Por Lito Santana
Ahora que cada vez son más frecuentes los accidentes de tránsito en las carreteras y autopistas de nuestro país, los conductores con algún nivel de conciencia andan con sus ojos puestos, en todos los entornos de estas vías.
El suceso ocurrido el pasado 29 de noviembre en Quitasueño de Haina, tiene a la expectativa al que transita en nuestras carreteras, pues deben desplazarse pendiente a cualquier obstáculo, desvío o vehículo estacionado en zonas marginales, para no ser sorprendidos.
El impacto de esta patana a un autobús de pasajeros, bien estacionado en el paseo de la Autopista Seis de Noviembre, ha sido el detonante para esta situación de nervios entre conductores y pasajeros. El saldo de fallecidos fue de 13 y los heridos graves llegan a 17.
Precisamente, esa alerta es la que ha puesto en evidencia la cantidad de personas que deambulan en nuestras autopistas, sin aparente rumbo, y que, de un momento a otro, te sorprenden caminando sobre las rayas blancas de estas vías, y que son como una barrera imaginaria, para definir tus carriles.
El mejor de estos ejemplos está en la Autopista Sánchez, en el tramo San Cristóbal-Baní y Baní Azua, en la región Sur.
El pasado viernes primero de diciembre en la noche me desplazaba en esa ruta y pude contar tres personas, caminando sobre ella con muy poca precisión en sus pasos.
De hecho, una de ellas, debía ser un señor mayor de 70 años, que se movía casi en el centro de la autopista y pude esquivarlo por la precaución extrema que llevábamos todos los ocupantes del vehículo.
Supongo que estas personas deben tener algún problema de salud mental y que sus familiares los han dejado abandonados a su suerte.
Como yo, otras personas tienen historias parecidas que hablan de la frecuencia con que descubren aparentes indigentes o personas con problemas mentales deambulando en las carreteras del país. Esta es una preocupación no sólo mía. Afecta a todo el que se conoce el tema.
Es inevitable pensar en los entes públicos que deben velar por estos hombres y mujeres para protegerlos, dada sus condiciones de vulnerabilidad.
Está claro que este drama cae sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo y los órganos bajo su dirección, que deben tratarlo como un problema social de la persona desprotegida y como un asunto de seguridad para choferes y conductores.
La situación de decenas de personas afectadas por esta condición que describimos en esta columna también debe llegar al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS) o al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) que por cierto maneja sumas millonarias del Presupuesto Nacional.
Se supone que estas dependencias manejan programas de asistencia a estas personas en estado de fragilidad, que deben incluir casas de acogida, albergue u orfanatos que le garantice por lo menos tranquilidad en su vida.
¡Ojalá les llegue este mensaje!
