Los ayuntamientos tienen rango constitucional y su historia y orígenes se inician en 1494, dos años después del inicio colonial de la isla, en diciembre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón y su banda.
Desde entonces y hasta el día de hoy los ayuntamientos han tenido vigencia administrativa y de continuidad en el tiempo, llegando a desempeñar funciones distintas en cada contexto histórico. No importa bajo cuál régimen legal, sea, durante el dominio de Francia sobre la isla, o bajo la prevalencia de la Constitución de Cádiz, e incluso al momento mismo de proclamada la Independencia Nacional, en la primera Constitución del Patricio Juan Pablo Duarte y los Trinitarios establecían la división del Gobierno en Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, sin importar la ubicación numérica de cada poder del Estado.
Es decir, el poder local, la municipalidad por su importancia tiene rango histórico y constitucional, sin embargo, en la época moderna y, sobre todo desde 1916 con la ocupación militar de República Dominicana por las tropas de Estados Unidos de América, los poderes de los ayuntamientos fueron despojados y/o distanciados de la administración de instituciones tan vitales para la vida nacional como la Policía.
En el caso de la Policía Nacional que durante varias ocasiones estuvo bajo la orden de los ayuntamientos y cuyos roles se mantuvieron centrados en la seguridad del comercio y el orden público, al ser asumida, reestructurada, adiestrada e ideológicamente amaestrada por el Gobierno de ocupación, esta institución fue desnaturalizada y desde entonces su estructura fue militarizada y politizada a la vez, pasando a jugar un rol represivo, de contrainsurgencia, alejándose cada día más de poner su existencia bajo la subordinación del poder local.
Ahora que se habla de reorganizar la Policía Nacional, el caso no debe centrarse en hacerla "más profesional" en reprimir a los trabadores ni afianzar su ideología para hacerla más distante del pueblo.
Me luce que este cuerpo debe retornar al pueblo, debe humanizarse y ponerse bajo la administración del poder local, por supuesto, esto debe pasar por el Congreso Nacional y, sobre todo, por la asimilación de los gobernantes. Tienen que pensar primero en la soberanía nacional, antes de ser sumisos y leales a potencias extranjeras.
El rol de defensa al territorio y la soberanía nacional, corresponden a las Fuerzas Armadas Dominicanas; el rol de garantizar el orden público y los bienes de los ciudadanos corresponde a la Policía Nacional, por tanto, este cuerpo civil debe estar al servicio del ayuntamiento municipal.
