Por Gregorio Montero
Uno de los desafíos más importantes que enfrenta cada institución pública que se crea es poder justificar su existencia frente a una ciudadanía que se torna cada vez más meticulosa y pendiente de la forma en que los gobernantes hacen uso de los ya escasos recursos económicos con los que cuenta el Estado.
Está claro que en la medida en que salen a la luz datos relacionado con la desviación y el despilfarro de fondos públicos, como consecuencia de la corrupción administrativa que galopa en muchos de nuestros países, la sociedad se indigna y exige transparencia y rendición de cuentas de las actuaciones del gobierno, especialmente respecto de las que están asociadas al gasto público; se puede constatar que así está ocurriendo en gran parte de los países de la región, en el nuestro también.
Este interés ciudadano ha venido contribuyendo a que el concepto de valor público, que es a la vez una filosofía que aporta al correcto direccionamiento de la gestión pública, haya ganado fuerza, a un punto tal que se erige como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de determinados indicadores de desempeño del sector público.
Cuando se habla de valor público se hace referencia al valor que agrega el Estado y sus instituciones, como consecuencia de sus actuaciones, y que se concretan en políticas, normas, regulaciones y prestación de servicios públicos; aquí su asociación con la democracia y las políticas públicas queda más que clara.
El concepto de valor público fue introducido a partir de 1995, se podría decir recientemente, por el profesor y autor estadounidense Mark Moore, con el propósito de resaltar la necesidad de que los empleados del Estado administren los servicios públicos bajo la convicción de que deben actuar con enfoque de gerencia y liderazgo institucional.
El planteamiento del valor público aplicado a las instituciones del gobierno, permite centrarse en los beneficios sociales que deben percibir los ciudadanos y repensar de forma permanente la gestión pública y la mejora de los sistemas de prestación de servicios públicos.
Es importante acotar que para que se verifique realmente la existencia de valor público, hace falta que la ciudadanía pondere positivamente las acciones de la Administración Pública y exprese su satisfacción, es decir, debe verificarse la legitimación de la actuación gubernamental; por ello, agregar valor público implica, necesariamente, la participación de los usuarios de los trámites y servicios en el proceso de construcción e implementación de las soluciones más atinadas.
Ahora bien, desde el punto de vista práctico, agregar valor público significa hacer cada vez mejor las cosas en los entes y órganos públicos, logrando a la par satisfacer a los ciudadanos y ciudadanas; aquí su estrecha vinculación con la innovación y la tecnología es ostensible.
El concepto de valor público aparece asociado a principios generales de la Administración Pública, tales como interés general, juridicidad, igualdad, calidad, eficiencia, transparencia y evaluación; el mismo toma en cuenta el valor que los ciudadanos otorgan a los bienes y servicios que reciben del Estado.
Gestionar con un enfoque de valor público implica que la actuación del gobierno tenga en cuenta las necesidades más importantes de la gente e incorpore acciones dirigidas al desarrollo sostenible, a partir de un enfoque sistémico sobre los problemas públicos; aquí su gran relación con los sistemas de planificación y presupuesto es comprobable.
La agregación de valor público se plantea en la actualidad como una teoría que, desde la gerencia social, procura contribuir a la solución de los problemas públicos que afectan la relación Estado-ciudadanía, a partir del abordaje concreto de temas relacionados con pobreza, desigualdad, cambio climático, seguridad, y otros. Por tal motivo, los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 ofrecen una gran oportunidad para que los gobernantes asuman definitivamente el rol que les corresponde en cuanto a poner en marcha las políticas y acciones que propendan al desarrollo humano integral y a la generación de confianza ciudadana, para lo cual es crucial aportar valor público.
En el caso de nuestro país, la decisión del Estado en cuanto a políticas, normas, regulaciones y acciones dirigidas a la prestación de servicios con base en la teoría de valor público, quedó plasmada, fundamentalmente, en la Ley No. 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por lo que se hace necesario, tal como hemos planteado en otras entregas, aunar esfuerzos para garantizar su efectiva aplicación, haciendo el seguimiento y las mediciones correspondientes, con transparencia, y rindiendo cuenta a la sociedad de forma permanente.
Las instituciones públicas tienen una razón para existir, que se esboza en la norma que les sirve de soporte y en los objetivos y competencias asignadas al momento de su creación; esa razón institucional se supone responde a una necesidad social, verificada por estudios y análisis de factibilidad, que propician la seguridad de que los entes y órganos públicos, bien diseñados y gestionados, administrarán políticas públicas y desarrollarán acciones que aportarán valor público, percibido y aceptado por la ciudadanía. Esto plantea la necesidad de que las políticas y las acciones del Estado deben ser útiles a las personas.
Es importante identificar la relación existente entre valor público y gestión para resultados, pues, precisamente, agregar valor es entregar productos que impacten en el bienestar de la población, y permite al gestor público responder preguntas básicas como ¿cuál es la utilidad del servicio que gestionan? ¿A quién se debe rendir cuentas? ¿Cómo verificar que se tiene éxito en la gestión? Resulta fundamental entender que todo esto determina, incluso, el modelo de gestión pública que debe ser instaurado, con perspectiva de integralidad, para que quienes toman las decisiones se aseguren de que se alcanzarán los mejores resultados para la sociedad, con los recursos disponibles.
El enfoque de creación de valor público desde el Estado se sustenta en las instituciones, los servidores públicos y la ciudadanía; en este contexto, el Estado produce valor a través de las políticas públicas, acciones, regulaciones y prestación de servicios, y los ciudadanos y ciudadanas, percibiendo el impacto y beneficios de ellas, expresan su conformidad. Ahí radica uno de los aspectos centrales para la legitimación de las autoridades públicas.
¡Agregar valor público es una de las condicionantes del éxito de la gestión pública y del gobierno!
