Por Omar Santana
Una revisión de los listados de los partidos políticos minoritarios presentados a la Junta Central Electoral (JCE) revela que apenas representan el 9.2% de los registrados, y sus datos confirman que los “afiliados” en los partidos son más que los ciudadanos aptos para votar como habíamos revelado.
Cifras avaladas por el Departamento de Informática de la JCE con fecha de corte al 17 de agosto de 2023 indican que los partidos minoritarios, que obtuvieron menos del 5% de los votos en las elecciones de 2020, cuentan un total de 744,988 afiliados.
El dato representa el 9.2% de los dominicanos con derecho al voto en las próximas elecciones municipales y presidenciales y está distribuido entre 25 partidos, de los que se excluyen los miembros de las organizaciones políticas recientemente reconocidas: Justicia Social, Primero la Gente y Esperanza Democrática.
Es apetecible, ¿pero es real?
Un 9.2 % es un porcentaje muy apetecible en términos electorales. ¿Pero es real? ¿Son creíbles los padrones de afiliados de los partidos políticos dominicanos?
Hasta el 17 de agosto de 2023, los partidos políticos presentaron sus padrones internos en los que según informaron una membresía de 7,748,995, lo que representa el 95.57% del padrón total de electorales para las próximas elecciones, en las cuales están aptos para votar 8,105,151 ciudadanos.
Sin embargo, si se suman los que presentaron los partidos políticos hasta septiembre, el padrón de la JCE quedaría superado por 393 mil 844 miembros.
Los datos
Entre los minoritarios el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) es el que reporta más miembros, con 148,515. Sin embargo, en las presidenciales de 2020 obtuvo solo 13,133 votos para la candidatura de Leonel Fernández.
Le sigue el Partido Social Cristiano (PSC) de Soraya Aquino con “una sólida membresía” de 113,543. Sin embargo, perdió su reconocimiento en las elecciones de 2020 por los escasos votos obtenidos.
El Partido Dominicanos Por el Cambio (DXC) reporta 95,498 miembros y en 2020 obtuvo 31,511 votos.
El Partido Cívico Renovador (PCR) inscribió 75,836 miembros y obtuvo 24,626 votos para las presidenciales de 2020 y representación ante el Congreso Nacional con un diputado en las congresuales.
El PDI presentó 25,189 miembros pero solo consiguieron 3,481 votos a nivel nacional.
El Partido Acción Liberal (PAL) dice que tiene 65,246 afiliados, pero apenas logró 9,379 votos en las últimas presidenciales.
Partido País Posible (PPP) tiene 61,484 afiliados. Se sitúa entre los partidos minoritarios que alegadamente cuenta con más respaldo. En 2020 obtuvo 26,617 sufragios para las presidenciales.
Alianza País, tiene una afiliación de 11,308 miembros, pero logró 39,458 votos en el proceso presidencial pasado.
Alianza por la Democracia (APD) presentó un padrón de 2,186 miembros, mientras que en el proceso electoral anterior sacó 15,664 votos y dos diputados.
El Bloque Institucional Socialista reportó 10,282 afiliados y en las elecciones pasadas obtuvo 16,571 votos.
Asimismo, Frente Amplio figura con 3,973 miembros y en las elecciones de 2020 obtuvo 27,270 votos y consiguió tres diputados.
El UDC asegura tener 30,438 mientras que en las elecciones pasadas obtuvo 10,769. El PPC10,749 mientras que unos 12,060 dominicanos sufragaron por ellos en el pasado proceso.
El PHD lleva una militancia de 35,871 y en las elecciones de 2020 sacaron 29,231 votos.
Otros partidos como el PUN y el PVD figuran con 2,511 y 1,181, respectivamente mientras que Opción Democrática indica que tiene 1,246.
Organizaciones poco creíbles
Según la Constitución dominicana, los partidos políticos tienen como principal fin garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos y contribuir al fortalecimiento de la democracia.
Sin embargo, la presentación de los padrones electorales a todas luces abultados es una expresión de pobre credibilidad, lo que pone en tela de juicio sus visiones de transparencia.
Lo peor es la percepción extendida de que es práctica común en los partidos la utilización de los datos de los individuos sin que medie el consentimiento, lo que sería una violación al derecho a la intimidad, e incluso, al uso del nombre y la identidad.
De alguna manera, las afiliaciones sin consentimiento también tienen un impacto en los criterios de transparencia, porque los partidos con aprobación de la JCE reciben fondos públicos que son gastados en nombre de los supuestos afiliados.
La ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, regula la asignación de recursos económicos a los partidos. Señala la manera en que deben distribuirse, sean mayoritarios o minoritarios. Es decir, que el tamaño cuenta, y esto solo se verifica con los resultados electorales.
La ley de partidos prevé en su artículo “ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido, agrupación o movimiento político. Al afiliarse a otro partido, agrupación o movimiento político se renuncia inmediatamente a la afiliación anterior”.
Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben llevar, según el artículo 9 de la ley 33-18, un registro general actualizado de todos sus afiliados, y proporcionar un duplicado de este registro a la JCE.
Los afiliados exceden a los inscritos para votar
Hasta el 17 de agosto de 2023 los partidos políticos presentaron sus padrones internos en los que totalizaban una membresía de 7,748,995, lo que representa el 95.57% del padrón total de electorales para las próximas elecciones que es de 8,105,151. Números claramente exagerados pues no es posible que solo el 4.43% de los votantes no tenga filiación política en el país.
Sin embargo, en septiembre, las inscripciones se dispararon cuando la Fuerza del Pueblo, elevó sus afiliados de 1,481,456 en agosto a 2,030,108 en septiembre y el Partido Reformista Social Cristiano que saltó de 73,189 a 105,715 elevan los datos de manera inexplicable. De tal forma que si se toman como fiables las inscripciones sometidas por ambas organizaciones hay más gente en partidos políticos 8,346,411 que ciudadanos con derecho al voto 8,105,151.
Los datos
Acápite del artículo 15 de la ley de partidos
Para un partido o movimiento obtener el reconocimiento de la JCE, debe presentar, entre otros documentos y/o requisitos, según el acápite 6 del artículo 15 de la ley de partidos, “una declaración jurada por los organizadores de que el partido, agrupación o movimiento político cuenta con ciudadanos, que asintieron con sus firmas, en una cantidad no menor del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, en aquellas provincias o municipios donde presente organismos de dirección, de una lista con los nombres, números de cédula de identidad y electoral y direcciones de quienes respaldan la solicitud”.
Los fondos de los partidos
Durante los pasado cuatro años la JCE transfirió alrededor de 1,775 millones de pesos entre los partidos del sistema. De estos, el 80%, es decir, 1,420.7 millones, quedaron en manos de los llamados mayoritarios; 12%, equivalentes a unos 213 millones, fueron a manos de los partidos que alcanzaron más del uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%); y el resto, 142 millones de pesos, entre las organizaciones que sacaron menos del 1%.
Un 10% de los fondos de los partidos deben ser invertidos en educación y capacitación de los miembros, un 50% deben ser dedicados a cubrir los gastos administrativos y operacionales (pago de personal, alquiler, servicios y otros). Y un 40% para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional en todo el territorio nacional.
En la práctica, muy pocos partidos tienen locales en la mayoría de las ciudades importantes. Igual, no invierten en educación y el mayor volumen se destina a “logística” y gastos de campaña, aunque no haya elecciones.
