Por Osvaldo Santana
La campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la acusación del Ministerio Público contra varios de sus exfuncionarios, cayó en una deriva desde la semana pasada, cuando diez de los encartados confesaron sus responsabilidades por los delitos de estafa al Estado, lavado de activos, asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
La revelación de que Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación aceptaron los cargos y decidieron colaborar con las investigaciones del Ministerio Público y hasta devolver al Estado los bienes que habrían obtenido de las operaciones ilegales devino en un resonante éxito para los fiscales del Ministerio Público, a lo que habría que sumar otros cuatro acusados que el pasado 3 abril igual aceptan los cargos y se dispusieron a negociar con el Ministerio Público. Estos son Luis Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación, Ramon David Hernández y Claudio Silver Peña.
La disposición de los primeros diez encartados se constituyó de inmediato en un factor negativo para el PLD, que incluso se había apoyado en sus denuncias de persecución política mediante el señalamiento de que Ángel Lockward había declarado que entregó no menos de RD$400 millones al presidente Luis Abinader como colaboración para su campaña durante las elecciones de 2020. Y es que la invocación de la “revelación” de Lockward iba en la dirección de sugerir que igual el Partido Revolucionario Moderno (PRM) era beneficiario de fondos ilegales y por extensión la elección misma del actual mandatario.
Al sorprendente proceder de ese grupo de acusados se sumaron una sucesión de acontecimientos que redujeron casi al silencio la línea de denuncias y movilización que el PLD había asumido después que parciales fueron reprimidos cuando acudieron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en solidaridad con los detenidos principales, exministros José Rafael Peralta, de la Presidencia de la República; Gonzalo Castillo, de Obras Públicas y Donald Guerrero, de Hacienda.
Sucesivamente, la agrupación celebró una sesión de su comité central, luego otra del comité político y fue decretada la movilización general con el argumento se que se había desatado una campaña represiva en su contra. Su presidente Danilo Medina, acudió a una de esas asambleas y lanzó un discurso en el cual enfatizaba en la judicialización de la política contra los dirigentes de su partido, acusados de estafar al Estado por más de RD$19 millones mediante compras ficticias, expropiación de bienes pagados de manera abultada y extorsión a propietarios de bancas de apuestas y de lotería para alimentar las arcas de campaña.
Pero el programa reactivo del PLD recibió esa misma semana, entre el 25 de marzo y el primero de abril, una andanada de elementos que prácticamente arruinaron sus posibilidades de respuesta y movilización de sus parciales y de la población, en víspera de la Semana Santa.
El presidente Biden y la corrupción
Coincidencia o circunstancial, la realidad fue que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al inicio de Cumbre por la Democracia, patrocinada por su gobierno, alabó las medidas en contra de la corrupción que se desarrollan en la República Dominicana.
Al participar de manera virtual en la Cumbre que involucró al menos más de 100 gobiernos, Biden valoró el caso dominicano como uno de los ejemplos sobresalientes del progreso de la democracia en el mundo por su lucha por la transparencia y contra la corrupción.
Y aunque el mandatario estadounidense no estuviera refiriéndose de manera específica a lo que ocurre aquí contra ex funcionarios del PLD, el impacto en el proceso era inevitable que terminase siendo asociado.
Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), aunque agradeció el gesto del presidente Biden de reconocer los avances de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción, dijo que es el resultado de la voluntad política del gobierno del presidente Abinader, de apoyar la plena independencia de la justicia y despolitizar los poderes del Estado. Y que además ha sido el producto de todo el trabajo que se ha hecho en su oficina en pro de la transparencia de la gestión gubernamental en todas las instituciones del Estado. Es decir, que más que una cuestión coyuntural, era un reconocimiento a todo un proceso en desarrollo.
Miriam Germán y los ataques del PLD
Pero no fue solo el discurso del presidente Biden. Una declaración que podría considerarse inapropiada del jefe de campaña del PLD, Francisco Javier García, que sugería que el Ministerio Público estaba al servicio del gobierno, y que incluso lo dirigían desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, provocó una contundente respuesta de la procuradora general, Miriam Germán Brito, quien dijo que "constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta (venganza) política”.
Más aún, profundizó las expresiones de la gente en torno al derecho a la manifestación: “Es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial. Sin embargo, debemos cuidar las formas de ejercer este derecho”, expresó al leer un documento ante periodistas que cubrían el seminario internacional “Follow the Money: Nuevas Modalidades de Lucha Contra el Narcotráfico y el Blanqueo de Dinero”, efectuado en el Distrito Nacional.
Sus declaraciones pusieron a la defensiva a Javier García, y debió precisar sus palabras sobre la relación entre el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República: “En ningún momento he hecho alusión ni me he referido a la persona de la actual procuradora general de la República, una persona que cuenta con todo nuestro aprecio y toda nuestra admiración”.
Aunque los legisladores mantuvieron una línea de confrontación mediante el abandono de sus curules, el partido canceló los llamados a movilización y a asumir las tareas convencionales, como la realización de los llamados “Esfuerzos Concentrados”, con el objetivo de obtener Un Millón de Amigos para Abel Martínez, su candidato presidencial. Asimismo, el candidato continuó su labor proselitista en la provincia de Elías Piña y el jefe de la campaña Javier García se trasladó a la Línea Noroeste, donde celebró asambleas con dirigentes locales.
La “mini cumbre” de Margarita
Algo desafortunada resultó la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que en medio de la situación generada por el sometimiento de los exfuncionarios peledeístas propuso una “mini cumbre” entre los cuatro líderes políticos más importantes del país, en el entendido de que “se avecina una recesión internacional” que necesita de la previsión de Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader.
Y ahí mismo dijo que el arresto de Gonzalo Castillo era una señal de que estamos frente a una crisis del sistema político, un tema que debe ser dilucidado por el liderazgo nacional.
PC rechaza haya crisis de gobernabilidad
Mientras, Participación Ciudadana rechazó la propuesta de la exvicepresidenta Margarita Cedeño, sobre la “mini cumbre por la supuesta “una crisis de gobernabilidad” y resaltó que la población está satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Independiente.
Abel se mostró cauto
Quien se ha mostrado con cierta cautela ha el candidato Martínez, quien prefirió “esperar” que la justicia actúe con “comedimiento, equilibrio y respeto del debido proceso”, lo que pudiera interpretarse como una manera de guardar distancia en medio de la línea de fuego de la dirección del partido y las acusaciones del Ministerio Público contra los exfuncionarios.
Conep y la corrupción
Fue definitivamente una mala semana para el PLD. Juan Celso Marrazini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), interrogado sobre el tema de la corrupción dijo: “El Conep ha sido reiterativo en que apoya la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Eso es algo que hemos respaldado siempre, en el sentido de percepción de riesgo, las consecuencias, pues son parte fundamental de la estabilidad, de la convivencia que se tiene en democracia; obviamente, siempre con respecto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y apelando a que la Justicia se siga fortaleciendo para que el régimen de consecuencias salga producto de los procesos judiciales, y sencillamente se haga dentro de un marco de equilibrio que no afecte la estabilidad y genere un mar de incertidumbre”.
Vincho le marcha al PLD
El presidente fundador de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo (Vincho), antiguo aliado del PLD, arremetió contra los peledeístas, a quienes atribuyó plan de desestabilización de la paz social, promovido por la cúpula de esa organización contra las acciones anticorrupción del Ministerio Público (MP) que han llevado a la cárcel a importantes funcionarios del pasado gobierno.
“Advierto al país de los enormes peligros que representa esta urdimbre que ya se ha materializado con actos de inducida y hasta financiada violencia de grupos enardecidos contra la autoridad en procura de obtener la impunidad de los procesados bajo la amenaza física al Poder Judicial”, expresó Castillo.
Castillo dijo que las acciones del Ministerio Público no pueden ser consideradas persecución política, cuando de lo que se trata es de acusaciones de fraudes y robos al erario, sustentados en evidencias, que incluye confesiones de participantes en la alegada red, que han devuelto miles de millones de pesos desfalcados.
Con este vendaval adverso, en la semana previa a la Mayor, o Santa, era suficiente para que el PLD se recogiera y reorientara el rumbo de confrontación por acusaciones de corrupción contra varios de sus dirigentes y exfuncionarios, que se agravaron cuando los 14 encartados aceptaron los cargos y decidieron colaborar con el Ministerio Público.
Todo indica que después de los aletazos de finales de marzo, difícilmente el PLD vuelva por la línea de confrontación, que probablemente lo aislaría de los segmentos de la población que aplauden las persecuciones y sometimientos del Ministerio Público funcionarios de la administración pasada señalados por cargos criminales.
Persistir en profundizar la confrontación sería acentuar la tendencia a la deriva.
Saludo, bien dijo el expresidente Leonel Fernández que el PLD produciría una fabrica de presidente. Ha sido todo los contrario. Ha sido de ladrones. Ojalá que la llamada colaboración con la fiscalía no se convierta ahora una oportunidad para que alguien que se haya 40 0 50 millones trate de colaborar y salga con una pena mínima. Y ¿los familiares de estos ladrones, los hijos, las esposas,los padres podrán salir al publico? ! Que vergüenza!