Un informe de la ONE revela que 70,704 niños y adolescentes trabajaban, más de 40,000 habían estado en unión de pareja y cerca de 200,000 vivían en hacinamiento extremo.
Por Octavio Santos
En República Dominicana, 15,141 niños y adolescentes de entre 12 y 17 años figuraban como jefes de hogar en 2022. Entre ellos había 372 de apenas 12 años y otros 318 de 13, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que revela las condiciones en las que crece una parte de la población infantil dominicana.
El estudio, titulado Condiciones de vida de la niñez en la República Dominicana, publicado en noviembre de 2026, presenta una radiografía de las desigualdades que afectan a los menores de edad, desde las uniones tempranas y la incorporación al mercado laboral hasta el acceso a la educación y los servicios básicos.
Los resultados corresponden al X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, cuando el país registraba 3,202,844 personas menores de 18 años, equivalentes al 29.7 % de la población nacional.
De los 15,141 menores identificados como jefes de hogar, 10,218 eran mujeres y 4,923 hombres. La mayor concentración se encontraba entre quienes tenían 17 años, con 7,847 casos, seguidos por los de 16 años, con 3,837.
La condición de jefe de hogar significa que una persona es reconocida como tal por los integrantes de su vivienda. No implica necesariamente que sea quien proporcione los ingresos familiares, pero refleja las distintas formas de organización de los hogares donde viven menores de edad.
Las cifras adquieren mayor relevancia cuando se analizan junto con otros indicadores del mismo estudio.
Entre la población de 12 a 17 años, la ONE identificó 40,946 personas que estaban o habían estado casadas o en unión de pareja. De ellas, 32,814 eran niñas y adolescentes, equivalentes al 80.1 %.
La diferencia entre ambos sexos aumenta con la edad. A los 17 años, el 17.4 % de las adolescentes había estado en una unión, frente al 2.7 % de los varones de la misma edad.
En términos absolutos, 15,428 adolescentes de 17 años habían experimentado una unión de pareja.
Estas cifras corresponden a un período posterior a la aprobación de la Ley 1-21, que prohibió el matrimonio infantil en República Dominicana en 2021. Sin embargo, la legislación no ha eliminado las uniones informales entre menores.
La maternidad temprana aparece como otro componente de esta realidad. El censo registró 15,239 niñas y adolescentes de 12 a 17 años que habían tenido al menos un hijo nacido vivo, aproximadamente el 3 % de las 512,455 mujeres de ese grupo de edad.
La mayor cantidad se concentraba a los 17 años, con 8,523 adolescentes que ya habían tenido hijos. A los 16 años eran 3,787 y a los 15, otras 1,738.
La incidencia también cambia según el territorio. En la zona rural, el 3.7 % de las adolescentes había tenido al menos un hijo, frente al 2.7 % de las residentes urbanas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido que las uniones tempranas están relacionadas con mayores riesgos de abandono escolar, violencia y dificultades para acceder a oportunidades económicas.
La incorporación temprana al mercado laboral también aparece entre los hallazgos del informe.
De los 1,411,083 niños y adolescentes de 10 a 17 años registrados, 78,496 formaban parte de la población económicamente activa. De ellos, 70,704 estaban ocupados y 7,792 buscaban trabajo.
Entre quienes trabajaban predominaban los varones, con 52,966 casos, frente a 17,738 niñas y adolescentes.
El censo identificó 31,814 menores que trabajaban por un sueldo o salario y otros 5,732 que realizaban labores familiares o no familiares sin remuneración.
Sin embargo, la condición de ocupado no significa automáticamente que todos los casos constituyan trabajo infantil prohibido. Esa clasificación requiere considerar la edad, las condiciones laborales y la naturaleza de las actividades realizadas.
Los datos educativos muestran otra dimensión del problema
En 2022, un total de 113,451 adolescentes de entre 13 y 17 años no asistía a centros educativos. De ellos, 95,775 habían cursado algún nivel escolar anteriormente, mientras que 17,676 nunca habían asistido.
La asistencia escolar disminuía conforme aumentaba la edad, especialmente en las comunidades rurales. A los 17 años, aproximadamente seis de cada diez adolescentes rurales continuaban estudiando, frente a cerca de siete de cada diez en las zonas urbanas.
El estudio también contabilizó 10,240 adolescentes de 15 a 17 años que no sabían leer ni escribir. Esta población representaba el 2 % de ese grupo de edad.
Las condiciones de las viviendas presentan desigualdades igualmente importantes.
Un total de 196,047 menores vivía en hogares con hacinamiento extremo, definido por la ONE como la presencia de más de cuatro personas por dormitorio.
Otros 594,792 residían en hogares con hacinamiento moderado, mientras que 44,307 habitaban en viviendas que no disponían de dormitorios.
La situación era más frecuente en el campo, donde el 7.2 % de los menores vivía en hacinamiento extremo, frente al 5.7 % en las ciudades.
La precariedad también se reflejaba en los materiales de construcción
Según el informe, 61,235 menores habitaban viviendas con pisos de tierra, mientras que 104,619 residían en inmuebles cuyas paredes estaban construidas principalmente de zinc.
A estas condiciones se sumaban limitaciones en servicios básicos. La ONE identificó 86,615 niños y adolescentes que vivían en hogares sin servicio sanitario.
De ellos, 58,674 residían en zonas rurales, pese a que estas concentraban menos de una tercera parte de la población infantil nacional.
Otros 119,907 menores vivían en viviendas que no disponían de cocina o cuarto destinado a preparar alimentos.
El manejo de los desperdicios también mostraba diferencias
Unos 229,427 niños residían en hogares donde la basura se eliminaba principalmente mediante la quema. La mayoría, 187,439, vivía en comunidades rurales.
En materia tecnológica, el estudio identificó que el 90.5 % de los menores pertenecía a hogares con teléfonos celulares. Sin embargo, solamente el 54.2 % contaba con servicio de internet en la vivienda.
Esto significa que aproximadamente 1.46 millones de niños y adolescentes residían en hogares sin conexión doméstica a internet, aunque podían utilizar este servicio desde teléfonos móviles u otros lugares.
