viernes, junio 14, 2024

La reforma institucional debe ser abordada como un proceso

Por Gregorio Montero
Uno de los errores más recurrentes al analizar las incidencias en la implementación de las reformas institucionales y administrativas, es pretender verlas como simples hechos concretos que ocurren, concluyen y generan resultados de forma inmediata.

Esta es una visión, lamentablemente, desacertada, que no ayuda a entender de forma correcta el rol de este tipo de reforma, lo que ha llevado a decepciones y frustraciones en muchos de los países de la región, que han declarado fracasos a destiempo, cuando lo que realmente sucede es que no ha llegado el momento de ver resultados específicos o ha habido discontinuidad en el proceso y en las acciones reformadoras.

La reforma institucional en nuestro país, que es un mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública, es preciso pensarla, al igual que en América Latina, como un proceso de revisión integral de las instituciones estatales, que conduzca a su reestructuración y transformación.

El objetivo central de la misma es crear las condiciones para que el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la seguridad jurídica sean una realidad, de conformidad con lo que dicta la Constitución de la República.

Las reformas institucionales deben tener como centro de atención al ciudadano, su bienestar, la reforma debe responder al interés general, el corporativismo debe ser solo una referencia marginal, no puede adueñarse de los procesos, esto bastante daño ha causado en la región.

Las reformas institucionales deben ser concebidas y conducidas bajo el enfoque de proceso, lo que implica el diseño de un plan con un conjunto de actividades concatenadas y recursos, que harán posible el logro de los objetivos y las metas proyectadas a mediano y largo plazos.

Es preciso tener claro que los resultados a corto plazo tienen muy poca cabida en materia de reforma. Lo que es factible, y a la vez necesario, es que en el ínterin se desencadenen procesos de modernización que conduzcan a mejoras institucionales que, incluso, irán preparando el terreno para que las acciones de reforma rindan sus frutos de forma oportuna; por eso es tan importante no confundir nunca la reforma con la modernización, independientemente de su correspondencia biunívoca y su indiscutible complementariedad.
Reformar una institución del gobierno casi siempre implica la modificación del ordenamiento jurídico, el replanteamiento de la planificación estratégica, el rediseño de la estructura organizativa, la readecuación de los mecanismos de gobernanza y coordinación, la reasignación presupuestaria.

Todo esto debe ser acompañado de acciones modernizadoras asociadas a la redefinición de procesos, gestión de los recursos humanos, capacitación, mejora regulatoria y simplificación de trámites, soluciones tecnológicas y gobierno digital, mejora de los sistemas transversales de gestión e interoperabilidad, monitoreo y evaluación del desempeño institucional, entre otras.

Como se puede ver, el éxito de las reformas institucionales implica un modelo de gestión que facilite la obtención de los resultados esperados, según lo planificado.
En consonancia con lo afirmado, las reformas institucionales no responden a un simple llamado o declaración de intenciones de una autoridad pública, incluso, el inicio formal de ellas no es garantía de nada, pues resulta esencial un amplio acuerdo de voluntades que garanticen continuidad, ya que tampoco sus resultados pueden responder a un periodo gubernamental, por el contrario, le sobrepasan, necesariamente.

Estas reformas deben pasar por el tamiz del enfoque metodológico de proceso, deben ser asumidas conforme al ciclo lógico que las envuelve: planificar, dotar de recursos, ejecutar, obtener resultados, evaluar, corregir; todo esto, teniendo en cuenta en cada etapa la participación de los actores sociales.

Es válido que cada gestión de gobierno priorice y defina los alcances de las acciones de reforma institucional que aspira encaminar. El actual gobierno ya lo ha consignado en el Decreto No. 149-21, mediante el cual aprobó el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, que viene ejecutándose, aunque, como es natural, con dificultades.

La estrategia actual de reforma y modernización institucional está clara, toca aspectos jurídicos, de fortalecimiento y mejora institucional, de planificación y coordinación, aspectos organizativos, procedimentales, de mejora regulatoria y facilitación de trámites, tecnológicos y de interoperabilidad, etc., todo ello, poniendo el ojo en el desarrollo sostenible.

La reforma de los órganos y entes públicos requiere, obligatoriamente del compromiso y firmeza de todos los funcionarios involucrados, y de la presencia y presión de la ciudadanía.
Se debe tener en cuenta que la reforma institucional no constituye un punto de llegada, no es un fin en sí misma, es más bien un medio, un punto de partida que se proyecta hacia el logro de resultados que impactan en la mejora de la Administración Púbica y en la calidad de vida de la gente.

Esta reforma no soporta más dilación, de hecho, ella es condicionante del resto de las reformas que también están en carpeta, como la jurídica, tanto constitucional como legal, la social, la económica, la fiscal, policía, la judicial, y otras.
Sin instituciones adecuadas no existe la posibilidad de poner en marcha y materializar ningún tipo de reforma.

Ahora que el tema ha sido posicionado, se escucha, de forma equivocada, principalmente en los medios de comunicación, emitir opiniones y fijar posiciones sobre las reformas institucionales que están en curso, y otras que se están anunciando, como si se tratara de hechos culminantes a corto plazo.

Reiteramos que las reformas institucionales son una sucesión de acciones que no concluyen, pero que a mediano y, principalmente, a largo plazo, van reportando resultados que se reflejan en la mejora institucional y en un mejor relacionamiento de los entes y órganos públicos con la sociedad.

Todo esto, permite verificar un impacto en el bienestar de la ciudadanía y en el aumento de la confianza de la gente en las instituciones y los gobernantes.
Entender en su justa dimensión la naturaleza, justificación, razón de ser y el alcance de las reformas institucionales que se requieren en estos tiempos en nuestro país es fundamental para poder respaldarlas, impulsarlas y ejecutarlas como se necesita.

La reforma de las instituciones estatales debe ser vista como un proceso inagotable, que inicia y que no termina, aunque va entregando resultados sobre la marcha; la reforma cada día enfrenta nuevos desafíos que obligan a revisar los planes y las acciones.

En síntesis, la reforma institucional no es la llegada, es la partida, es un proceso y un medio para cristalizar los fines del Estado y de la Administración Pública; pero jamás podemos atribuirle efectos mágicos, que resuelven, de un día para otro, décadas de atrasos en materia de gestión pública. Esto sería, a estas alturas, un terrible y desalentador error.

La apuesta por la reforma institucional es la apuesta que hacen los verdaderos estadistas, que creen y tienen la convicción de que la fortaleza de las instituciones públicas es la garantía de la continuidad del Estado y del desarrollo sostenible. Sin duda, este es el más certero legado que se puede construir y dejar a la sociedad dominicana.

Gregorio Montero
Gregorio Montero
Es viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública, miembro de la Comisión de Reforma Educativa de la Policía Nacional, catedrático universitario, y ex Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

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