El proceso político bajo amenazas latentes

Por Osvaldo Santana
En medio del concierto que celebra el consenso entre los aspirantes presidenciales para participar en un debate televisivo, como expresión del avance democrático en República Dominicana, subyace una inquietud: ¿qué tan ciertas son las garantías de que las elecciones de mayo serán ejemplares, que no se repetirán los hechos del 18 de febrero y que las mismas no generarán un estado de resentimiento entre los perdedores?

Es una inquietud que nadie aborda pese a que persisten las quejas por los procedimientos non sanctos utilizados para garantizar determinados resultados previamente anunciados que cada día se confirman, según averiguaciones.

Los relatos sobre el operativo nacional de compra masiva de cédulas, o el compromiso pagado de no acudir a las urnas, el mecanismo del “voto asistido” de personas hábiles, como fenómeno llamativo, el cuestionado papel de los agentes policiales y militares en condición de “policía militar electoral”, que dio mucho de qué hablar en materia de complicidades para controlar los centros de votaciones, el extraño ausentismo de delegados, que se escurrieron de las mesas tan pronto cerraron las votaciones, e incluso, acciones de fuerza identificadas en determinadas comunidades, que no repercutieron en los grandes centros urbanos, no han sido suficientemente esclarecidos.

Los partidos opositores, que aún siguen perplejos tras los resultados del 18 de febrero, incapaces de comprender todo lo ocurrido, han recurrido a la Junta Central Electoral (JCE) para reclamar la implantación de un paquete de “medidas preventivas” de difícil aplicación, no solo por voluminosas, sino porque sin la cooperación de los propios agentes políticos en los territorios devendrían en mera quimera.

Asimismo, con presupuestos deprimidos para la segunda fase de la campaña hacia el 19 de mayo, recurren a la JCE y al Tribunal Superior Administrativo (TSA) en la búsqueda de una sentencia que devenga en presión al Ejecutivo que resiste la entrega oportuna de los fondos previstos en los términos de la ley electoral, ahora duplicados para un monto de más de 2 mil millones de pesos, bajo el alegado de que tal desembolso impactaría negativamente los programas de gastos priorizados.

Las peticiones a la JCE y el recurso ante el TSA vendrían a reflejar el estado de indefensión o la clarísima debilidad opositora frente al oficialismo, que en otras circunstancias o condiciones tendría de frente acciones propias de una campaña electoral.

La historia reciente sugiere que las elecciones han estado marcadas por el espíritu pacífico. Sin embargo, en 2020, esa tendencia estuvo al borde de interrumpirse cuando el gobierno de la época bajo la presidencia de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretendieron introducir una reforma constitucional o manipular convenientemente el proceso electoral. La acción popular y la entonces vibrante oposición, lo impidieron.

Anemia electoral

Ahora el país pasa por lo que bien puede definirse como una anemia electoral, aumentada tras los resultados de las votaciones del 18 de febrero. Solo el oficialismo mantiene su dinámica propagandística con todos los recursos a su alcance.

La posición dominante del oficialismo continúa expresándose y la determinación de continuar por ese sendero es más que evidente. La respuesta del presidente Luis Abinader a la petición de Participación Ciudadana para que suspenda la rueda de prensa La Semanal, es una confirmación de ese designio.

El rol avasallante del gobierno en diversos escenarios tiene sus implicaciones. Podría conducir a la oposición a valorar los hechos en otras perspectivas si percibe que puede ser conducida a una masacre como la de febrero.

La oposición, si bien hizo algunos arreglos para ampliar su alianza congresual, persiste con los reclamos de garantías ante la JCE y demanda fondos por las vías instituciones, no se siente, pese a que ya quedan menos de 60 días para el certamen.

¿Qué más puede hacer la oposición que la ayude a modificar el actual panorama? ¿Una línea de acción más activa o inteligente y quizás más agresiva? Naturalmente, ninguna iniciativa puede ser a contrapelo del sentir de la población que por momentos luce ajena al proceso.

Llevar a la oposición a posiciones extremas puede ser peligroso, no ya por los resultados mismos de las votaciones, sino por la potencial siembra de resentimientos, si cree que ha sido víctima de procedimientos espurios.

Los oficialistas, como gobierno, deben ser garantes de la gobernabilidad, de la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes. Esa misión no es única de la JCE, sino singularmente de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de la Nación, mediante el respeto de las leyes y las normas previstas en la constitución, lo que da sentido a una verdadera democracia. Son obviamente garantes del proceso.

La abstención y la población
La más reciente encuesta de Gallup RCC Media (marzo 2024) explica parte de los motivos de la baja concurrencia a las votaciones pasadas, al margen de los mecanismos de inducción utilizados.

Según Gallup, cuando sus encuestadores preguntaron a la gente por qué no votó en las elecciones municipales del 18 de febrero, dijo: porque no tenía deseos/ánimos (22.9%); por dificultades para ir a votar (15.3%); no tenía simpatía por ninguno de los candidatos (13.3%); temas de salud/enfermedad (11%); no vota en el lugar que vive (10.7%); no tenía cédula (8.5%); tenía trabajo, le tocó trabajar (7.4); no me gusta votar (4.7%); no tenía dinero y no le dieron (4.1%); no salió en el padrón (1.6%), pero a nadie se le preguntó si no votó porque le compraron la cédula o porque había vendido el voto.

Obviamente, esos hallazgos no explican la alta abstención, aunque sí podrían reflejar el desinterés de una parte de los ciudadanos por las elecciones.

La población, aparentemente muestra signos de abulia política, ¿poco entusiasmo frente a las ofertas electorales?, hay también frustración por la inseguridad, por los desafueros de los delincuentes y por los métodos fallidos para controlarlos. Deterioro de la calidad de vida por el encarecimiento de todo lo esencial para la vida, desde la comida, los servicios y los medicamentos.

Podríamos estar ante un extendido desaliento ciudadano, sin alternativas diferenciadoras en el menú que el sistema político ha servido en la mesa electoral. Y todo eso encierra amenazas latentes.