Por Nelson Marte
En medio de la barahúnda catastrófica con que se satura a la opinión pública, resalta la determinación del gobierno del presidente Luis Abinader de sanear la administración gubernamental, que es el buque insignia del Cambio.
La última buena nueva en ese sentido es la reiteración hecha el lunes de que por vez primera en unas elecciones nacionales, las instituciones gubernamentales no serán tomadas como comandos operativos del partido oficial para las elecciones, y que los fondos públicos no se usarán como las fuentes presupuestarias de las campañas electorales, como era tradición.
Abinader expresó tales criterios en una exposición a la que asistieron los principales funcionarios de Palacio, vale decir, los que mayor poder concentran bajo el Presidente, y los que tienen responsabilidad más directa con la administración de fondos públicos.
A esos funcionarios se agregaron la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, que controla la burocracia estatal, y al de igual función en el área de Compras y Contrataciones estatales, Carlos Pimentel.
La información podría tomarse como un anuncio más, si no hubiera acaecido que todos los funcionarios a los que el rumor público ha cuestionado están hoy fuera del gobierno.
Y si no estuviera ocurriendo que en este gobierno nadie puede tener más de un empleo, cuando antes había empleados públicos que cobraban en tres y cuatro instituciones estatales.
Ni nadie que sea empleado público puede hacer negocios con el Estado.
Y si no estuviera ocurriendo, también, que el excandidato presidencial Gonzalo Castillo guarda prisión -primero carcelaria y ahora residencial- debido a que el Ministerio Público le investiga bajo sospecha de usar fondos estatales en su campaña de 2020.
El presidente, además, dejó clara la prohibición a los funcionarios de compartir sus funciones con las de candidatos a puestos políticos electivos.
Las citadas son las reglas generales que se aplican, lo cual no quiere decir que no aparezca o vaya a aparecer algún que otro despistado que se la juegue, aún sabiendo que, si es pescado, recibirá el castigo correspondiente.
El presidente Abinader nos demuestra cotidianamente con sus hechos, que llegó a la Presidencia de la República a garantizar la independencia y la separación de los poderes estatales, que es la base de la democracia.
Que llegó a eliminar la corrupción gubernamental, bajo la divisa de que puede tener amigos, pero no cómplices; a reformar todo el sistema judicial, empezando por el Ministerio Público; transformar a la Policía Nacional, logrando el apoyo de la comunidad académica, entre otras acciones fundamentales.
Aunque la opinión pública es bombardeada a diario con temas negativos y apocalípticos, el pueblo no se está dejando confundir, y por eso, el gobierno del presidente Abinader cuenta con la aprobación mayoritaria de la sociedad.
Los esfuerzos del presidente Abinader por establecer la institucionalidad democrática son aspectos de una lucha de aproximación sucesiva, que cada vez comprometerá a más gente, incluyendo a los que hoy tienen la responsabilidad de orientar y educar en ese sentido, pero no lo hacen.
