Por Osvaldo Santana
Desde que el presidente Luis Abinader le advirtió, en La Semanal, en el mismo Palacio Nacional, a finales de noviembre de 2023 a José Antonio Figuereo Bautista, conocido como “Kiko La Quema”, el perseguido por narcotráfico en Cambita Garabitos, que debía entregarse, porque podía pasarle como a uno de sus socios, que ya había caído bajo el código 29, que en la Policía significa “abatido”, parece que esta Administración definitivamente está aferrada al recurso de la violencia para reducir la criminalidad.
Con esa advertencia del presidente Abinader, ya se podía dar como un hecho que los días de Figuereo Bautista estaban contados. Y así fue: el 8 de marzo de 2024 caía asesinado por agentes de la Policía Nacional.
Bajo el argumento que nadie cree de las muertes en “intercambios de disparos”, la Administración, bajo el comando de los organismos de seguridad pública, liderados por el ministerio de Interior y Policía, con el brazo ejecutor de la Policía, han proseguido incrementando las cifras de muertes de civiles señalados en supuestos actos criminales.
Se ha llegado tan lejos, que los medios, especialmente las redes sociales, recogen versiones de familiares que afirman que sus parientes han sido detenidos en circunstancias normales, y que al no son sometidos por ningún cargo, luego resultan asesinados por agentes en “intercambios de disparos”.
El gobierno se ha aferrado a la idea de “mantener” la tranquilidad ciudadana en base a cifras que sugieren la disminución de la tasa de homicidios. Y efectivamente, los números hablan de que ya al 18 de julio de 2025, se situaba en 8.22 por cada 100,000 habitantes, una tendencia sostenida a la baja en comparación con años anteriores. Menos de dos dígitos, una marcada diferencia en relación con años pasados.
Como otras administraciones, la actual ha puesto empeño en bajar los indicadores de inseguridad, y se complace con unas estadísticas convenientes que sugerirían una reducción del crimen.
El conteo de los muertos, y las causas que los generan, igual obedecen a una narrativa para promover la percepción de seguridad entre los ciudadanos. Así, la Administración ha oficializado términos como homicidios por “conflictos sociales”, es decir, la gente simple se mata entre sí, lo mismo que los fallecidos en “acciones legales”. Estos últimos corresponden a los eliminados por la Policía en “intercambios de disparos”.
La Administración no solamente renuncia a responsabilizar a la Policía de las muertes, sino que las revisten de un estado de legalidad, llamándolas víctimas por “acciones legales”. Significa que cuando la Policía mata a una persona, entonces es una “muerte legal” contrariando la norma en República Dominicana donde la pena capital no está prevista.
Más aún, la más alta autoridad advierte que está en vigor, mediante otro subterfugio: “el código 29”, que parece una carta de corso para que la Policía pueda deshacerse de los antisociales.
Por la vía práctica, los civiles caídos en “intercambios de disparos” pasarían a ser homicidios perpetrados al amparo del Estado, bajo la autoridad policial, la bendición del ministerio del Interior, el aval del gobierno nacional de Abinader, el silencio social de medios y personas que se asumen como defensoras de los derechos civiles.
Todo ocurre en un período de eternización de la violencia y la criminalidad, que ha llevado al hartazgo y al miedo a la sociedad, que cansada de los asaltantes y asesinos aprueba cualquier medida que de alguna implique disminución de la violencia.
En todo ese entramado, parece claro el fracaso de las políticas públicas frente al crimen, que privilegia la violencia para combatir a los violentos como medio para asegurarse bajas tasas de homicidios a cambio de la muerte de civiles (señalados como delincuentes), sin considerar no solamente valores como el respeto a la vida, y especialmente la de los inocentes, que suelen ser víctimas colaterales de los “intercambios de disparos” o los fusilamientos a mansalva.
Entonces, no resulta extraño encontrarse con una publicación de Diario Libre de agosto pasado, en la que las muertes de civiles por agentes del Estado aumentaron en esta Administración en más de 194%: “En el gobierno del presidente Luis Abinader, la cantidad de muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de la Policía Nacional, se incrementó en 194.8 % entre el 2021 y 2024, revirtiendo una tendencia descendente que se había mantenido durante las últimas décadas, según cifras oficiales” (Balbiery Rosario, 26 de agosto).
Balbiery Rosario comenta: “A partir del 2022, la cantidad de fallecidos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden comenzó a subir hasta llegar a los 227 en 2024.
“La subida coincide con el período en el que las autoridades comenzaron a reportar una reducción de la tasa de homicidios y con la política de seguridad ciudadana que empezó a dirigir personalmente el mandatario en la reunión de los lunes”.
Panorama sombrío
Con esta realidad, se puede concluir que la política criminal del Estado se ha centrado en la eliminación de quienes sus organismos operativos consideran como propiciadores de la inseguridad, lo que implicaría una reducción de la autoridad política a manos de unos señores que deciden a quiénes ejecutar.
Es decir, que el Estado ha abierto un capítulo de muertes a cargo de la Policía y de otras instancias represivas que igual aplican el código 29, lo que reafirma un panorama sombrío en un país donde se asegura que se respetan los derechos humanos.
Ya en agosto, la orgía de sangre recibió nuevos estímulos: 111 muertes violentas en este año. En 2025 han caído víctimas de homicidios 887 personas, de las cuales 38 % son resultado de “conflictos sociales”. “Conflictos sociales” es una creación de la Policía y el ministerio de Interior. Es un vasto escenario en el que bien pueden confluir los fallecidos por violencia criminal, o entre bandas, y riñas. Un acomodo o puro maquillaje. Un 27 % de los homicidios, lo atribuyen a “hechos delictivos”, a la letalidad policial un 22.5 %, y se investiga para nunca más saber, 12.6 % de los homicidios, de los cuales no se conoce la causa.
De todas formas, es demasiado alta la concurrencia policial como multiplicadora de la violencia, y la laxitud con que se mueve en ese juego con la vida de la gente es aterradora, un panorama sombrío para los ciudadanos, bajo el miedo a la criminalidad y a los excesos policiales.
