Por Gregorio Montero
En los albores de la década de 1960 empezó a delinearse una teoría que luego sirvió para debatir en torno a los planteamientos críticos que se hacen a la intervención del Estado en la economía, que es consecuencia del enfoque del Estado de Bienestar, eso, por un lado, y, por otro lado, sirve de sustento a los debates que surgen de las dificultades que el propio Estado enfrenta para poner en marcha políticas que contribuyan a resolver problemas públicos asociados al mercado y al desarrollo humano integral. Esta teoría se fue consolidando en la medida en que, en el plano académico, tomó auge la denominada Escuela de la Elección Pública, que, aplicando métodos económicos al análisis político, argumenta que los políticos y los empleados públicos o burócratas no defienden el bien común, sino sus propios intereses.
La teoría sobre las fallas del Estado surge en contraposición a la teoría de las fallas del mercado, que justifica la intervención estatal dados los inconvenientes de ineficiencia que generan las falencias del mercado, vinculadas, principalmente, a los monopolios y al manejo de información privilegiada, lo que genera asimetría en el comportamiento y en los beneficios de los mercados. Bajo este entendido, se asume que en una economía de mercado el Estado debe jugar un rol preponderante; esto, en lo atinente a la regulación de las relaciones económicas mediante marcos normativos que garanticen los derechos ciudadanos, así como en lo que respecta a la producción de bienes públicos, a la gestión de políticas públicas y a la administración de los recursos públicos.
El estudio de la teoría sobre las fallas del Estado se configura esencialmente cuestionando la ineficiencia de la burocracia, es decir, cuando las personas que están al servicio de las instituciones públicas no entregan los resultados proyectados, el favoritismo sobre determinados grupos, la corrupción administrativa y las políticas y acciones gubernamentales de carácter populista. Al respecto, James Buchanan, economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1986 y uno de los fundadores de la Escuela de la Elección Pública, afirmó en 2001 que la clase política se asocia a una clase empresarial para tomar el poder, secuestrar o capturar el Estado y apropiarse de las rentas a través de proteccionismos promovidos desde el mismo dominio estatal.
La teoría sobre las fallas del Estado, que ha tenido un proceso evolutivo bien marcado, fue utilizada a partir de la década de 1990 como base para exponer la tesis del Estado fallido, con la que se describe la infuncionalidad de las instituciones estatales para asegurar la eficiencia económica, la seguridad ciudadana, el orden público y el desarrollo sostenible. Para muchos, la referida descripción inhabilita al Estado para formar parte de la comunidad internacional, debido a que pierde la capacidad para controlar de forma correcta su territorio, pues pierde también el consabido monopolio de la violencia, por la aparición, por ejemplo, de grupos armados, lo que lo lleva a que desaparezca a su vez la confianza de la ciudadanía.
Se pueden esbozar miles de teorías para explicar las fallas del Estado, de hecho, son muchas las que se han expuesto en las diversas regiones del mundo. Hay que reconocer sin dudar que los académicos han hecho su tarea, pero tan importante como esto es verificar y comprender cómo resultan dañadas las instituciones y la ciudadanía en la práctica, en el diario vivir, pues se hace sumamente ostensible el freno a la democracia y al desarrollo nacional. Está plenamente documentada la manera en que el abuso de poder por parte de los funcionarios estatales que utilizan fondos públicos para beneficio propio y de terceros afecta el crecimiento económico; se ha comprobado también que estos mismos funcionarios se esfuerzan para que dichos hechos queden impunes.
Lo dicho, sumado a la transgresión o acomodamiento de los marcos normativos que rigen los procesos políticos y las instituciones, da la sensación de colapso de la institucionalidad pública, lo que tiende a alejar a las personas de buena voluntad, que las hay, del quehacer político y administrativo, dejando el escenario a muchos que solo procuran lucrarse. Esto provoca que el gobierno no pueda llevar a cabo con éxito sus funciones básicas, presentando fallas inaceptables en la prestación de los servicios y en los métodos para vincularse con la sociedad, lo que provoca que la presencia del Estado no impacte como debe en ciertos grupos sociales y zonas territoriales altamente vulnerables, a pesar de las políticas sociales e inclusivas que ordenan las normas.
Se reconoce el impacto negativo del clientelismo, falla ancestral que corroe al Estado, permitiendo mecanismos perversos que desvían la naturaleza de la función pública y el verdadero rol de las instituciones frente a la ciudadanía; la relación clientelar sigue siendo profundamente dañina para el Estado y la sociedad, pues conseguir apoyo político a cambio de favores no solo destruye la confianza en las instituciones, sino que plantea una relación de poder que cuestiona en sus cimientos la democracia, especialmente el principio de igualdad. Las herramientas clientelares propician una relación de carácter personal, no institucional, entre las autoridades y los ciudadanos, generando con el uso del presupuesto público un vínculo de favores, no de derechos.
Otra falla se puede verificar en el Estado cuando este no es capaz de conectar con las necesidades de la gente, para lo que es vital reconocer los espacios de participación ciudadana durante todo el ciclo de las políticas públicas; en ocasiones, las herramientas de participación son tan complejas que lo que hacen es desmotivar a los ciudadanos; las autoridades se resisten a hacer entrega de informaciones públicas, a pesar de los derechos de libre acceso, con esto impiden la participación efectiva; también se produce la exclusión de organizaciones sociales que no resultan cómodas a las autoridades de turno, con lo que demuestran que se trata más bien de una simulación. Todo esto determina que muchas decisiones del gobierno no tengan éxito o no puedan ser implementadas.
El politólogo y profesor argentino Atillio Boron ha hecho aportes significativos para el entendimiento de las fallas del Estado, a través de su interesante planteamiento del año 2000 sobre la crisis orgánica del Estado, en la que nos dice que la falla principal radica en lo que llama el equilibrio catastrófico que se produce entre las fuerzas políticas y la incapacidad del Estado para resolver problemas estructurales. Desde una mirada más sociológica, ya el investigador alemán nacionalizado chileno Norbert Lechner, nos había mostrado en el año 1977 las fallas del Estado desde la dificultad que este tiene para ordenar la sociedad con base en el enfoque de la cultura política y la construcción del orden social, y la manera en que esto afecta el desarrollo.
Por más que se diga, las fallas del Estado son fallas humanas, no olvidemos que este constituye una abstracción teórico conceptual que sintetiza relaciones de poder y opera sobre una realidad social concreta, por tanto, es un diseño humano que es conducido por los humanos, y toda obra humana es falible, por lo que el Estado no puede ser perfecto. Lo que resulta inadmisible es que falle en aquello que no debe fallar, en lo que le da razón a su existencia: el bienestar de la mayoría; esto implica una falla de origen que debe ser atendida resolviendo los problemas estructurales. Para eso existe la política, los políticos, los burócratas y la ciudadanía; es simple, las instituciones públicas fallan porque sus diseñadores y sus dirigentes fallan, y porque un velo de irresponsabilidad los cubre.
El Estado puede fallar, puede cometer errores, pero hay algunos fallos que son inconcebibles, como la debilidad institucional y la ineficiencia, la pobreza y la desigualdad social, la incapacidad para recaudar los impuestos, la corrupción administrativa y la impunidad, la inseguridad ciudadana, la crisis de legitimidad y la desconfianza y no asumir a las personas como el centro de su actuación.
Pero, para que el Estado falle en lo esencial, esto hay que entenderlo, quienes lo dirigen deben fallar; para que el Estado y quienes lo dirigen no fallen en lo esencial, necesario es aplicar métodos científicos y técnicos aportados por muchas disciplinas, y estrategias políticas que, como está demostrado, ayuden a conducirlo.
