Por Gregorio Montero
La educación universitaria continúa siendo una gran aliada del desarrollo y las transformaciones sociales necesarias, ella aporta los programas de estudios, las investigaciones, las metodologías y los profesionales con las capacidades instaladas que deben acompañar y ejecutar las estrategias que deben acompañar los procesos de cambio. Las universidades, más allá de valoraciones y aprehensiones razonables, deben jugar el rol, desde la óptica de la responsabilidad social, de formar profesionales no solo con conocimientos científicos y académicos, sino también con una profundidad ética y moral incuestionable.
Los desafíos multifacéticos que enfrenta el desarrollo en esos tiempos exigen una alianza productiva e indisoluble entre Estado, Administración Pública y universidad. Un análisis simple de las implicaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos permite entender que esto es insoslayable, pues para el cumplimiento de los mismos, y el logro de las metas contenidas en la Agenda de Desarrollo 2030, los gobiernos están compelidos a disponer de profesionales y técnicos con capacidad de diseño, planificación y gestión de políticas públicas inclusivas, así como de las metodologías que permitan el seguimiento y evaluación de los planes y programas de desarrollo.
Somos conscientes de que, por diversos motivos, la relación entre Estado y academia se ha visto afectada de forma negativa, históricamente se han puesto de manifiesto importantes niveles de tensión, lo que ha impedido una comunicación efectiva, sobre la base de los conocimientos y capacidades que, en un contexto determinado, las instituciones públicas demandan de forma prioritaria para atender sus retos y avanzar exitosamente en el desarrollo de sus planes. Dentro de los motivos más notorios que han marcado esas tensiones y contradicciones podemos citar la libertad académica, el financiamiento de la educación superior, no entendimiento de sus respectivos roles en el desarrollo nacional, el mercantilismo académico, entre otros.
No cabe duda en que en la actualidad está planteado un cambio de época que obliga a una nueva caracterización del sector público. Se procura definir los nuevos pilares de la Administración Pública del siglo XXI, en esto la universidad tiene asignado un rol de relevancia, por lo que es preciso que se generen las condiciones para que entre ambas instancias se produzca una relación virtuosa, sobre la base del interés social, cada quien jugando el papel que le corresponde: el Estado regula, apoya económicamente y presenta sus prioridades, la universidad forma profesionales de calidad de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional.
La educación superior constituye a la vez un derecho fundamental, un bien y un servicio público, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso igualitario de los ciudadanos y ciudadanas, así como la calidad necesaria; debe financiarla en el sistema público y reconocer e incentivar los centros privados; garantiza la libertad de enseñanza y la autonomía de los centros académicos. En el caso dominicano, todo esto queda claramente consignado en el artículo 63 de la Constitución Política, lo que debe ser entendido, asumido y observado por todos los actores involucrados.
Ahora bien, para el establecimiento de un ambiente de buena relación, que sea productiva, entre la Administración Pública y las universidades, sean estas públicas o privadas. Se hace necesario ir más allá de lo que dispone el ordenamiento jurídico; es además pertinente caracterizar la necesidad de reformarse y modernizarse que tienen una y otra (Administración Pública y academia) en este mundo y sociedad cambiantes, así como sus responsabilidades insoslayables frente a las exigencias de construir un modelo de gestión pública que interprete de forma correcta los retos que tiene el Estado para el desarrollo sostenible y haga posible su materialización.
En la sociedad del conocimiento, como la de hoy, y a propósito del espíritu de colaboración que se requiere, es preciso ponderar el valor de la ciencia, la docencia, la investigación, la innovación y la tecnología, para alcanzar el referido desarrollo.
Lo primero que se debe entender es que las instituciones públicas y la academia se necesitan mutuamente para poder alcanzar sus respectivos fines, por lo que su vínculo es imprescindible; de un tiempo para acá, por fortuna, en esto se ha venido avanzando en nuestro país; luego, lo que es aún materia pendiente entre nosotros, aunque se hacen esfuerzos importantes, se deben encontrar y definir bien los factores que en la actualidad deben determinar los vínculos, asegurando que queden debidamente cubiertos los ámbitos de formación, investigación y cooperación técnica.
Los factores de vínculo y sinergia entre el sector público y la universidad deben basarse también en el diseño de programas de formación y de investigación que privilegien el interés general de la sociedad y el desarrollo humano integral, y los principios y valores del Estado dominicano, referidos a las cláusulas social, de derecho, democrática y de justicia, a los derechos fundamentales, la dignidad de las personas y las garantías jurídicas. A partir de estos pilares, que obligan a la academia y a las instituciones estatales, es que debe producirse el referido relacionamiento, que se sustente en la fórmula ganar ganar, y genere valor público.
Los programas académicos universitarios deben garantizar de forma concreta, respecto de la gestión pública, la construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias relacionados con, a título indicativo, Estado y Administración Pública, derecho público, políticas públicas, planificación estratégica, finanzas públicas, gestión del talento humano, ética y servicios públicos, gestión del conocimiento, gestión para resultados, modelos de calidad y excelencia, gobierno digital, evaluación institucional, liderazgo público, buena administración, gobierno abierto, descentralización y gestión local, alta dirección pública, contrataciones públicas, alianzas público-privada…
Es importante destacar los esfuerzos que hacen el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el cumplimiento de sus respectivos roles, por concretar acuerdos con universidades locales y extranjeras. En coordinación con algunas, se vienen ejecutando programas de postgrado relacionados con varios de los ejes expuestos, incluso, con miras al rescate y consolidación de la Licenciatura en Administración Pública de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.
Corresponde que se trabaje con determinación en el establecimiento de alianzas armoniosas y respetuosas entre la Administración Pública, universidades y centros de investigación, fundamentadas en los pilares, factores, principios, valores y programas expuestos anteriormente.
Esta relación debe erigirse en una política de Estado, con garantía de continuidad, pues solo así se podrá contar con el talento humano con compromiso, en calidad y cantidad, para acometer con éxito las tareas del desarrollo humano integral.
La clave está en que las autoridades públicas y las académicas enfoquen su relacionamiento y accionar en el fortalecimiento de las instituciones públicas y en el desarrollo nacional con cohesión social.
El Estado debe indicar a la universidad el talento humano que necesita. La academia debe preparar ese talento humano. Ese sería un gran servicio al país.
