POR SANTO SALVADOR CUEVAS
Una carga de tensión y fuente permanente de conflicto se le quitó al país en aquella ocasión del año 2012, en que el Congreso Nacional liberó a la Junta Central Electoral (JCE), para abordar los elementos de tipo contenciosos, al dejarle solo la responsabilidad de conducir y administrar las elecciones generales.
Hasta entonces la JCE era juez y parte del proceso de elegir y ser elegidos, por tanto, las fallas, abusos y errores identificados por las partes, al evaluar los resultados en el nivel administrativo, pues resultaban "inadmisibles" dado que quien administraba también le tocaba decidir en "justicia" los reclamos.
En múltiples ocasiones cada Junta Municipal Electoral era objeto de reclamos, emplazamientos y conflictos entre partes, que competían por una misma posición.
Hasta que el 2011, amparados en los artículos 214 y 215 de la Constitución, más la Ley Orgánica 29-11, promulgada el 20 de enero del 2011 por el Poder Ejecutivo, se crea el Tribunal Superior Electoral (TSE) con la tarea principal de tratar en justicia, los diferendos, choques y reclamos en el ámbito de lo contencioso-electoral.
Con el surgimiento del TSE, la JCE toma fortaleza y tiempo para dedicarse sólo a la conducción y admiración de las elecciones generales.
Es decir, el mundo electoral dominicano está delimitado por dos niveles totalmente distintos: El nivel administrativo, que toca a la JCE, y un nivel contencioso, que compete al TSE.
Siendo así las cosas, me resulta inexplicable ver en reunión a los presidentes de ambos niveles, tratando asuntos que son competencia solo del Tribunal Superior Electoral.
Me luce como una injerencia permitida al señor Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, ese tipo de encuentro.
Asimismo, cuando el TSE se olvida por un momento el tamaño del rol social que descansa sobre sus hombros, desviando su función hacia un asunto de tipo gremial, como si fuera poco el alcance de la confrontación que se ve venir en medio del presente proceso electoral.
El Tribunal Superior Electoral debe asumir su papal a todas luces siempre imparcial, equitativo y justo.
No es el poder el que da la razón. Es la ética, la justicia y el carácter los que deben poner las cosas en el lugar correspondiente, según la ley, la norma constitucional y la decencia.
