La Administración del presidente Donald Trump ha revocado los permisos de residencia y trabajo otorgados a través del programa CBP One, instando a sus beneficiarios a abandonar el país de forma inmediata. Esta medida afecta a aproximadamente 936,500 personas que ingresaron a Estados Unidos mediante esta aplicación de citas migratorias, implementada en enero de 2023 por el gobierno de Joe Biden para gestionar de manera ordenada la entrada de migrantes y reducir los cruces irregulares en la frontera con México.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) notificó a los afectados a través de correos electrónicos, indicando que sus permisos de trabajo ya no son válidos y que deben salir del país. En el mensaje enviado a una familia hondureña que ingresó a finales del año pasado, se lee: "Es hora de que abandone Estados Unidos".
CBP One fue diseñado por la anterior administración como una vía legal para que los migrantes pudieran programar citas en los cruces fronterizos, evitando así entradas irregulares y aliviando la presión en la frontera. Sin embargo, la actual administración considera que la cancelación de estas autorizaciones es una medida necesaria para asegurar las fronteras y proteger la seguridad nacional.
En su primer día en el cargo, el presidente Trump canceló el programa y las citas que estaban ya agendadas, dejando a miles de personas varadas en México a la espera de su turno para ingresar al país. Los permisos otorgados eran temporales, generalmente de dos años, pero permitían a los beneficiarios buscar otras vías legales para permanecer en Estados Unidos.
Ahora, la Administración insta a los migrantes a autodeportarse utilizando la aplicación CBP Home, que sustituye a CBP One y tiene como objetivo facilitar la salida voluntaria de los migrantes. Al presentar el mes pasado este programa de autodeportación, la secretaria del DHS, Kristi Noem, criticó que "la Administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a Estados Unidos". Añadió que, con el lanzamiento de CBP Home, se está "restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración".
El objetivo de CBP One era precisamente evitar la inmigración irregular. Noem declaró que la opción de irse voluntariamente es la única que permitiría a los migrantes poder ingresar de nuevo en el futuro a Estados Unidos. "Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán", advirtió. Sin embargo, expertos en inmigración han puesto en duda que quienes se autodeporten tengan realmente la posibilidad de regresar al país legalmente en el futuro.
La política migratoria de la actual administración ha resultado en una reducción drástica de los cruces ilegales en la frontera. La semana pasada, el DHS anunció que en marzo se registraron 7,180 cruces ilegales en la frontera con México, un 92% menos que los ocurridos en diciembre de 2024.
Con la revocación de CBP One, el gobierno de Trump deja claro que su propósito de expulsar a los migrantes no se limita únicamente a quienes se encuentran en el país de manera ilegal o tienen antecedentes delictivos. Esta medida se suma a la cancelación de permisos de residencia que beneficiaban a cientos de miles de migrantes y que les permitían trabajar legalmente en el país. El mes pasado, el DHS retiró el permiso a 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían ingresado al país con un patrocinador financiero a través del programa de parole humanitario, destinado a países en situación de conflicto o crisis. Los beneficiarios de este programa tenían hasta el 24 de abril para abandonar el país o enfrentarse a la detención.
Otra de las iniciativas del presidente Trump para retirar la legalidad a quienes disfrutaban de ella fue la cancelación del programa de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a unos 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos. Un juez ha bloqueado temporalmente la eliminación del programa para los venezolanos, lo que, de no haber sido así, habría obligado a unos 350,000 a abandonar el país antes del 7 de abril y a otros 250,000 antes de septiembre. El TPS se concibió en 1990 para acoger a migrantes de países que sufren desastres naturales o conflictos armados. El juez que bloqueó su cancelación señaló que se trataba de una "acción sin precedentes" y "un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa".
Estas decisiones han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en inmigración, quienes advierten sobre las posibles consecuencias humanitarias y legales de estas medidas, así como el impacto en las comunidades migrantes que han establecido sus vidas en Estados Unidos.
