Por Gregorio Montero
Concluyendo con la serie de tres artículos sobre políticas públicas, dedicamos el presente al seguimiento que se les hace en nuestro país. Ya habíamos dejado establecido que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), es el órgano rector de las políticas públicas, por lo que es el responsable de dar seguimiento al conjunto de políticas públicas dispuestas por la Ley No. 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y de velar porque las instituciones gubernamentales, a través de sus unidades internas de planificación, diseñen e implementen sus planes estratégicos y operativos de conformidad con la END y las políticas priorizadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
Hemos comentado que cada eje estratégico contiene indicadores y metas que permiten evaluar y medir de forma sistemática el progreso de las políticas públicas, ellos determinan la metodología de cálculo y la fuente de información, tomando en cuenta los planes estratégicos institucionales, sectoriales y regionales, así como el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, cuyos indicadores específicos y metas intermedias deben estar vinculados a los indicadores y metas más generales.
La Ley ordena al MEPyD a presentar un informe anual que contenga datos sobre el proceso de implementación de las políticas públicas y los resultados que se van obteniendo; todo esto, a partir de los indicadores que se consideran más críticos.
En noviembre del año 2022 se publicó el Décimo Informe Anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público al 2021, en el que se da cuenta del desempeño en el cumplimiento de los 96 indicadores que le sirven de base y de los desafíos más importantes que se enfrentan.
Se destaca que, de los 96 indicadores considerados, el 9.4 %, 9 indicadores, alcanzaron la meta establecida al 2025; el 10.4 %, 10 indicadores, podrían alcanzar la meta quinquenal; el 28.1 %, 27 indicadores, retrocedieron con relación al 2015 y la meta programada al 2025; el 34.4 %, 33 indicadores, muestran avance moderado; sobre el 17.7 %, es decir, 17 indicadores, no se dispone de información actualizada.
A continuación, analizamos los avances por eje:
En cuanto al primer Eje, un Estado social y democrático de derecho, que contiene 11 indicadores que inciden en el desarrollo institucional, el 27.3 %, 3 indicadores, alcanzaron la meta establecida al 2025; el 9.1 %, 1 indicador, mantiene un crecimiento promisorio para lograr la meta; el 36.4 %, 4 indicadores, muestran crecimiento moderado; el 18.2 %, 3 indicadores, retrocedieron; el 9.1 %, 1 indicador, no muestra cambios. La perspectiva de avance de la meta establecida al 2025 correspondiente a este Eje muestra que el 36.4% de los indicadores alcanzarían la meta quinquenal; el 54.5% se quedaría detrás, y el 9.1% no dispone de información actualizada.
El segundo Eje proyecta la igualdad de derechos y oportunidades, está conformado por 50 indicadores, de los cuales fueron evaluados 44; el 8.0 %, 4 indicadores, alcanzaron la meta quinquenal; el 14.0 %, 7 indicadores, mantienen un crecimiento promisorio; el 36.0 %, 18 indicadores, mostraron crecimiento moderado; el 30.0 %, 15 indicadores, retrocedieron; el 12.0 %, 6 indicadores, no poseen información actualizada.
El tercer Eje, que apunta a una economía sostenible, integradora y competitiva, posee 31 indicadores que evalúan aspectos como finanzas públicas, competitividad, infraestructura, turismo, educación superior, investigación, desarrollo y tecnología, desempeño económico y el sector eléctrico. El 6.5 %, 2 indicadores, alcanzaron la meta al 2025; el 3.2 %, 1 indicador, muestra un avance promisorio hacia la meta; el 35.5 %, 11 indicadores, presentan avance moderado, el 29.0 %, 9 indicadores, han retrocedido; el 25.8 %, 8 indicadores, no cuentan con datos actualizados.
El cuarto Eje está enfocado en la Producción y el consumo ambientalmente sostenible que se adapta al cambio climático, cuenta con 4 indicadores. El 50 %, 2 indicadores, no poseen información; el 25 %, 1 indicador, alcanzó la meta quinquenal establecida; el 25 %, 1 indicador, muestra avance moderado.
En lo que respecta a las políticas públicas transversales, se realizaron avances en la implementación de las siete (7) contenidas en la Ley No. 1-12, según se describe a continuación.
En cuanto a Derechos Humanos, las actividades realizadas se alinean con cuatro (4) objetivos generales y con seis (6) líneas de acción; respecto de Enfoque de Género, las actividades se vincularon con veinte (20) líneas de acción y once (11) objetivos generales; en torno a Sostenibilidad Ambiental, las acciones ejecutadas se alinean con cuatro (4) objetivos generales y dieciséis (16) líneas de acción; en lo que respecta a Gestión Integral de Riesgos de Desastres, se ejecutaron iniciativas vinculadas a dos (2) objetivos generales y diez (10) líneas de acción; en lo atinente a la Cohesión Territorial, las iniciativas impactaron a tres (3) objetivos generales y diez (10) líneas de acción; en lo que respecta a Participación Social, las acciones estuvieron encaminadas a vistas públicas en torno a la revisión de normas, participación en el Diálogo por las Reformas; en lo relativo al Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los avances se expresan en la Agenda Digital 2030 y las acciones se vinculan a cinco (5) objetivos generales y nueve (9) líneas de acción.
Las leyes de Planificación e Inversión Pública y de la Estrategia Nacional de Desarrollo instruyen para que se aprueben los planes estratégicos institucionales, no obstante, en muchos, casos dichos planes no responden a los ejes estratégicos de la END o no son diseñados con el rigor técnico que se requiere; también, a pesar de que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Administración Pública también instruyen para que las estructuras organizativas de los entes y órganos públicos estén en consonancia con los principios que rigen la materia y se correspondan con los requerimientos de los planes institucionales, en muchos casos no ocurre así.
La baja institucionalidad y la falta de coordinación de los entes y órganos públicos representan un reto importante para el éxito de las políticas públicas, así como la escasa disponibilidad de información precisa y confiable sobre aspectos económicos y sociales y procesos importantes de la gestión pública dificultan que el ciclo de las políticas públicas se cumpla de forma correcta.
Otro desafío tiene que ver con los sistemas de información, los que no reportan datos necesariamente confiables, pues, a pesar de que son muchos los sistemas transversales de gestión púbica disponibles, y son importantes los recursos económicos que se dedican a las soluciones informáticas, la falta de interoperabilidad y de estandarización de formatos y datos no permite el intercambio oportuno de la información y resta confiabilidad a los datos.
Constituye un desafío la cooperación internacional, ya que es vital para apoyar y garantizar el éxito de las políticas públicas, pues hay que ser conscientes de que en nuestros países los recursos económicos internos disponibles no son suficientes para atender las mejoras institucionales necesarias, pues se suelen priorizar los problemas que afectan directamente a la ciudadanía. También, constituye un reto la formación y capacitación del talento humano necesario para gestionar políticas públicas.
Entendemos que es preciso que el país avance en la consagración de todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, especialmente en el monitoreo y evaluación, desarrollando indicadores y metodologías adecuadas, teniendo siempre en cuenta que en materia de gestión pública lo que no se mide no se mejora.
