rural.
