El Partido Revolucionario Moderno (PRM) había completado los resultados de su XXI Convención Nacional Ordinaria y el presidente Luis Abinader cerraba un ciclo de recorridos regionales a propósito de su segundo año de gestión, en la búsqueda de un mejor posicionamiento para consolidar su imagen, hasta que se develó que en el proyecto de Presupuesto Complementario de 2022 presentado ante el Congreso se distraían 4,250 millones de pesos al ministerio de Educación.
Ahí empezaba a repetirse una conducta del gobierno ya convertida en rutina, de adoptar una medida para luego dar vuelta atrás, que en la práctica deviene en un autogolpe a su propia imagen.
Todo comenzó cuando el ministro de Hacienda anunció por Twitter el sometimiento al Congreso Nacional del proyecto de ley que modifica la Ley No. 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022, el denominado Presupuesto Complementario, sin recurrir a nuevos financiamientos. La iniciativa, ya tradicional en la gobernanza dominicana, busca suplir necesidades cuando se presentan déficits durante el período en curso.
Según el ministro Jochy Vicente, cerca del 68% de los nuevos requerimientos de gastos se dirigirán a cubrir los subsidios a los precios de los combustibles, alimentos de la canasta básica e insumos productivos; así como el incremento de las transferencias al sector eléctrico y la expansión de los programas sociales.
Vicente explicó que no recurrirían a nuevos financiamientos porque el déficit fiscal sería cubierto con recursos disponibles de ejercicios fiscales anteriores y la reducción en las aplicaciones financieras, logradas en gran medida por la operación de manejo de pasivos realizadas en el mes de febrero 2022.
Lo que no se explicó en ese momento es que parte de los recursos que se utilizarían provenían de los fondos no utilizados hasta entonces por el ministerio de Educación, lo que destapó los infiernos. De ese modo un amplio abanico de la sociedad se levantó en oposición a que fuesen movidos de esa dependencia los recursos originalmente previstos en el Presupuesto de este año.
Un foco de conflicto: el 4% para la educación
La presentación del Presupuesto Complementario, una rutina en casi todas las administraciones gubernamentales, se convirtió de esa forma en un foco de distracción del gobierno.
De la nada surgió un movimiento de rechazo al traspaso de los fondos de Educación principalmente para la presidencia de la República. El enfoque se centró en que se atentaba contra una conquista muy sentida como fue el 4% del presupuesto para Educación.
El gobierno en principio persistió en la movida, e incluso, en un intento de aplacar los ánimos, la vicepresidenta de la República Raquel Peña se reunió con diferentes sectores a los cuales les pidió que presentaran proyectos para dar uso al dinero “excedente”, que, según el gobierno, no el ministerio de Educación, no podría usar en los meses que restan del año.
Sin embargo, el rechazo a la iniciativa del gobierno cobró impulso y obligó a anunciar que de ninguna manera los fondos del ministerio de Educación serían tocados.
El Gobierno anunció formalmente a través de su vocero Homero Figueroa el jueves 8 de septiembre que no habrá reducciones de los recursos del ministerio de Educación en la adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto General del Estado del 2022.
“En esta adenda mantenemos el 4 % para Educación, porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista suya”, expresó el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.
Y se aplacaron los ánimos
El anuncio de Figueroa aplacó los ánimos levantiscos, pero al mismo tiempo se materializaba una reiteración de un proceder gubernamental que da mucho de qué hablar.
Anuncia medidas que luego retira. Hay quienes llegan al extremo de verlo como un mecanismo inteligente de presentar al “solucionador” del conflicto como un héroe. Pero en la realidad deja la impresión de imprevisión en la toma de decisiones, y por extensión, robustece el discurso opositor de que estas autoridades “no saben gobernar”.
Si los técnicos del ministerio de Finanzas hubiesen considerado los factores políticos y sociales a que conducirían una disminución de una partida del Ministerio de Educación, probablemente no habrían tomado la iniciativa. En cualquier caso, los estrategas del gobierno, o la Presidencia misma, debió considerar el impacto.
La historia del movimiento del 4% para la Educación, que conllevó un compromiso de todos los candidatos para las elecciones de 2012, incluido el partido del que proviene el actual PRM, era muy reciente como para no darse cuenta de que se tocaba unas fibras muy sensibles del cuerpo social. Políticamente, se trataba de los mismos actores que contribuyeron al ascenso al poder de las actuales autoridades a través del movimiento Marcha Verde, muchos ya en el gobierno.
Quizás, los técnicos y el gobierno mismo también habrían considerado que nadie iba a escarbar en un presupuesto complementario convencional, y que, en todo caso, se trataba de una transferencia algo loable, destinada al gasto social, a subsidios al servicio eléctrico, al transporte y al sector agropecuario, necesarios en tiempos de crisis.
Pero falló la táctica
Tal proceder condujo a un error mayor, y ha sido la repetición de una práctica que conduce a la conclusión de que se va más allá de la impericia. Peor aún, también podría devenir en una percepción de falta de autoridad, que hace una cosa y a la menor crítica, retrocede.
Está bien, se dirá, que se meta la pata y se saque rápido, pero ese no puede ser un comportamiento rutinario. Es bueno que consideren las opiniones y corrijan, pero se debe evitar la adopción de medidas para luego revertirlas. A corto y largo plazos deteriora su imagen, sin necesidad, porque los problemas se originan en la gestión misma. Se golpea a sí mismo, incluso, sin que medien agentes contrarios.
Entonces deviene en un vicio con afectación del sentido de autoridad, de lo que es la concepción de un gobierno asertivo y previsor.
LA HISTORIA
Al principio de la gestión, el director de Presupuesto anunció que serían recortados los fondos asignados por el Estado a los partidos políticos, hasta un 50%. El plan de reforma constitucional con la idea de crear un Ministerio Público Independiente murió en el Consejo Económico y Social y sin más ni más el gobierno dejó de insistir. La medida fue revertida.
Asimismo, fue retirada la iniciativa de reforma fiscal, en 2021, después de un fuerte rechazo por parte del sector empresarial. Igual fue sacado del Senado el fideicomiso de Punta Catalina propuesto por el Gobierno en enero de 2022, después de un debate nacional. El pasado 29 de junio fue retirado de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, sometido por el Poder Ejecutivo. Ante las presiones de diferentes sectores sociales por el aumento desmedido en la tarifa eléctrica, el presidente Luis Abinader anunció la suspensión del desmonte al subsidio trimestral a ese servicio. Todavía la población no ha recibido los beneficios de esa reversión. Otras medidas menores que omitimos enumerar, igual han sido anunciadas y luego suspendidas.
