Lito Santana
Una vez más la llamada Antigua Orden Dominicana, gana notoriedad ante la opinión pública nacional, incluso internacional. Su estrambótico mensaje en medio del dolor que vive una familia dominicana en el sector Los Mina de Santo Domingo Este, tras perder uno de sus hijos es digno de preocupación.
Naturalmente, el hecho fatídico en el que perdió la vida la vida el joven Nauriel Nizael Medina Pérez, de 14 años, el pasado seis de febrero, llena de tristeza y consternación no solo a sus familiares y vecinos sino a todo el país.
El horroroso caso debe ser perseguido y sancionado de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes de nuestro país. Los culpables deben pagar por sus hechos. Las versiones de este caso señalan que fueron nacionales haitianos que le segaron la vida a Nauriel. Los estamentos que dispone el Estado dominicano para llevar el hecho hasta las últimas consecuencias han prometido que cumplirán con su deber.
Lo que desentona en toda esta tragedia es la actitud asumida por esta llamada Antigua Orden Dominicana, que ha declarado al país y el mundo, que la sociedad debe tomar la justicia en sus manos, para arremeter no solo contra los posibles culpables del hecho, sino contra todos los haitianos que estén por esa comarca.
“Nosotros estamos pidiendo que haya justicia, que sean condenados con la pena máxima. Un ultimátum para que tengan que salir de todos Los Mina los haitianos, porque si ellos no pueden convivir con nosotros, tienen que salir de nuestro país", expresó el líder de ese grupo, Ángelo Vásquez, mientras acompañaba a los familiares de la víctima durante los actos fúnebres.
Es evidente que el llamado de este hombre es una imprudencia que el país jamás puede aceptar.
Trasciende como positiva la posición del Ministerio de Interior y Policía a través de la ministra Faride Rafuel, que trata de poner las cosas en el rigor que establecen las leyes.
“Los llamados lo hace la autoridad y la autoridad está reflejada en el orden jurídico nacional a través de las instituciones. Hay un estado de derecho compuesto por tres poderes del Estado. “Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada, si no es la autoridad a través de los debidos procesos que tiene que agotar”, expresó la ministra Faride Raful.
El Estado dominicano debía tomar en cuenta la soberbia de esa Antigua Orden y aplicarle la ley ante este lenguaje soez y provocador que puede llevar al país hacia un destino que nadie quisiera ver.
La imprudencia verbal debe tener consecuencias.
