POR SANTO SALVADOR CUEVAS
Alguien está asesorando muy mal al Poder Ejecutivo. Es lo que se desprende del retiro apresurado de una pieza legislativa que apenas hace semanas el mismo Gobierno introdujo al Congreso Nacional, para que los legisladores conviertan en ley.
Lo cierto es que estamos ante una "pifia" del poder, pues lo idóneo sería que antes de introducir un anteproyecto sea bien ponderado y evaluado hasta en sus puntos y comas, y, una vez comprobada su conveniencia al interés general de la Nación, entonces (y solo entonces) enviarlo a las cámaras legislativas para conocimiento, debate y decisión final.
Una pifia recurrente
Retirar de repente piezas legislativas no es la primera vez que ocurre. Ahora, al retirar el “Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes”, introducido vía el Senado, se pueden extraer varias enseñanzas o conclusiones.
Queda en evidencia "una pifia" que indica que en el entorno del Poder Ejecutivo alguien está enviando proyectos al Congreso sin ponderación ni miramiento. Asimismo, se coloca al presidente de la República en una situación muy crítica, lo que le convierte en "blanco de ataques" desde el seno la sociedad, de sus fuerzas vivas, incluida la oposición política y hasta desde el seno del partido oficialista.
Ya cometido el error, se requiere cierta dosis de ecuanimidad. El señor Homero Figueroa, vocero del Gobierno, en vez de dirigirse a la opinión pública con humildad y en actitud autocrítica, de reconocimiento de "la pifia" cometida desde el Palacio Nacional, pretende confundir al país vendiendo la idea de que la pieza se retira del Congreso porque "la solución a los problemas de Haití no está en territorio dominicano".
Pero parece que para el Gobierno esa "solución" está aquí y el Poder Ejecutivo pretendió que el Congreso convierta en ley ese interés recurrente de la llamada comunidad internacional.
De manera tal que ese nacionalismo de ocasión llegó muy tarde, pues a la Nación entera le consta que si retiraron la pieza es porque el carácter lesivo a la soberanía nacional fue detectado a tiempo y el rechazo fue contundente y en crecimiento, a tal punto que el Gobierno fue aislado y puesto en evidencia como el portador en el país de un adefesio jurídico con el que se pretende convertir en ley un "principio de no retorno".
De ser convertida en Ley, el país estaría obligado a asumir y brindar protección a toda la avalancha humana que, como consecuencias de la crisis política e inestabilidad en Haití, cruzaría la frontera corriendo a la inseguridad y el terror generalizados.
Al Gobierno corresponde obrar con entereza en defensa del interés general, y es papel de cada dominicano mantenerse alerta, vigilante y en guardia ante los planes de una comunidad internacional que ha mostrado indiferencia ante la realidad del pueblo haitiano.
Son las mismas potencias que durante una sangría prolongada en la historia, saquearon las riquezas naturales del pueblo haitiano y, en vez de retornar con inversiones y obras de infraestructura al seno de esa Nación para su rescate económico y político, prefieren utilizar el poder y la influencia para lograr que sea el pueblo dominicano el que cargue con el atolladero en que han dejado al pueblo de Haití.
