Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – La famosa frase que reza: "La ley es dura, pero es la ley", nunca antes había tenido más sentido que el que le han dado los legisladores republicanos del Congreso del Estado de La Florida, al aprobar el proyecto de ley SB 1718, que tan pronto sea firmado por uno de sus propulsores, el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor tan rápido como el primer día del mes de julio.
En esta nueva legislación no están exentos de sanciones, los residentes legales y hasta los ciudadanos estadounidenses, si se comprueba que estos emplean, dan albergue o transportan a personas indocumentadas.
Aspectos de la ley
La ley SB 1718, es un abarcador proyecto que condena y persigue no sólo a quienes viven sin documentos en La Florida, sino que sus brazos son más largos y alcanzan a residentes legales y a ciudadanos estadounidenses, al tiempo que acorrala a cientos de familias que desde ahora se sienten desesperados y comienzan a buscar opciones para mudarse a otras ciudades.
La pieza ya fue sometida al escrutinio de ambas cámaras legislativas locales. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado local pasaron la prueba y como era de esperarse, los congresistas hicieron caso omiso a las observaciones y objeciones que les realizaron 19 legisladores demócratas.
Ahora, el documento está listo para la firma y posterior entrada en vigor.
Los empresarios
Como un retroceso sin precedentes, a tiempos que se creían superados, se les impondrán sanciones a aquellas empresas que empleen indocumentados. En tal virtud, aquellas empresas cuyo número de trabajadores supere los 25, estarán obligadas a utilizar el sistema E-verify, mediante el cual podrán verificar el estatus migratorio de los posibles candidatos a puestos de trabajo. Quienes no cumplan esta disposición serán multados.
Ni los hospitales
Aunque no impide ofrecer atenciones médicas a las personas sin documentos, esta nueva ley sí exige a los hospitales y centros de atención de emergencia la recopilación de datos sobre el estado migratorio de las personas a las que ofrecen sus servicios de salud.
También establece que se les debe informar de los costos de las atenciones médicas brindadas a las personas sin documentos. Por otro lado, impone a las agencias del orden recolectar muestras de ADN a personas indocumentadas, que se encuentren detenidas bajo una orden de detención federal.
15 años de prisión
Una de las medidas más criticadas y consideradas como excesivas, es la que establece una sanción de 15 años de prisión a cualquier persona a la que se le compruebe que participó en el traslado a La Florida de una persona indocumentada.
Otra disposición severa, que ha generado un profundo rechazo, es la prohibición de financiar aquellos programas desarrollados para dotar de un documento de identidad (ID) a personas sin estatus migratorio regulado.
Estudiantes y abogados
La ley eliminaría las exenciones a las cuotas de matrícula a los estudiantes inmigrantes que no poseen documentos, pero también deroga la ley que le permitía ejercer a aquellos abogados que aún están en trámite de regularizar su estado migratorio. Esta prohibición afectará de manera directa a los beneficiarios de DACA, o dreamers, quienes concluyeron sus estudios y podían ejercer como abogados, pero, según esta legislación, no podrán hacerlo después de noviembre de 2028.
En ese mismo orden, anula las licencias de conducir emitadas a personas sin estatus migratorio regulado, en más de 16 Estados, incluido el Distrito de Columbia.
Reacciones
Algo en lo que parecen estar de acuerdo, tanto quienes favorecen la iniciativa como quienes la condenan, es en la forma de aplicación de algunas de sus disposiciones. Otros esperan que sea pasible de llevarse ante a la Suprema Corte, a fines de declarar la inconstitucionalidad en algunos de sus aspectos.
Los más optimistas esperan que al último momento, el gobernador Ron DeSantis realice algunas correcciones que tiendan a suavizarla. Algo que parece poco probable, a juzgar por el apoyo brindado por DeSantis al proyecto y a su posición frente a lo que ha calificado más de una vez como "políticas de fronteras abiertas de Biden".
En un comunicado de prensa, Paula Muñoz, directora de Organizaciones de Campañas de la Coalición de Inmigrantes de La Florida, expresó su preocupación por la suerte de miles de personas y familias que viven en ese estado y criticó el trabajo de los senadores estatales, de quienes dijo han lastimado de forma deliberada a las familias de La Florida, sólo por su propio beneficio político. "Está es una mala legislación que hará que nuestro estado sea menos seguro y menos próspero".
Riesgo a la salud
Del mismo modo, un grupo de más de 80 especialistas de la salud, enviaron una comunicación a los presidentes de ambas cámaras estatales, donde advertían que los hospitales y centros de salud, forman parte de los lugares establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como áreas protegidas, o lugares que no pueden ser alcanzados o afectados por las leyes migratorias, como una forma de colocar la salud y la vida de las personas por encima de cualquier otro interés.
Mostraron preocupación, pues creen que la entrada en vigor de estas disposiciones hará que muchas personas dejen de buscar atención médica y pondrán en riesgo su salud y sus propias vidas.
Lo estaría pensando
En estos momentos en que se menciona con insistencia el nombre del gobernador DeSantis como posible aspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano, con una fuerte incidencia del voto latino en cualquier proceso electoral, se ha acentuado un rechazo a la legislación en un amplio sector de la sociedad, que considera la ley como un retroceso en materia de derechos humanos.
Por otro lado, es bien conocido el sentimiento antiinmigrante que impera en un amplio sector en los Estados Unidos, que no esconde su hartazgo de la indetenible ola de indocumentados que a diario cruzan la frontera, por lo que han mostrado simpatía con el proyecto de ley.
Es por eso por lo que en el caso del gobernador debe estar sopesando una posible candidatura. También estaría pensando qué tanto le sumaría o restaría convertir en ley el proyecto, a pesar de haber sido su principal promotor.
Pero la percepción generalizada es que el gobernador la firmará sin mayores dilaciones.
Temor y tristeza
Aunque desde hacía meses se venía discutiendo sobre el contenido de este documento y las informaciones sobre las pretensiones de sus promotores, eran cada vez más inquietantes, es ahora, después de que la pieza pasó las pruebas en ambas cámaras y que todo parece indicar que será promulgada por el gobernador, cuando las personas comienzan a sentir preocupación por la suerte de sus familiares.
La semana pasada, uno de los noticiarios de televisión contaba la historia de una familia de cinco miembros, entre ellos dos niños menores de cuatro y dos años. El padre, con profunda tristeza y desesperación, se preguntaba qué sería de sus hijos y qué iba a pasar con su casa y sus pocas posesiones, pues, "ahora tenemos que irnos a otro estado, y abandonar lo que tanto nos ha costado".
Nueva York
Muchas personas ya están preparando sus maletas para irse a otros estados, y aunque existen varios de los llamados Estados Santuarios que acogen y protegen a los indocumentados, se espera que el mayor número de inmigrantes se establezca en la ciudad de Nueva York, a pesar de que el alcalde Erick Adams ha reiterado que la ciudad ha sobrepasado el límite de acogida y de que en los próximos días iniciará un proceso de reubicación de inmigrantes en otros estados demócratas.
La realidad es que de entrar en vigencia esta legislación, se vivirá una verdadera pesadilla que, sin dudas, marcará un antes y un después a partir del primero de julio en el Estado de La Florida.
