Ahora que se cumplieron 51 años del asesinato quíntuple de los jóvenes del club Héctor J. Díaz, del barrio 27 de Febrero de Santo Domingo, y dónde vivían las víctimas, oportuno es revisar esas tragedias criminales que en República Dominicana han quedado excluidas – y muchas hasta "olvidadas"- de las consecuentes sanciones judiciales y morales que debieron ser saldadas.
En la dictadura trujillista, y en las seis décadas transcurridas después del ajusticiamiento del tirano, el país ha sido sacudido por matanzas, crímenes múltiples, fusilamientos abusivos y desapariciones que merecen la atención indagatoria de un cuerpo especial, que en muchos países ha conformado la sociedad civil en un intento de respuesta a tales abusos cometidos desde el intolerante poder, del Estado desconocedor de los Derechos Humanos.
Así ocurrió en Argentina cuando "Las Madres de la Plaza de Mayo" llevaron al exterior sus denuncias contra las desapariciones y crímenes protagonizados por la dictadura militar de 1976-1983. Igual en Brasil contra la dictadura instalada allí de 1964-1985, y más reciente en Colombia donde respectivas "Comisiones de la Verdad" han sacado a la luz los horrorosos, ilegales y masivos crímenes contra opositores y gente común, protagonizados al amparo de militares que usurparon el Poder durante la puesta en práctica de la Operación Halcón, bajo la tutela de Estados Unidos en Latinoamérica.
Está pendiente de justicia el quíntuple crimen de los jóvenes (tenían entre 16 y 21 años de edad) del club Héctor J. Díaz, ocurrido un mes después de que el entonces presidente Joaquín Balaguer anunciara en un discurso la "desintegración" de La Banda, el grupo terrorista para-policial que contaba con el soporte activo de un grupo de facinerosos encabezados por Ramón Pérez Martínez (Macorís), quienes ante la repulsa generalizada de la sociedad dominicana recibieron como "castigo" ser sacados del país.
La lista de esos hechos es larga y se remonta a la matanza de haitianos en 1937, tragedia de la que aún se desconoce el número de víctimas, igual la masacre cometida contra los integrantes de la Raza Inmortal, y todos los crímenes de la dictadura trujillista en las cárceles de La 40, en Cristo Rey, en el 9 de la Mella y la Victoria. También el asesinato a mansalva de Manolo Tavárez Justo y sus compañeros en la zona de Las Manaclas, las otras víctimas de los 12 años de Balaguer, incluido el fusilamiento de Caamaño y la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo) en mayo de 1994, tras denunciar el fraude electoral.
De esos crímenes, la desaparición de Narcisazo ha merecido más atención debido a la permanencia de un Comité que se ha encargado del reclamo esclarecedor. Del fusilamiento del Héroe de Abril se desconoce dónde reposan sus verdaderos restos (no "los sepultados" a ritmo de conformidad); no se ha sancionado a los autores, pese a que hay señalamientos específicos, y la demanda de Minou Tavárez Mirabal, hija de Manolo, quién directamente acusa al exgeneral del Ejército Ramiro Matos González de ser el autor y clama contra el ex militar, que también se menciona en el caso de Caamaño, diez años después de la caída de Manolo.
Ahora que la transparencia está ganando espacio en la gestión pública, una Comisión de la Verdad podría ser componente de esa agenda.
"Y la verdad os hará libre".
