Por Osvaldo Santana
La cuenta regresiva para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales ha comenzado y el tiempo puede resultar corto para todos los actores de la contienda. Desde principios de este año, advertimos que el desarrollo de los acontecimientos durante este año será determinante para aproximarse a lo que serían los resultados electorales.
La proximidad de las fechas de celebración de las elecciones municipales no deja mucho margen con el tiempo, que tiende a relativizarse, por lo que los imponderables acontecimientos económicos, sociales y políticos en el país y en el mundo serán decisivos.
De acuerdo con la normativa constitucional, las elecciones municipales deben celebrarse el tercer domingo de febrero, que en 2024 cae el día 18, y, en consecuencia, el país está a solo 9 meses de esa prueba para los partidos, sus dirigentes y aspirantes a puestos electivos. Las elecciones presidenciales y congresuales se celebrarán tres meses después de las municipales, el tercer domingo del mes de mayo, que será el día 19. Estamos a un año y días de las próximas elecciones generales.
Las elecciones para esas fechas están fijadas por norma suprema, mediante el artículo 209 de la Constitución de 2010, que establece: “Asambleas electorales. Las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero”.
Febrero marca a mayo
Entre los políticos existe lo que ya parece un axioma: Lo que ocurra en las elecciones de febrero, en las municipales, será determinante para definir lo que ocurrirá en mayo, es decir, en las votaciones para escoger a los legisladores y al presidente y el vicepresidente de la República.
Esa realidad confirma la percepción de que la cuenta regresiva ya comenzó, y que cada día cuenta, si se enfoca en la competencia electoral. En esta fase, ya arrancó la guerra de las encuestas, un mecanismo que forma parte del arsenal de los políticos con vistas a proyectar un determinado posicionamiento, falso o cierto, en atención a las elecciones del próximo año. En efecto, el 9 de este mes de mayo fue divulgada la encuesta de la empresa Asisa, pero antes, en abril, fue revelada una de la empresa Gallup Dominicana.
En marzo pasado, ya advertíamos que era más que evidente que el país vive un momento en el cual los actores políticos principales están en un claro proceso de deslindamiento de los campos, trazando de manera temprana las líneas, y avizorando el alcance de su potencial en el mercado electoral, con vistas a las elecciones de 2024.
Ahora, los campos se van deslindando más claramente, y los competidores no desaprovechan la oportunidad para fijar en la mente popular que constituyen la fuerza decisiva, a la cual se puede apostar para un triunfo seguro en las próximas elecciones. Las tres fuerzas más importantes tratan de avanzar, resolver las dificultades que los afectan en el plano interno, y ganar la mayor cantidad de adherentes.
El oficialismo no cesa en su afán de conquistar dirigentes de la oposición, ya sean alcaldes o encargados de juntas distritales. La adquisición más reciente fue la alcaldesa de Imbert, sustraída de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El acto de adhesión fue presidido por el presidente del partido oficialista, José Ignacio Paliza, que es secretario administrativo de la Presidencia y al parecer tiene el encargo de disminuir las fuerzas opositoras, sobre todo con personas elegidas en los municipios o en el Congreso.
El PLD, asediado por los escándalos que han envuelto a varios de sus funcionarios en el pasado gobierno, los más cercanos al expresidente Danilo Medina, trata de resistir la embestida basándose en una movilización interna que no detiene las migraciones. Sus viejos compañeros de la Fuerza del Pueblo, poco afectados por la labor de zapa del PRM, parecen centrados en proyectarse como la principal fuerza opositora. Están empeñados en aumentar la lista de miembros hasta alcanzar la meta de 2 millones. Igualmente, no cesan de juramentar nuevas figuras, atenuando, no se sabe si de manera táctica, la captación de peldeístas con base en una posible alianza futura. Pero han remachado una estrategia de movilización oportuna desde que comenzó el año preelectoral, como las marchas por el Día de la Mujer, el Día de la Juventud o el Día de los Trabajadores. En cada caso, han dado demostraciones de fuerza que sus contrarios no han podido ignorar.
En este tiempo, también la Junta Central Electoral (JCE) entra al ruedo, no solo como organizadora de las elecciones, sino en su empeño por trazar tempranamente las reglas del proceso. En efecto, actualmente es parte del debate acerca del artículo 58 de la Ley de Partidos 33-18, sobre el 20% de las candidaturas reservadas a la cúpula partidaria, ya sea para asignarlas a sus propios dirigentes o para cualquier alianza. El quid de la cuestión reside en el alcance de la reserva, si por nivel de elección o de manera general. En ningún caso, el artículo 58 establece método alguno y la cuestión ha originado un fuerte cuestionamiento de los dos principales partidos de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, y el apoyo del PRM.
La JCE en el foco de atención
En estos días, la Junta Central Electoral (JCE) no solo está organizando las elecciones, sino también trabajando arduamente para definir las reglas del proceso con anticipación. Actualmente, la JCE está en el centro del debate acerca del artículo 58 de la ley de partidos 33-18, el cual establece que el 20% de las candidaturas deben ser reservadas para la cúpula partidaria, ya sea para sus propios dirigentes o para alianzas.
El problema radica en el alcance de esta reserva: ¿se asignará por nivel de elección o de manera general? El artículo 58 no especifica ningún método, lo que ha llevado a un fuerte cuestionamiento por parte de los dos principales partidos de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, mientras que el PRM lo apoya.
La JCE presentó a los partidos un proyecto de resolución que establece la distribución de la reserva del 20% por niveles de elección, lo que ha generado controversia y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la institución. Esta situación es un ejemplo del momento crucial en el que se encuentra el proceso electoral, especialmente considerando que las votaciones están próximas.
En conclusión, el mes de mayo marca el inicio de la cuenta regresiva para las elecciones de renovación de autoridades municipales, congresuales y presidenciales, lo que precipita la competencia entre los partidos políticos por lograr el mejor posicionamiento en una etapa clave para su futuro electoral.
