Caso Senasa
El escándalo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se amplió durante la semana con nuevos datos que refuerzan la magnitud de las irregularidades. Se confirmó la existencia de contratos superiores a tres mil millones de pesos con la empresa Khersum SRL, firmados en 2020 bajo la gestión de Santiago Hazim, cuestionados por la ausencia de auditorías y mecanismos de control.
A la vez, en Santiago se abrió una investigación sobre el subdirector del Hospital Regional José María Cabral y Báez, Julio César de León, por presuntos vínculos con suplidores de materiales ortopédicos en medio del esquema de irregularidades que envuelve al Senasa.
El presidente Luis Abinader ratificó que dejará que el Ministerio Público investigue y se abstendrá de intervenir con declaraciones que puedan entorpecer el proceso.
En medio de la crisis, el déficit financiero del régimen subsidiado sigue en aumento, la morosidad con prestadores ronda la mitad de las facturas pendientes y los servicios a los afiliados se ven cada vez más afectados, generando una crisis de confianza sin precedentes en la institución.
Cinco muertos en un tiroteo a manos de la Policía
El tiroteo ocurrido en el sector La Barranquita de Santiago el pasado miércoles 11 de septiembre dejó un saldo de cinco personas muertas a manos de agentes policiales.
La Policía Nacional sostuvo que se trató de un enfrentamiento con presuntos delincuentes, pero la versión ha sido cuestionada por familiares de las víctimas y organizaciones sociales, que exigen esclarecer si realmente hubo un intercambio de disparos o si se trató de un uso excesivo de la fuerza.
El director regional del Cibao Central, general Juan Bautista Jiménez, informó que se abrió una investigación interna para establecer responsabilidades y determinar la cadena de mando del operativo.
El hecho se suma a otros episodios que han puesto en entredicho la reforma policial y ha reavivado el debate sobre la necesidad de protocolos claros para el uso de la fuerza en zonas urbanas.
El periplo de la entrega del informe del CES
El Consejo Económico y Social culminó esta semana el proceso de entrega del informe final sobre las implicaciones de la crisis haitiana en la República Dominicana. El documento incluye 26 líneas de acción y 151 propuestas, resultado de las seis mesas temáticas que abordaron migración, comercio, seguridad, comunidades fronterizas, relaciones internacionales y aspectos laborales.
El presidente Abinader recibió el informe en el Palacio Nacional el 9 de septiembre, al igual que los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía en días posteriores. El martes 16 fue entregado a Leonel Fernández en la sede de Funglode, donde el exmandatario destacó la importancia histórica de la concertación y la necesidad de respuestas inmediatas ante la situación haitiana.
Entre las recomendaciones que más atención han generado figura la regulación de la mano de obra extranjera y la creación de mecanismos de seguimiento para evitar que las propuestas queden en papel. Con la entrega a los expresidentes se cierra un ciclo de consultas, y el CES anunció que publicará el documento completo para acceso de toda la ciudadanía.
La denuncia de Ángel Hernández sobre lo que entregó al presidente Abinader
El exministro de Educación Ángel Hernández reiteró que durante su gestión entregó al presidente de la República, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental informes detallados sobre irregularidades detectadas en el Ministerio de Educación.
Señaló que en las regionales se hallaron sobregiros presupuestarios, contratos con sobrecostos y pagos por trabajos mal ejecutados o no realizados. Hernández también solicitó formalmente a la Pepca investigar lo que denominó una red corrupta en la Dirección de Infraestructura Escolar, en la que algunos contratistas habrían recibido pagos sin cumplir con lo estipulado.
Aunque en 2023 una denuncia contra él por presunta omisión de bienes en su declaración jurada fue archivada tras una investigación de Ética e Integridad Gubernamental, sus señalamientos actuales se centran en que la corrupción que afecta al ministerio ha quedado sin consecuencias visibles.
Sus declaraciones abren un debate sobre la efectividad de los mecanismos de control y la voluntad política de depurar al Minerd, y especialmente de combatir la corrupción en el gobierno de la transparencia.
