Por Nelson Marte
Luego de que por tiempo inmemorable la sociedad dominicana reclamó la designación de un Ministerio Público independiente, libre de la contaminación política y de los grandes bufetes de abogados, y el 16 de agosto de 2020 el presidente Luis Abinader le cumplió al pueblo designando procuradora General de la República y Procuradora Adjunta a las magistradas Miriam Germán y Yeni Berenice, el pasado PLD-FP expresó su resistencia a esa designación.
Libraron, sobre todo a través de sus bocinas, una cruzada de sabotaje a esas dos respetadas y admiradas magistradas, tratando de descalificarlas desde siempre y propagando que existía una guerra campal entre ellas dos.
Llegaron a acusar de retaliación política la investigación a ex altos funcionarios morados, lo que se les cayó cuando parte de los imputados devolvieron dinero, admitieron su culpabilidad y se delataron entre ellos.
Pero ya la evidencia había quedado: el pasado PLD-FP se había incriminado al atacar la designación de Miriam y Yeni.
Se incriminaron también al oponerse al anteproyecto de ley de reforma constitucional enviado por Abinader a las mesas de concertación al CES, proponiendo cambiar el nombre de Procurador General de la República por Fiscal General, designándolo por un único e inamovible periodo de seis años, para constitucionalizar y consolidad su independencia.
Volvieron a incriminarse cuando el Ejecutivo anunció la creación del ministerio de Justicia para fortalecer la independencia de la Procuraduría, quitándole cargas que le salen sobrando. También se opusieron, rabiosamente.
Los representantes del pasado PLD-FP tal vez no lo adviertan, pero cuanta vez se oponen al fortalecimiento del sistema judicial, evidencian temer como el diablo a la cruz a la Justicia, lo cual los incrimina una y otra vez.
Vuelven a incriminarse, otra vez, oponiéndose a que se siga el debido proceso a la actual directiva de la Cámara de Cuentas, que se ha evidenciado ingobernable e inoperante para cumplir su obligación de “practicar auditoría externa financiera, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas públicos o privados”.
Resulta que esas auditorías son esenciales para que se pueda cumplir la necesidad de la República Dominicana de darle un corte al robo de los bienes públicos que se ha producido a lo largo de muchos de los gobiernos que hemos padecido, ahorcándonos la posibilidad de hacer las inversiones suficientes en el desarrollo humano e integral del país.
El plan consumado hasta ahora en la Cámara de Cuentas pone en evidencia que la finalidad del pasado era llegar hasta donde estamos hoy: la actual directiva de la Cámara de Cuentas está inhabilitada, y tanto el PLD como la FP bombardean la posibilidad de que -siguiendo el debido proceso- el Congreso Nacional conozca el informe de su comisión investigadora que propone juicio político contra todos los miembros del órgano colegiado.
Tras ser denunciado a gritos en la calle por las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, el pasado PLD-FP se incrimina cuantas veces se hable de administrar justicia.
Por eso su pretensión de que no tengamos Cámara de Cuentas ni control de la corrupción administrativa apunta hacia ellos, cual dedo acusador, una parte de lo cual vemos hoy en los tribunales.
Viene a cuentas la reflexión de que cuando se anda buscando al responsable de un delito, sólo hay que determinar a quién beneficia el crimen.
