Por Gregorio Montero
Concluyendo con la serie de cinco artículos relacionados con el Gobierno Abierto, como todos sabemos, el fin último del Estado es generar bienestar social y condiciones para garantizar el desarrollo sostenible, para ello su principal brazo ejecutor es la Administración Pública, en el seno de la cual se debe crear y organizar una estructura institucional que tiene que funcionar de forma armónica y coherente; esta permita poner en práctica un conjunto de políticas públicas que deben ser inclusivas y atender los problemas sociales más sentidos por la ciudadanía. Gran parte de la actividad que desarrolla el Estado se concentra en este objetivo, la que se debe concretar con la aprobación de normas, ejecución de procesos de reforma y modernización y asignación de recursos, con miras a un mejor funcionamiento de los entes y órganos públicos.
También, todos sabemos que la Administración Pública, sus instituciones, así como los recursos de que disponen, no son suficientes para acometer las grandes tareas y desafíos del desarrollo nacional sostenible, por lo que requiere del concurso de particulares, para que, de manera organizada y coordinada, le acompañen en el proceso administrativo. De ahí que en el contexto del Gobierno Abierto se han asumido un conjunto de fórmulas mediante las cuales los particulares pueden colaborar con la gestión y financiamiento de actividades que son de interés público y, en consecuencia, son de la competencia del Estado; se trata del pilar de la colaboración e innovación pública y ciudadana, como se le conoce en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, aprobada por el CLAD en 2016.
El pilar de la colaboración parte, además, de la certeza de que en el seno de la sociedad existen conocimientos y capacidades, muchos de ellos empíricos, que, sobre la base de un espíritu de co-creación y corresponsabilidad, pueden hacer aportes inconmensurables para el logro de los objetivos de la Administración Pública, así como a los procesos de innovación pública. Es preciso entender que, para mejorar, real y efectivamente, el funcionamiento de las instituciones públicas o, de forma más específica, la prestación de un servicio público, es necesario tomar en cuenta la sabiduría popular, hay que contar con la opinión de los usuarios de ese servicio, que son quienes día a día enfrentan la irracionalidad e ineficiencia de la actuación gubernamental y de los servidores o funcionarios públicos.
El pilar en análisis contribuye a generar los espacios y metodologías que facilitan el diálogo entre las instituciones estatales y los diversos actores de la sociedad: ciudadanos y ciudadanas, empresas privadas, asociaciones sin fines de lucro, academia, medios de comunicación, y otros, con miras a la coordinación para un mejor diseño e implementación de las políticas públicas necesarias; evidentemente, el enfoque de la colaboración en la gestión pública asume la innovación ciudadana y el compromiso de las personas de contribuir al interés general, como una cuestión central para su correcta conducción. En esta tesis se verifica la apuesta que se ha hecho por el enfoque sistémico de la estrategia de Gobierno Abierto: transparencia, participación ciudadana y tecnología de la información y la comunicación y colaboración; la combinación de todos estos pilares es lo que hace posible que una nueva forma de gestionar lo público ocurra.
El abordaje correcto del pilar de la colaboración supone que el Estado impulse y cree las normas y los mecanismos institucionales pertinentes; en el caso dominicano, algunos de estos mecanismos fueron creados por la propia Constitución Política, los que han sido abordados en entregas anteriores, otros han sido creados por leyes adjetivas o por vía reglamentaria; otros se están impulsando a través de la categoría de norma correspondiente. Todos ellos, claro está, relacionados con la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública con sentido colaborativo, lo que pone en escena la vinculación estrecha que existe entre los pilares de participación y colaboración.
De manera concreta, la contratación pública constituye uno de los mecanismos de colaboración de los particulares con la Administración Pública, en nuestro caso las normas y principios que rigen la contratación regular del Estado con los particulares se encuentran contenidas en Ley No. 340-06; otro mecanismo de colaboración lo representa el contrato de alianza público-privada, el cual está regido por la Ley No. 47-20, que contiene las normas, principios y formas de contratación de largo plazo del Estado con los particulares, en el contexto de las alianzas público-privadas, sean con o sin fines lucrativos; otras formas están previstas en la Ley No. 247-21, Orgánica de la Administración Pública, especialmente la que se refiere a los convenios de gestión que pueden ser firmados entre las instituciones públicas y los particulares. También, en la propuesta de anteproyecto de ley de participación ciudadana en la gestión pública, se prevén otras modalidades de colaboración.
La construcción de espacios asociativos entre el sector público y la sociedad se fundamenta en las limitaciones que tiene el Estado de acometer determinadas atribuciones, por la ausencia de los recursos humanos necesarios o por escasez de recursos económicos, reconoce la inversión del proceso de generación y entrega de información relacionada con el análisis y gestión de políticas públicas y prestación de servicios, pues se entiende que, regularmente, es al Estado que le corresponde producir dicha información; sin embargo, en este escenario de Gobierno Abierto, son los ciudadanos, las organizaciones sociales y las empresas privadas las que, a partir de sus conocimientos y experiencias respecto de temas vinculados con la Administración Pública, generan información y soluciones que entregan al gobierno, y este las utiliza para resolver problemas sociales y de gestión pública. En esta inversión de la fórmula, el proceso de co-creación permite a la ciudadanía aportar valor público a las acciones administrativas.
En síntesis, el Gobierno Abierto, desde el pilar de la colaboración, aporta a los gobernantes la posibilidad de comprometer a los ciudadanos y ciudadanas, y a los diversos actores organizados de la sociedad, en la tarea de buscar soluciones de manera conjunta a los crecientes problemas públicos; también obliga a que las instituciones estatales, en una necesaria labor de coordinación, asuman los desafíos de la cooperación no solo desde una perspectiva público-privada, sino también público-público. El pilar de la colaboración es un facilitador de la cultura de la gobernanza pública.
El Gobierno Abierto puede hacer grandes aportes a la concreción del nuevo contrato social, el que se requiere para hacer andar el motor de la todavía incomprendida Administración Pública de este siglo XXI; esos aportes están referidos a principios y valores, como interés general, dignidad de las personas, desarrollo sostenible, solidaridad, transparencia, institucionalidad pública, coordinación, participación ciudadana responsable, gobierno digital, prestación de servicios públicos de calidad, buena administración, y al principio o valor cuyo tratamiento sirve de finiquito a esta serie de cinco artículos: la colaboración en la gestión pública.
