Santo Domingo.– Una amplia coalición de organizaciones sociales denunció este lunes que la mayoría de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mostró “su verdadera cara” al imponer un proyecto de Código Penal que, a su juicio, blinda a los corruptos, restringe libertades ciudadanas y abandona a las víctimas de violencia, especialmente mujeres, niñas y niños.
El proyecto fue aprobado en el Senado pese a años de reclamos ciudadanos para una reforma penal que garantice justicia y derechos. Las organizaciones responsabilizan al liderazgo del PRM, que ostenta mayoría calificada en el Congreso, por aprobar un texto “profundamente regresivo e inconstitucional”.
“Este no es un Código Penal para proteger a la gente y perseguir a los delincuentes. Es un instrumento para blindar a los políticos corruptos, silenciar a la ciudadanía y negar justicia a las víctimas de violencia”, afirmó la coalición en un comunicado conjunto.
Entre los puntos más críticos del proyecto aprobado figuran:
- Impunidad institucionalizada: exime de responsabilidad penal a partidos, iglesias, ayuntamientos y el propio Estado, y limita a 20 años la prescripción de delitos de corrupción.
- Censura y criminalización: castiga con cárcel insultos a funcionarios públicos, incluso si no son públicos.
- Requisa sin orden judicial: autoriza a militares y policías a intervenir vehículos sin orden ni causa probable, e impide grabar los procedimientos.
- Riesgos para la libertad de prensa y de inversión: impone hasta 30 años de cárcel por compartir información con entidades extranjeras, sin especificar si debe tratarse de datos sensibles.
- Retrocesos en derechos de las mujeres: el feminicidio se tipifica solo en casos extremos, se reducen penas por violencia de género y se excluyen las tres causales para el aborto.
- Desprotección a la niñez: se permite la agresión física a menores si no hay “patrón de violencia” comprobado.
- Desconocimiento del trauma en abusos sexuales: se restablece la prescripción para violadores y se reducen penas por violación conyugal, exigiendo pruebas físicas.
La coalición también advirtió que el texto va en contra de tratados internacionales firmados por el país, que forman parte del bloque de constitucionalidad. “Este Código viola la Constitución y los compromisos internacionales de derechos humanos”, denunciaron.
El proyecto será enviado ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser aprobado en dos lecturas antes de pasar al Poder Ejecutivo.
Las organizaciones señalaron que la última palabra la tendrá el presidente Luis Abinader: “Cuando el proyecto llegue a sus manos, deberá elegir qué legado va a dejar a la República Dominicana”.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran la Coalición Podemos, Red Urbano Popular, Coordinadora Nacional Popular, Instituto de Género y Familia de la UASD, Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, Foro Ciudadano, UDEMU, CONAMUCA, CeMujer, CIPAF, Ciudad Alternativa, Cosalup, CUDEM, y múltiples agrupaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.
