Por Gregorio Montero
En la entrega anterior hicimos un esbozo teórico-conceptual acerca de las políticas públicas, y hablamos sobre su importancia. En esta ocasión, hablamos sobre su tratamiento y comportamiento en nuestro país.
Por desgracia, el estudio de las políticas públicas entre nosotros no prolifera, pues, históricamente, no hemos contado con una masa crítica suficiente de profesionales que, con cierto rigor, se hayan dedicado a profundizar en estos temas; además, desde el Estado no ha habido un esfuerzo decidido con miras a motivar para que así ocurra, de la misma manera que las instituciones de educación superior no habían jugado su rol de ofertar programas que fueran contribuyendo poco a poco a formar esa masa crítica.
La ausencia de una relación productiva entre Estado y academia, la falta de comunicación efectiva, el desconocimiento mutuo de roles e interacciones tensas, en ocasiones, han impedido los acuerdos necesarios para que la universidad forme los talentos con el perfil que el Estado y la Administración Pública necesitan para alcanzar sus fines.
Los profesionales, especialistas e investigadores en materia de políticas públicas, como en ciencias políticas y en Administración Pública, son escasos en el país, lo que constituye un gran desafío para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
Para formular y aprobar buenas políticas, y tener éxito en su ejecución, se requiere de la participación de profesionales y técnicos debidamente preparados, capaces y competentes. Por fortuna, en los últimos veinte años se han venido sentando las bases para la consagración de las políticas públicas en el país como disciplina académica y científica, pues varias universidades dominicanas, junto a universidades españolas, francesas, estadounidenses, colombianas, y de otros países, vienen ejecutando programas de postgrado en relación con las áreas que resultan pertinentes a la gestión de la temática.
En el plano jurídico, hay que destacar que los artículos 7 y 8 de la Constitución, al referirse a las cláusulas del Estado: social, democrático y de derecho, y a la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad, respectivamente, condicionan la aprobación y gestión de las políticas públicas en el país. Además, otra condicionante que dispone la Constitución se relaciona con el régimen económico de la República, sobre el cual dice que se debe orientar a la búsqueda del desarrollo humano, que se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental.
En el mismo tenor, la Constitución, en su artículo 241 ordena al Poder Ejecutivo, previa consulta con el Consejo Económico y Social y los partidos políticos, elaborar y someter al Congreso Nacional una Estrategia de Desarrollo que defina la visión de la Nación para el Largo Plazo. En este mismo contexto, la Ley No. 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, establece, refiriéndose a los instrumentos de la planificación, que la Estrategia de Desarrollo definirá la imagen-objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales, tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política. Agrega que para ello se identificarán los problemas prioritarios que deben ser resueltos y las líneas centrales de acción necesarias para su resolución y la secuencia de su instrumentación.
Con base en estos mandatos normativos y el clamor de amplios sectores de la sociedad, mediante la Ley No. 1-12, fue aprobada la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), como resultado de un amplio proceso de concertación en el marco del Consejo Económico y Social, instancia consultiva del Poder Ejecutivo que, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución, tiene a su cargo concertar los grandes temas económicos, sociales y laborales que aseguran la construcción y el fortalecimiento de la paz social, propiciando la participación organizada. La Estrategia Nacional de Desarrollo abarca el período de tiempo comprendido entre el 2012 y el 2030, y procura establecer las bases para la creación de las condiciones básicas que garanticen la sinergia entre las acciones públicas y privadas para el logro de la visión de la Nación de largo plazo y los objetivos y metas.
Las normas establecidas en la Ley obligan a que cada gestión de gobierno en el periodo comprendido contribuya a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, a través de las políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los planes institucionales, sectoriales y territoriales y los presupuestos nacionales y municipales. Cada Plan Nacional Plurianual del Sector Público debe contener el conjunto de programas, proyectos y medidas de políticas, dirigidos a contribuir al logro de los Objetivos y Metas de la END.
Los programas y proyectos prioritarios del Plan Nacional Plurianual del Sector Público deben tener una clara identificación en cada uno de los presupuestos plurianuales y anuales y deben ser sometidos a evaluaciones técnicas de medio término y ex post, así como están sujetos a procesos de veeduría social. La visión que inspira la estrategia Nacional de Desarrollo 2030 reza: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
La Ley también establece que las políticas públicas dirigidas a la consecución de la visión país de largo plazo fomentan y refuerzan los valores compartidos por la Nación dominicana que propician la convivencia pacífica, la cohesión social, el espíritu de superación personal y el desarrollo colectivo, tales como honestidad, trabajo, respeto, educación, solidaridad, honradez, responsabilidad, justicia y buen gobierno; agrega que las políticas públicas se articularán en torno a cuatro Ejes Estratégicos, con sus correspondientes objetivos y líneas de acción, los cuales definen el modelo de desarrollo sostenible al que aspira la República Dominicana.
Dichos ejes, que constituyen la expresión fiel del enfoque y el ciclo de las políticas públicas en República Dominicana, son:
- Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
- Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.
- Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
- Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
Además, la Estrategia contiene las siguientes políticas públicas transversales: a) Derechos humanos. b) Enfoque de Género. c) Sostenibilidad ambiental. d) Cohesión territorial. e) Participación social. f) Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), en su calidad de órgano rector, es el responsable de dar seguimiento al conjunto de políticas públicas dispuestas por la Ley No. 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), tarea que realiza en estrecha coordinación con otros órganos rectores y con todos los entes y órganos de la Administración Pública. En este sentido, para cada eje estratégico se establecen los indicadores y las metas de desarrollo que permiten evaluar y medir de forma sistemática, hasta el 2030, el progreso de las políticas públicas.
Por su importancia, más adelante dedicaremos un artículo a la evaluación, medición y control de las políticas públicas en nuestro país.
