Por Bernardo Hirán Sánchez Melo, Ph.D.
En la entrega anterior examinamos la trayectoria de los ingresos públicos durante el período 2014-2025. Corresponde ahora observar la otra cara del cuadro fiscal: la evolución del gasto público en ese mismo período y las disyuntivas que este enfrenta en la coyuntura actual. El encarecimiento internacional del petróleo, junto con las presiones sobre los fertilizantes y otros insumos estratégicos para la producción agrícola y, consecuentemente, para el abastecimiento de alimentos, ha colocado al Gobierno ante una ecuación compleja: proteger a los hogares y a los sectores productivos sin desbordar el equilibrio fiscal. De ahí que las medidas recientes de subsidio a los combustibles, apoyo a los fertilizantes, reasignación presupuestaria y ahorro administrativo no deben verse como hechos aislados, sino como expresiones de una misma tensión fiscal.
En ese contexto, el debate no gira únicamente en torno a cuánto gasta el Estado, sino también a cómo reasigna sus recursos, qué prioridades preserva y qué señales de austeridad está dispuesto a enviar. Subsidios, ahorro, contención del gasto y protección social aparecen así entrelazados en una misma discusión. De forma que, analizar la tendencia del gasto público en 2014-2025, a la luz de esta coyuntura, permite comprender no solo la estructura del gasto estatal, sino también las tensiones políticas y económicas que emergen cuando un choque externo obliga a revisar prioridades y a justificar cada peso del erario.
En ese orden, los datos muestran que el gasto corriente representó, en promedio, el 85.8 % del gasto total. Se trata de una proporción significativa, propia de la función misma del Estado en el cumplimiento de obligaciones regulares y en la atención de compromisos que no pueden postergarse sin afectar la prestación de servicios, la estabilidad institucional y el desenvolvimiento general de la administración pública. Esto así, al observarse que el Estado sigue enfrentando fuertes demandas sociales, territoriales e institucionales, donde una parte importante del gasto corriente cumple funciones esenciales para la reproducción de la vida económica y social.
Dentro de ese gasto corriente, el componente más significativo es el gasto de consumo, cuya participación promedio asciende a 34.8 % del gasto total. A su vez, dentro de esta categoría sobresalen las remuneraciones, es decir, sueldos y salarios, con un peso promedio de 24.7 %, seguidas por el renglón de bienes y servicios, que representa alrededor de 10 %. Esta estructura pone de relieve que una parte sustancial del presupuesto público está vinculada al sostenimiento directo del aparato estatal: pago de personal, funcionamiento de oficinas, operación de programas y provisión de insumos necesarios para la gestión pública.
Conviene subrayar que el gasto en remuneraciones no puede verse únicamente como una carga administrativa. En gran medida, expresa también la presencia concreta del Estado en la prestación de servicios directos y el funcionamiento mismo de sectores como educación, salud, seguridad, justicia, medio ambiente, deportes y administración pública. De modo que, detrás de esa cifra hay maestros, médicos, enfermeras, policías, técnicos, personal administrativo y trabajadores que sostienen servicios fundamentales. Por ello, una lectura seria del gasto público no debe reducirse al criterio reduccionista de que “el Estado gasta mucho en nómina”, sino preguntarse si ese gasto se está traduciendo en servicios eficientes, cobertura adecuada y resultados sociales tangibles.
Las prestaciones a la seguridad social, por su parte, representaron un promedio de 5.2 % del gasto total durante el período analizado. Aunque su peso es menor que el de otras partidas, su importancia económica y social es considerable. Este tipo de gasto refleja compromisos del Estado con la protección social y con sectores que dependen, parcial o totalmente, de transferencias para sostener condiciones básicas de vida. En sociedades marcadas por desigualdades persistentes, estas erogaciones no pueden evaluarse únicamente desde una lógica contable, sino también desde su papel en la cohesión social, la reducción de vulnerabilidades y la legitimidad del propio Estado.
Otro de los componentes que llama poderosamente la atención es el pago de intereses de la deuda, que absorbió en promedio el 16.7 % del gasto total. Esta cifra es particularmente significativa porque representa recursos que no se destinan directamente ni a inversión productiva ni a ampliación de servicios públicos, sino al cumplimiento de compromisos financieros acumulados. El peso de los intereses revela una restricción estructural: una parte relevante del presupuesto queda comprometida por decisiones de endeudamiento tomadas en el pasado y en el presente. Debe tenerse muy en cuenta que, mientras mayor sea esa carga, menor será el margen de maniobra fiscal para responder a necesidades sociales, impulsar obras de infraestructura o reforzar políticas de desarrollo.
En términos económicos y políticos, este dato obliga a una reflexión más profunda. El endeudamiento público puede ser una herramienta legítima e incluso necesaria, sobre todo cuando financia inversión estratégica para el crecimiento y el desarrollo económico y social, a la vez que permite amortiguar choques adversos. Sin embargo, cuando el servicio de la deuda adquiere un peso tan considerable dentro del gasto total, surge la pregunta sobre la sostenibilidad de esa trayectoria y sobre la calidad del uso histórico de los recursos financiados. No se trata simplemente de condenar la deuda, sino de examinar si ha servido para ampliar capacidades productivas y sociales o si, por el contrario, ha ido reduciendo el espacio fiscal disponible.
También resultan relevantes las transferencias corrientes otorgadas tanto al sector público como al sector privado, cuyo peso ha venido adquiriendo cada vez mayor significación dentro del gasto total. Es necesario destacar que estas transferencias constituyen una vía mediante la cual el Estado redistribuye recursos, apoya instituciones descentralizadas, subsidia servicios, sostiene programas sociales y, en algunos casos, corrige parcialmente desequilibrios del mercado, e incluso, contribuye a paliar choques externos, como ocurre en la actualidad con los aumentos de los carburantes y los fertilizantes. Son, por tanto, una manifestación concreta de la función articuladora y compensadora del sector público. La cuestión clave no es su mera existencia, sino su racionalidad, su focalización, su transparencia y su contribución efectiva al bienestar colectivo.
Visto en su conjunto, el perfil del gasto público dominicano no debe centrarse, por tanto, únicamente en si se trata de “gastar más” o “gastar menos”, sino en cómo mejorar la calidad, la orientación y la eficacia del gasto público.
Una discusión seria sobre este tema debe apartarse, en consecuencia, de los enfoques mecánicos que reducen todo a la idea de achicar el Estado o reducir el gasto per se. Esto así, ya que, en una economía con déficits sociales acumulados, desigualdades territoriales y necesidades históricas de infraestructura, el Estado no puede replegarse sin más. Lo que corresponde es elevar la capacidad de planificación, mejorar la asignación presupuestaria, evaluar resultados, reducir ineficiencias y asegurar que cada peso gastado tenga mayor impacto económico y social. La meta no debe ser un Estado más pequeño, sino un Estado más capaz.
En ese sentido, corresponde considerar que el predominio del gasto corriente plantea una advertencia importante: si bien es cierto que la mayor parte del presupuesto se concentra en funcionamiento, remuneraciones, transferencias e intereses, no es menos cierto que ello reduce el espacio disponible para el gasto de capital y para inversiones capaces de ampliar la capacidad productiva del país. Esta situación limita la construcción de infraestructura, la modernización institucional y la creación de condiciones duraderas para el crecimiento. Pero también debe reflexionarse que la solución no consiste en desmantelar funciones esenciales del Estado, sino en reordenar prioridades, elevar la eficiencia del aparato público y fortalecer la base fiscal que permita financiar el desarrollo sin sacrificar la cohesión social.
En definitiva, la estructura del gasto público observada entre 2014 y 2025 muestra a un Estado sometido a presiones múltiples: operar, pagar, transferir, proteger y, al mismo tiempo, intentar desarrollarse. Esa tensión define buena parte de la política fiscal contemporánea. Por eso, el verdadero debate no es ideológico en el sentido estrecho, sino estratégico: cómo construir una estructura de gasto que preserve las funciones sociales del Estado, contenga el peso asfixiante de la deuda, fortalezca la inversión pública y contribuya de manera más decidida a una senda de desarrollo económico con mayor equidad.
El autor es economista.
