Por Emiliano Reyes
La ley 1-04 ha sido “un sueño anhelado durante años” por los servicios de inteligencia del Estado. Ven como un atrabanco para sus investigaciones el esquema de seguridad que ha regido hasta el momento en el país.
Esperan, por tanto, que esta vez, la reciente, pero controversial legislación que promulgó el Poder Ejecutivo, y que crea la otra Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sea sustituida por otra dotada de algunas novedades.
No hay que lamentar la aprobación del nuevo texto legal. No existe la necesidad de “rasgarse las vestiduras” y proclamar el advenimiento de una desgracia infinita por esta legislatura.
Los sectores que someten esta ley a discusiones y debates, en el marco de una sólida y ya fortalecida democracia, harán bien si aprovechan estos ditirambos que se registran en torno al promulgado texto para “corregir lo corregible”.
En tal sentido, es bueno sugerir que se aproveche la actual coyuntura para crear, como parte de esta nueva ley, el Centro Dominicano de Inteligencia y Estudios Científicos y Estratégicos sobre la Realidad de Haití (CEDIECERH), adscrito al DNI y que tendría entre sus objetivos, los siguientes:
1) Salvaguardar la identidad nacional mediante el uso de métodos de investigación científica, sociológica y económica sobre la realidad de Haití.
2) Disponer la realización de estudios e investigaciones que sirvan al Estado dominicano como base para elaborar políticas futuristas sobre la evolución de los acontecimientos que ocurren en el lado haitiano, así como dar seguimiento permanente al flujo de las relaciones con Haití.
Esta es “una oportunidad de oro” para definir mediante este CEDIECERH un mecanismo o estructura de investigación para visualizar con cinco, diez y hasta 20 años de anticipación la evolución sociopolítica y económica de la vecina nación haitiana, lo cual facilitará, además, adelantar políticas que garanticen la estabilidad y el sosiego a los habitantes de este lado de la isla.
Ojo. No se trata de establecer sesgos racistas o políticas anti-haitianas, sino que, mediante estudios, los dominicanos vamos a poder observar, dar seguimiento con sentido científico, racional, con cierta criticidad y afán preventivo la evolución de las actividades de cualquier índole que se registre en Haití (o cualquier otro Estado que mantenga relaciones con nosotros) para asegurar que las mismas no afecten el genuino desempeño de nuestra patria. Potencias como Estados Unidos, Rusia, China y ni decir de los países europeos, cuentan con este tipo de centro para captar informaciones que les sirven para fortalecer sus relaciones con otras naciones, como forma de salvaguardar sus intereses de seguridad, económicos y territoriales.
No son cosas de ahora
Los deseos de los organismos de seguridad del Estado de tener acceso a ciertas áreas blindadas por la Constitución y leyes del país no son cosas de ahora. Desde hace mucho tiempo estas entidades están detrás de la posibilidad de poder tener acceso a cuentas bancarias que entienden están arropadas de opacidad, a datos que almacenan en sus servidores las empresas de telecomunicaciones y a las fuentes de información de sectores de la prensa. Sostienen que esta falta de accesibilidad les impide combatir con más eficacia los “delitos de alta gama”.
Hace ya cierto tiempo tuve la oportunidad de conversar con oficiales de seguridad, expertos en la persecución de crímenes y delitos de alta tecnología y me expresaron la frustración que sentían por las dificultades que enfrentan los organismos de inteligencia del Estado a la hora de investigar los llamados “crímenes de cuello blanco”, como son el lavado de dinero, trasiego ilegal internacional de drogas y dólares, trata de blanca, etc.
Ocurre que estos sectores de los organismos de seguridad del Estado, el propio DNI, la Policía Nacional, las agencias de investigaciones de las Fuerzas Armadas y hasta estructuras de pesquisas del sector privado, tienen la certeza de que esta vez la Ley 1-04 será implementada.
Consideran que su puesta en marcha es un hecho, debido a que ahora es impulsada a partir de estrategias de control global de los sistemas bancarios, financieros, del periodismo y de las telecomunicaciones de nuestros países, en aras de que se pueda garantizar un dominio mundial de los territorios nacionales, los cuales cada vez muestran ciertas autonomías frente a potencias hegemónicas. Esto último es solo parte de las muchas opiniones que se han vertido en torno a esta nueva ley.
Los expertos con los que conversé me pusieron un ejemplo práctico de un hecho trascendente de narcotráfico internacional ocurrido en el país. Se trató del caso de Figueroa Agosto. Señalaron que existió el interés de acceder a cuentas bancarias opacas que se sospechaba ligadas al referido entramado ilegal, pero los requisitos de la ley vigente que exigía la autorización de un juez dificultaron de alguna manera las indagatorias. Al algo similar sucedió con el acceso a algunas cuentas de servicios telefónicos. Algunas compañías telefónicas plantaron resistencia por razones legales que les afectaba. Se dio un caso, sin embargo, de que con la colaboración autorizada de manera legal por una institución del Estado se pudo triangular una llamada que Figueroa Agosto realizó a un reputado programa de opinión en la radio y a partir de esa intervención se establecieron coordenadas que permitieron que este confeso y condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, ya no estaba para entonces en el país.
Esa vez se creía que éste llamaba al popular programa desde una provincia del Este del país, pero se determinó mediante uso de herramientas tecnológicas de telecomunicaciones, que la comunicación de éste se iniciaba en Puerto Rico y que mediante un moderno equipo tecnológico asentaba la llamada como si se estuviera realizando desde el Este.
El temor de la población, de los partidos políticos, del sector privado y de la prensa nacional es que la nueva Ley número 1-24, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, se convierta “en un monstruo dotado de súper poderes” que, en algún momento histórico de nuestra nación, al no tener la anuencia de un juez, se pueda utilizar para manipulaciones y chantajes para buscar potenciales beneficios particulares.
Las inquietudes y preocupaciones manifestadas por distintos sectores, incluyendo la asociación de diarios y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es que la comisión creada por el Presidente Abinader para discutir a profundidad el nuevo texto legal, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, a la cabeza, introduzca enmiendas y corrija lo que haya que corregir, pero eso sí, que no se olviden de acoger conjuntamente con esta ley la creación del Centro Dominicano de Inteligencia y Estudios Científicos y Estratégicos de la Realidad de Haití (CEDIECERH).
¿Qué será el CEDIECERH?
Se trata de un Centro dedicado con rigurosidad a la investigación científica, socio-económica y demográfica de Haití. Esta entidad -como he planteado en otras oportunidades- se regirá por un Consejo de Ilustrados que encabezará el presidente de la República de turno. Los demás integrantes serán académicos, científicos y altos jefes militares con formación de Estado Mayor. Entre sus funciones, el CEDIECERH estará acceder a recursos para la contratación, mediante una estricta depuración, de un equipo de académicos de distintas ramas científico-tecnológicas y económicas, así como sociólogos, historiadores, demógrafos, ambientalistas, ciencias informáticas y de la comunicación, agropecuarias, cuencas hidrográficas, forestales y de suelos, entre otras especialidades, que realicen las investigaciones dando lugar a un marco de prioridades que dependerá del estado de las relaciones entre los dos países.
Postular políticas de Estado
Cada equipo que sea creado deberá emitir una carpeta con los resultados de sus investigaciones, la cual será entregada al Consejo y como es de rigor, al Presidente de la República. Se preservará como norma de esta institución la entrega de documentos de estricta calidad y confidencialidad, los cuales servirán de base para la creación de políticas de Estado.
Las prioridades que a nuestro criterio deberían ser investigadas son: la situación demográfica de Haití, fertilidad del haitiano, situación y la concentración poblacional, la demanda laboral, migración (cantidad de haitianos emigrados y a qué países).
Además, estudiar la evolución histórica, sociológica y política del Estado y pueblo haitianos, sus tendencias ideológicas, sus relaciones exteriores, grupos de intereses políticos, económicos y culturales (la élite haitiana) su pensamiento, comportamiento, relaciones entre haitianos y con extranjeros.
La pugnacidad entre Haití y la República Dominicana –y viceversa-se remonta a tiempos anteriores incluso a la proclamación de nuestra independencia. En 1844 un grupo de patriotas proclamó la separación e Independencia dominicana de la parte haitiana.
Desde ese histórico momento legado por los patricios Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, ha permanecido cierta rivalidad entre los dos Estados, marcados con características e idiosincrasias (cultura, religión, organización social, etc.) que son totalmente diferentes.
La República Dominicana ha permanecido desde la proclamación de su independencia a la saga de la diplomacia haitiana. La vecina nación da muestra de habilidades y de grandes dotes diplomáticas. En tanto, la sagacidad nuestra en este aspecto ha sido reactiva frente a los sigilosos diplomáticos de Haití. Esto ha conllevado a que casi siempre, o cuando surgen conflictos, el vecino Estado nos aventaja en los foros internacionales en cuanto a dirimir reclamos y controversias se refiere, pese a que esta parte de la isla ha dado muestra de tener una mayor pujanza socioeconómica y cultural, no así de las habilidades diplomáticas que exhiben los haitianos.
