Por Gregorio Montero
Continuando con el desarrollo de la estrategia del Gobierno Abierto, nos permitimos esta vez abordar el eje de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), en tanto constituye otro de sus pilares esenciales. Las TIC, conceptualmente, hacen referencia a un conjunto de herramientas, equipos y programas informáticos, que permiten generar, procesar, almacenar, administrar y compartir informaciones a través de texto, dato, voz, video, imágenes y otras modalidades; todo esto, sobre la base de la tesis que sostiene que la información constituye un bien público, un derecho ciudadano y un insumo extraordinario para la concreción de la democracia participativa.
Esta concepción obliga a la Administración Pública a hacer un uso intensivo y progresivo de las herramientas tecnológicas que contribuyan a una mejor gestión de los servicios públicos y a la ejecución oportuna de sus actividades administrativas, siempre con miras a lograr agilidad y confianza en su relación con la ciudadanía. Las tecnologías informáticas son cruciales para que la transparencia y la participación ciudadana resulten efectivas, y para la cristalización del Gobierno Abierto en general; sin estas, el acceso a la información pública, en tanto derecho, se ve sumamente limitado, especialmente en estos tiempos de la cuarta revolución industrial.
En consonancia con la planteado, podemos verificar ciertas tendencias en materia tecnológica que ocupan la atención de los gobiernos, empresas y sociedades del mundo, tales como diversificación de los dispositivos móviles, que garantizan la conexión en todo momento y todo lugar; el internet de las cosas, que implica nuevas formas y servicios, ya no solo el ordenador, que facilitan el acceso de las personas, como televisores, autos, etc.; la inteligencia artificial, que, por medio de algoritmos avanzados, permite que las máquinas, los robots, comprendan su entorno y actúen de manera autónoma; aplicaciones en la nube, que permiten almacenar la información de manera centralizada y coordinada, para disponer de ella en cualquier dispositivo; mecanismos avanzados para el análisis de datos, dirigidos a facilitar la gestión certera de grandes volúmenes de informaciones, como las que se manejan en el contexto del big data.
La necesidad de hacer un uso intensivo de la tecnología en el sector público ha dado origen a una categoría administrativa, que ya es también jurídica, denominada gobierno electrónico, o digital, como también se le está conociendo hoy, el cual tiene por objetivo aprovechar y colocar las tecnologías de la información y la comunicación existentes al servicio del funcionamiento de los entes y órganos públicos, con la intención de elevar los niveles de eficiencia y de transparencia. Los equipos y soluciones informáticas, desde el pilar del gobierno electrónico, en el enfoque del Gobierno Abierto, deben servir para resolver problemas administrativos y para satisfacer a los usuarios de servicios y trámites.
Algo que debe quedar claro es que el big data, base de datos de gran escala, facilita a las instituciones públicas informaciones que les ayudan a tomar decisiones con mayor certeza, para la solución de problemas sociales, y, combinado con la inteligencia artificial, aporta las herramientas tecnológicas necesarias que, debidamente implementadas, contribuyen a la instauración de gobiernos inteligentes, aquellos que, desde una visión ciudadana céntrica, facilitan los trámites, gestionan de forma eficiente los servicios y entregan resultados que impactan en el desarrollo humano integral, generando con ello la confianza ciudadana que garantiza la gobernabilidad democrática.
Es importante establecer que, en el marco del gobierno digital, se ha venido desarrollando una rama denominada gobierno móvil, que hace referencia al uso de plataformas y aplicaciones inalámbricas a ser utilizadas en teléfonos y otros dispositivos móviles inteligentes, con el propósito de facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a la información y servicios, y mejorar la eficiencia de la Administración Pública en la prestación de los servicios públicos; también contribuye a definir nuevos parámetros para la atención de los usuarios, teniendo en cuenta sus derechos y dignidad.
En la región se ha avanzado en el despliegue del gobierno electrónico, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), por ejemplo, ha hecho aportes conceptuales, organizativos y procedimentales importantes, especialmente con la preparación y aprobación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, del año 2007, y algunos documentos contentivos de planteamientos relacionados con software libre e interoperabilidad, puestos a circular en el año 2010. Estos documentos, al igual que otros, han servido y sirven de orientación para los distintos países.
Nuestro país también ha experimentado avances importantes en la materia, los que le valieron para colocarse en 2020 en la posición número 82 del ranking que lleva la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico y TIC, con el cual mide cada dos años a los 193 países que la conforman; en la medición de 2022, lamentablemente, descendimos en el ranking, colocándonos en la posición 92, lo que implicó un considerable retroceso de 10 posiciones.
Igual que en otros países, en el nuestro el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración Pública y el desarrollo del gobierno digital enfrentan serios desafíos que limitan su avance sostenido. Por tanto, también ralentizan el avance del Gobierno Abierto; dentro de esos desafíos se citan la continuidad del Estado, la voluntad política, los elevados costos de las infraestructuras tecnológicas, coordinación interinstitucional o gobernanza digital, la brecha digital o desigualdad en el acceso a internet y a las TIC, entendimiento pleno de los roles y niveles de la interoperabilidad, definición de procesos administrativos, estandarización semántica para el intercambio efectivo de datos, adecuados diseños conceptuales, capacitación de los funcionarios públicos, entender que la tecnología es un medio, no un fin, agregación de valor público, entre otros.
No obstante, en el marco de la Estrategia de Trasformación Digital y la Agenda Digital 2030 que lleva a cabo el gobierno dominicano, se redoblan los esfuerzos por retomar el crecimiento del país en el desarrollo del gobierno digital, los cuales se expresan en normas, planes y acciones que apuntan a fortalecer los marcos regulatorios, a la coordinación y articulación institucional efectivas para la gobernanza, dotación de infraestructura tecnológica, implementación de la firma digital, establecimiento de un marco de interoperabilidad, digitalización de servicios y trámites, reducción de la brecha digital, la ciberseguridad, entre otros. Estos esfuerzos están recogidos, principalmente, en el Decreto No. 71-21, que crea el Gabinete de Transformación Digital y en el Decreto No. 527-21, que aprueba los objetivos y las líneas de acción de la Agenda Digital 2030.
El gobierno electrónico o digital es una herramienta de gestión que, con una mirada innovadora, procura acercar cada vez más las instituciones públicas a las personas, y como tal, debe ser aprovechada al máximo por los gobernantes y por la sociedad.
