El Senado de la República aceleró la sanción el miércoles 13 de julio en segunda lectura del proyecto de ley sobre Extinción de Dominio, supuesto a facilitar la lucha contra la droga, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, en un ambiente de confrontación que nada tiene que ver con el propósito que persigue y que se afirma en la iniciativa del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La afirmación anterior se fundamenta en el hecho de que, en realidad, el proyecto de ley sometido al Congreso por diferentes legisladores, que ha debido ser fundido en una versión llena de contradicciones y juego de intereses, debía afirmarse esencialmente en el Modelo que sugiere la UNODC, pero las partes prefieren una norma a la medida de sus conveniencias coyunturales o a sus propósitos políticos de largo plazo.
Un análisis del comportamiento de los representantes en el Congreso Nacional muestra abiertamente que cobra importancia una aprobación desde una construcción de un discurso politiquero contra quienes en el momento pueden ser presentados como los corruptos del pasado. Mientras, estos reaccionan para evitar que se les vea como tales.
En la práctica, perfectamente podría plantearse que a ninguno les interesa una ley que permita la confiscación de los bienes mal habidos.
El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) proyecta la pieza como la vía más expedita para perseguir la corrupción de los últimos 20 años, lo que podría gravitar como un arma contra sus adversarios. Y al efecto, se presenta como adalid de la anticorrupción, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.
La oposición, y en particular, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende de lo que se trata es de desnaturalizar una ley para convertirla en otro medio persecutorio, toda vez que acaba de salir el poder y varios de sus colaboradores han sido perseguidos por corrupción, estafa y lavado de activos.
Unas declaraciones del presidente Luis Abinader el pasado 29 de junio en la embajada de Estados Unidos probablemente influyó en el ánimo de los legisladores para precipitar la aprobación de un proyecto que aún no logra el consenso de diferentes sectores.
"Estamos comprometidos en el proceso de la transparencia y de ser un ejemplo de democracia, colaborando con los demás partidos políticos. En las próximas semanas, deben de aprobarse esas leyes fundamentales para seguir avanzando, como la ley de extensión de dominio y el proyecto también de modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas", dijo Abinader ante Robert Thomas, encargado de Negocios de la embajada en el país y otras personalidades.
Pero las observaciones que ha hecho la oposición al proyecto han sido desoídas por la mayoría de los legisladores del PRM, que prefirieron aprobarla en el Senado, sin escuchar la advertencia de que la misma podría terminar en el Tribunal Constitucional, porque se trata de una norma con características orgánicas y porque contiene preceptos contrarios a la norma constitucional, como la irretroactividad y el derecho a la propiedad, preceptos fundamentales de la Constitución.
Por eso, hay quienes sostienen que el PRM actúa consciente de que aprobarlo como ha ocurrido equivaldría a nada, por las anunciadas observaciones de diferentes sectores. Sin embargo, desde la perspectiva del debate, parece manifiesta la intención de presentar a unos como los malos, contrarios a la persecución de los criminales y los buenos, que cargan con el portaestandarte de la ley.
Al final, ninguna de las partes habría hecho lo correcto para que desde el Congreso salga una ley consensuada y acogida en los términos requeridos por las recomendaciones de la UNODC y las previsiones dela Constitución dominicana.
Sectores
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) a través de su presidente Miguel Surún Hernández, dijo que se pretende aprobar el proyecto sin las dos terceras partes que requieren las leyes orgánicas para que “corra la misma suerte que el Código Penal, que fue declarado inconstitucional por violación a los procedimientos instaurados por la institución para la aprobación de piezas legislativas”.
Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha dicho que "es una ley que trata precisamente de poder expropiar propiedades y para eso hay que tener los mecanismos que sean los que logren ese fin, propiedades que vengan de actos de terrorismo, de narcotráfico, que vengan de actos de corrupción y entendemos que hay leyes de lavado y para atacar la corrupción o la evasión fiscal suficientes para eso… Hay que buscarle el balance y eso se logra siempre con las discusiones, el tiempo que tome, pero que se logre el objetivo".
La vicepresidenta ejecutiva AIRD, Circe Almánzar, declaró recientemente que a los empresarios les preocupa que el proyecto de ley de Extinción de Dominio, si es aprobado como se ha propuesto, afecte la inversión extranjera. Recomendó delimitar su alcance y especificar sobre cuáles delitos se basará para recuperar bienes adquiridos de forma ilícita.
Los empresarios acudieron al Congreso cuando se empezó a plantear que la elusión fiscal entrara en los tipos delictivos que pudieran ser perseguidos por la nueva ley.
Y el pasado 16 de julio la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) también expresó preocupación por la aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio, en los términos en que se conoce y por la forma que se sigue en el Congreso.
“La redacción actual del proyecto de Ley de Extinción de Dominio es incompatible con la Constitución y genera una alta preocupación en el empresariado joven. Como la falta de seguridad sobre la propiedad de los bienes, los requisitos para considerar que un adquiriente goza de “buena fe” y la retroactividad que dispondría esta legislación”, afirmó Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE
El PLD ha insistido en “que no sólo incluya la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, sino el fraude tributario de la elusión fiscal, que ha permitido a empresarios evadir el pago de impuestos mediante la creación de offshore o compañías de carpeta creadas fuera del país en paraísos fiscales”.
LA CONSTITUCIÓN DE POR MEDIO
Para diferentes juristas, entre ellos Cristóbal Rodríguez Gómez, según artículo publicado en Diario Libre, varios factores conducirían el proyecto convertido en ley al Tribunal Constitucional:
-La creación de una jurisdicción especializada como un tribunal de Extinción de Dominio, sugeriría un nuevo órgano en el aparato judicial. Solo sería posible mediante una ley orgánica. La nueva norma impactaría también otra jurisdicción especial como es la Inmobiliaria, aprobada mediante una ley orgánica.
-También entrañaría “riesgos para el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. El derecho de propiedad es la quintaesencia del régimen económico organizado por la Constitución, sin el cual no se pueden entender: I) la orientación a la “búsqueda del desarrollo humano”, como su propósito central (artículo 217); II) la libertad de empresa, como el primero en el catálogo de los “derechos económicos y sociales” (artículo 50); o, III) la libre iniciativa privada, como condición del “crecimiento equilibrado y sostenido de la economía” (artículo 218) y como la forma a través de la que se expresa el mandato de creación de “las políticas necesarias para promover el desarrollo del país” (artículo 219) (Jurista Rodríguez Gómez).
Otros enfatizan que las persecuciones por ilícitos cometidos con anterioridad a su aprobación, hasta 20 años atrás, contravendrían el artículo 110 de la Constitución dominicana, que establece que “la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
-También se cuestiona el amplio marco de tipos delictivos que la nueva ley sancionaría, al margen de que pudieran estar previstos en otras normas, como la ley 155-17 sobre lavado de activos.
