Por Santo Salvador Cuevas.
Tan ilimitado fue el poder del "Jefe" durante los 30 años de la "Era de Rafael Leónidas Trujillo Molina", que el alcance de sus tentáculos, no tenía límites y afectaba a todos los ciudadanos por igual.
Ningún derecho amparó la libertad de expresión, de información, ni el derecho a la asociación.
Tampoco garantizaba el libre tránsito.
Todo estaba bajo control total del Jefe y ningún límite legal ni moral impedía la vigilancia ciudadana, el soplonaje del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) y sólo con la más mínima de las sospechas era suficiente para el apresamiento, una tanda de palos, torturas y desapariciones.
El absolutismo en la Era de Jeje hizo de nuestro un país fatal, sin derechos ni libertades.
El año 2024 debió iniciar de frente al futuro, cargado de esperanza y con propuestas sustanciales de que, en medio del debate político y las diferencias ideológicas, nuestra Nación es pa’lante que va.
Pero vaya sorpresa, el gobierno tenía montado un plan con una llamada Ley 1-24 con la que se crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI), en la que el tren moral, jurídico e institucional apunta al retorno al pasado, cuya primera gran estocada se le dio la noche del 30 de mayo con el ajusticiamiento del Jefe.
Esa ley concentra todo el poder nacional en manos del presidente de la República y del director nacional del DNI que designa el primer mandatario de la Nación.
No es una ley que pretende preservar ni defender la seguridad nacional, sino que esta "Ley de Abinader" viene a colocarse por encima de la Constitución y tira por tierra todos los avances y conquistas que en el orden jurídico ha alcanzado nuestro pueblo en el camino de la resistencia y la lucha social.
Se equivocó el Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader, pero también el cuerpo de diputados y senadores que aprobaron este mamotreto hasta sin leer siquiera.
El senador de Pedernales, Dionis Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, no solo valoró como positiva la ley, sino que también la envío al debate y a la aprobación de la Cámara Alta.
La vergüenza de este Jaque Mate como lo describe el arzobispo de Santiago, Monseñor Héctor Rodríguez, no es sólo un acto criminal del Poder Ejecutivo, son cómplices también en los bloques de legisladores, en un Congreso que no lee menos ejercen su rol contestatario.
Por suerte, se ha desatado un maremoto en la conciencia ciudadana, desde todos los sectores, demandando la nulidad de ese mamotreto impuesto con ínfulas dictatoriales desde los poderes Legislativo y Ejecutivo, en perjuicio de la Nación.
Las ideas y los estilos de la "La Era del Jefe", no retornarán jamás.
