El operativo contra el Madleen, que transportaba ayuda a Gaza, podría violar el derecho internacional, según análisis publicado en The Conversation.
El gobierno de Israel enfrenta una nueva ola de críticas por la interceptación del barco humanitario Madleen, una embarcación civil con bandera británica detenida por fuerzas israelíes el 9 de junio a unos 200 kilómetros de la costa, en aguas internacionales. La operación, calificada como una posible violación del derecho internacional, ha encendido la alarma entre juristas y organizaciones humanitarias.
El caso ha sido analizado por la profesora Shannon Bosch, experta en derecho internacional de la Edith Cowan University, en un artículo publicado en The Conversation. Bosch argumenta que, de acuerdo con las leyes internacionales vigentes, la acción militar de Israel no solo podría ser ilegal, sino que además contraviene resoluciones recientes de la Corte Internacional de Justicia que exigen el libre paso de ayuda humanitaria hacia Gaza.
La Flotilla de la Libertad, una coalición internacional de activistas, había organizado el viaje desde Sicilia. A bordo del Madleen se encontraban figuras como la activista climática sueca Greta Thunberg, la eurodiputada Rima Hassan y periodistas franceses. La embarcación transportaba leche en polvo, alimentos, suministros médicos y kits de desalinización de agua, todos confiscados por el ejército israelí al desviar el barco al puerto de Ashdod.
¿Legal o ilegal?
Según el Manual de San Remo de 1994, un bloqueo naval en tiempos de guerra solo es legal si cumple con cinco condiciones, entre ellas: ser declarado oficialmente, no afectar puertos neutrales, aplicarse de manera imparcial, y, crucialmente, no impedir el acceso de ayuda humanitaria a la población civil. Israel, junto con Egipto, mantiene un bloqueo sobre Gaza desde 2007 con el argumento de frenar el contrabando de armas hacia Hamás, pero para muchos analistas y organismos internacionales, esto constituye un castigo colectivo.
“Si un bloqueo impide la entrega urgente y sin trabas de ayuda humanitaria, puede considerarse ilegal”, advierte Bosch, quien cita principios del derecho humanitario codificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, señala que el Madleen operaba amparado por tres órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia emitidas en 2024.
Libertad de navegación y derechos de los civiles
El derecho internacional también establece con claridad que, en aguas internacionales, ningún Estado puede interceptar un buque extranjero salvo en casos muy específicos, como piratería, tráfico de esclavos, emisiones ilegales, ausencia de bandera o legítima defensa. Si Israel no logra justificar su actuación como parte de un bloqueo legal, la interceptación del Madleen sería una clara violación del principio de libertad de navegación.
Respecto al trato dado a los tripulantes detenidos, el artículo recuerda que el Cuarto Convenio de Ginebra protege a los civiles y trabajadores humanitarios, quienes no deben ser tratados como combatientes ni castigados sin el debido proceso. Las amenazas de deportación y la detención sin garantías procesales podrían constituir violaciones graves de este marco legal.
Un precedente nada lejano
Este no es el primer incidente de este tipo. En 2010, Israel asaltó otra flotilla con destino a Gaza. Nueve activistas turcos murieron en el ataque al Mavi Marmara, lo que desató una condena internacional y un posterior alivio parcial del bloqueo. Una misión de investigación de la ONU concluyó que la acción israelí violó el derecho internacional y causó un daño desproporcionado a la población civil.
La historia parece repetirse. La Fundación Hind Rajab ya presentó una denuncia formal ante la Unidad de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana del Reino Unido por la interceptación del Madleen, alegando detención forzosa, obstrucción de ayuda humanitaria y tratos degradantes.
Mientras tanto, el gobierno israelí insiste en que actúa dentro de sus derechos para proteger su seguridad nacional. Sin embargo, como concluye Bosch, el caso plantea una pregunta urgente que trasciende la política y apunta directamente al corazón del derecho internacional: ¿hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad antes de que sus acciones se vuelvan ilegales?
