Por Alfonso Tejeda
El debate presidencial de la pasada semana ha resaltado en la colectividad como una de las actividades más civilizadas de la política vernácula -caracterizada por la confrontación- contrastando así con la paralización de la docencia, deplorable acción protagonizada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), misma que un muy perspicaz articulista caricaturizó por el tema motivador (“La casa de cartón”, una canción protesta de los años ‘70s del siglo pasado, que por demás es realidad superada por la mayoría de los maestros/as en el país).
En ese debate, uno de los debatientes hizo hincapié en la calidad de la inversión de más de 80 mil millones de dólares, que, en cumplimiento de la asignación del cuatro por ciento del PBI, hace el Estado para la Educación pre-universitaria desde 2013, pero que, por el manejo dado a esos cuantiosos recursos, 11 años después, los resultados son muy cuestionables, realidad que la ADP desestima, y solo se interesa por más beneficios económicos y sociales que los recibidos.
Infructuosos han sido los reiterados esfuerzos del ministerio de Educación para que el gremio profesoral cumpla lo pactado en varias oportunidades, la última en julio de 2023, mediante el “Acuerdo por la Defensa y el Derecho a la Educación”, cuando se comprometieron – ¡otra vez!, con el mandato cuarto:
“Calendario y jornada escolar en todos los centros educativos del país.
“Las partes acuerdan y se comprometen a garantizar de manera efectiva el cumplimiento del calendario y horario escolar en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente con la creación de un ambiente escolar favorable al proceso de aprendizaje de los estudiantes”.
Ya el martes pasado, los maestros abandonaron las aulas, lo que cuesta al país RD$1,538.8 millones por cada día sin docencia, acción que amenazaron repetir esta semana, – un “recrudecimiento de la lucha”, tal como adelantó Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP- para demandar un cerrado aumento salarial de un 20 por ciento, que implicaría otros RD$43,775.6 millones adicionales anual en pagos, y que, de concederse, elevará al 60 por ciento el gasto de capital del presupuesto.
Ante su demanda, el gremio nada toma en consideración, tal como han hecho con varias sentencias judiciales-administrativas dictadas por tribunales de San Pedro de Macorís, Barahona y Santiago, cumpliéndolos a desistir de la interrupción de la docencia, que afecta a más de dos millones y medio de estudiantes que asisten a las escuelas públicas, pese a que la misma ADP reconoce son los más desfavorecidos y vulnerables, por y ante los resultados de la calidad educativa dominicana.
Una particularidad del debate aludido es considerarlo como un precedente en la política dominicana, condición que asoma en la actitud que frente a la conducta adepeísta están asumiendo organizaciones como las que suscribieron un documento público en el que les exigen al gremio desistir de la paralización de la docencia, tal como también pidió una entidad de Padres y Tutores de estudiantes, que en uno de sus carteles manifiestan “estamos jartos de la ADP”, y de renombrados columnistas que en los periódicos condenan esas acciones y recuerdan que la Educación es un servicio público.
