Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – El segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por varios temas polémicos y difíciles.
Con un discurso explosivo contra aliados y vecinos y más ácido contra quienes considera sus adversarios, el presidente Trump se ha abanderado como un defensor feroz del territorio norteamericano, su cultura, idioma e identidad.
Es así como las deportaciones han sido una constante durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca.
Y son también los métodos utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional, bajo sus directrices directas, los que mayor protesta, preocupación, rechazo y temor, han provocado, en especial, dentro de la comunidad inmigrante que carece de un estatus migratorio legal, sus familiares y quienes defienden a estos ciudadanos.
Ser deportados, es un temor que no pueden evitar y que ha limitado a muchos a realizar sus actividades cotidianas, pero aunque se crea que esta es la mayor preocupación de los inmigrantes, existe una aún más aterradora: Ser deportado a un tercer país, que puede estar ubicado en África o en algún lugar en el Pacífico. Un trago aún más amargo para la persona deportada y sus familiares que la misma deportación, que luego de un breve alivio, tras el fallo de un tribunal que la suspendía, este martes 29 de septiembre regresó con toda la fortaleza con que la resistió el voto de 6 de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Un revés doloroso
Este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos, echó un balde de agua fría a las esperanzas de los inmigrantes que esperan la deportación, al permitir de manera provisional al gobierno continuar con las expulsiones rápidas hacia terceros países con los que no tienen ningún vínculo.
El fallo se produjo este martes y contó con el voto favorable de 6 de los 9 jueces. De esta manera, se pone freno a la decisión de un tribunal menor que ordenaba la suspensión de esta práctica y que fue apelada de forma inmediata por la administración de Donald Trump.
El fallo del tribunal ordenaba la suspensión de las deportaciones a países diferentes al lugar de origen de la persona expulsada.
Esta decisión buscaba poner fin a la práctica de la administración Trump como parte integral de sus políticas contra los inmigrantes irregulares.
La pronta intervención de la administración Trump, se debe, a que tan pronto se emitió este fallo, se produjo la suspensión inmediata de, al menos, uno o dos vuelos de deportación, que estaban previstos salir del territorio norteamericano esta semana. Con este fallo provisional, se espera que estos vuelos salgan de los Estados Unidos lo antes posible.
Los gastos de ICE
En medio de esta nueva disputa legal, se destaca la revelación de un informe que revela que el gobierno ha malgastado, específicamente en las labores de ICE, cientos de millones de dólares en centros de detención que nunca se utilizaron y otros cuyo manejo no ha sido el adecuado, ni han cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados.
Cruel e inhumana
La medida de enviar a los inmigrantes a un país que no conocen, cuyo idioma y costumbres les son totalmente extraños, ha provocado que muchos acepten y firmen una deportación voluntaria, pues creen que de esta manera evitarían ser abandonados a su suerte en un lugar donde no tienen familiares, no conocen a nadie y tampoco cuentan con los medios para regresar a sus países de nacimiento.
Para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, esta práctica es criminal y despiadada, por lo que han denunciado que la misma es abusiva, cruel, inhumana e injusta. Pero ahora, esta decisión de la Suprema Corte ha terminado con las esperanzas de que se agotara un proceso acerca de los fundamentos sobre los cuales reposaba la decisión del tribunal original, de modo que permitiera mantener vigente la orden.
Ahora, será en diciembre cuando la Corte Suprema de Justicia escuchará los argumentos orales de ambas partes.
La solicitud
En el documento enviado a la Corte Suprema de Justicia, en el que el gobierno de Donald Trump solicitaba la nulidad del fallo, le pedía a los magistrados su intervención para poner fin a lo que definió como el "caos que, tras el fallo, afectaba las relaciones diplomáticas con los países que se han ofrecido a recibir a los migrantes".
Ocurrió sin ofrecer mayores detalles, sin una explicación que pueda justificar esta práctica que es una de las más cuestionadas, incluso por un amplio sector del Partido Republicano.
Miles de casos
De acuerdo con las cifras que manejan los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, se estima que más 25 mil personas han sido deportadas a un país que no es el suyo.
Aunque la mayoría ha sido deportada a México, aun cuando entre ese país y Estados Unidos no existe un acuerdo formal, una parte significativa de los deportados ha ido a parar a lugares remotos.
En el otro grupo están aquellos que esperan su deportación, pero que permanecen detenidos en los centros de detención, debido a la política gubernamental de arrestos masivos, que de acuerdo a un informe publicado esta semana por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, le ha costado millones de dólares al país y que no ha faltado quien califique el uso de estos recursos como un derroche innecesario del dinero de los contribuyentes, precisamente en momentos en que los estadounidenses atraviesan situaciones difíciles en términos económicos, mientras el ICE gasta miles de millones de dólares en construir, adquirir o rentar instalaciones para convertirlas en centros de detención.
En medio de esta ola de críticas, la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional llegó a través de un comunicado, en el que informó que "el ICE trabaja a toda marcha en métodos innovadores y rentables para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de llevar a cabo la deportación masiva de inmigrantes indocumentados".
