Por Gregorio Montero
La evolución de la sociedad hace que el Estado actualice constantemente su arquitectura institucional, en procura de generar capacidades que le permitan responder con acierto a las demandas sociales, cada vez más retadoras; de ahí que el Estado está en permanente reconfiguración, no solo desde las perspectivas social y económica, sino también desde la jurídica, como forma de generar un entorno de garantías ciudadanas acorde con las cláusulas y las características que deben interpretar las realidades concretas y las necesidades más sentidas de la población y los requerimientos y exigencias del desarrollo sostenible.
El aumento, diversificación y complejidad de las demandas de los ciudadanos y ciudadanas frente al Estado es una muestra fiel de que estos se van reposicionando frente a la Administración Pública, pues van entendiendo el significado preciso de la condición de ciudadanía y el alcance del ejercicio de la misma. Se exige la presencia de un Estado centrado en el ciudadano; se hace necesaria una concepción estatal en la que sus operadores, tanto políticos como técnicos, entiendan que son instrumentos al servicio del interés general.
Ante esto, la Administración Pública se constituye en el punto de encuentro que no debe fallar entre el Estado y la gente, por esa razón al Estado moderno se le conoce como el Estado Administrativo, pues la Administración Pública es la verdadera catalizadora de la presión que la ciudadanía ejerce sobre este. Es sabido que sin una Administración Pública eficiente y cercana a la gente el Estado no podrá jamás cumplir los cometidos que legitiman su existencia. Por tanto, el diseño, estructuración y actuación de los órganos y entes que conforman la Administración Publica es clave, pues el relacionamiento de ésta con los ciudadanos, a partir de principios básicos como legalidad, eficiencia, transparencia, innovación, entre otros, es esencial para que ella juegue un papel digno, cónsono con los propósitos del Estado.
Las estrategias para lograr el desarrollo humano sostenible, las iniciativas en pro de generar un clima que auspicie la competitividad, la innovación y el desarrollo económico, así como el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el régimen social de derechos, tienen como condición esencial producir una institucionalidad sana y efectiva, capaz de crear el escenario apropiado para una oportuna prestación de servicios.
Todos sabemos que la pandemia provocada por el COVID-19 puso en evidencia la necesidad de elevar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, tanto desde el punto de vista de los enfoques estratégicos y prospectivos, como de contingencia; estamos obligados a hacer las cosas de forma distinta a como se ha hecho.
Con altibajos, se ha venido estructurando e impulsando en nuestras administraciones públicas una agenda de reforma con base en varios ejes que procuran adecuar las instituciones públicas a los desafíos que imponen las demandas ciudadanas, en la que se asume como de alto interés el perfeccionamiento del régimen jurídico de la Administración Pública, o sea, el Derecho Administrativo, y la adopción de modelos que garanticen una gestión pública ágil y eficaz. La lucha contra la desigualdad y la pobreza ahora es un desafío mayor, por lo que se hace necesario impulsar políticas públicas incluyentes, que tiendan a la distribución equitativa de las riquezas.
Hoy más que nunca se requiere de un liderazgo redimensionado en la Administración Pública, pues los grandes desafíos requieren de políticos y gerentes comprometidos con la sociedad; sabemos que en el sector publico conviven dos tipos de liderazgos: el técnico y el político, los cuales deben actuar debidamente armonizados. Se precisa de un liderazgo colectivo, que sea capaz de interpretar adecuadamente los procesos sociales que competen a la Administración Pública, desde la mirada del desarrollo sostenible, y que ponga en escena su capacidad para conducir los complejos procesos y su actitud para entender con claridad su verdadero rol.
En el siglo XXI se requiere sin duda del diseño y puesta en marcha de un modelo de gestión pública útil al desarrollo sostenible y a las transformaciones necesarias, como garantía de la gobernabilidad democrática, lo que implica asumir una nueva filosofía, con una nueva mentalidad y renovados compromisos, y a apostar por transformaciones institucionales que que permitan encarar con éxito los desafíos acumulados y los que surgen y crecen cada día. Se requiere de acciones en materia de igualdad de género, que sean respaldadas por políticas relativas a los derechos de la mujer, a la transversalidad y coordinación efectiva de sectores, a la simetría del poder y toma de decisiones, a la inversión y a la capacitación en materia de género.
La falta de planificación en el plano local, o su errado diseño y conducción ha llevado al fracaso de muchos procesos de reforma y modernización que se han iniciado, por lo que se hace necesario relevar la gran importancia de la planificación estratégica, en tanto direcciona la acción de mejora en el ámbito local en conexión y armonía con la estrategia nacional de desarrollo y los distintos sistemas de gestión institucional.
Hay que asumir las herramientas tecnológicas, en tanto instrumento real de apoyo a la mejora de la gestión pública, pero siempre teniendo en cuenta que la tecnología no es la panacea, pues su utilidad depende de lo que seamos capaces de hacer productivamente con ella, en favor de la gente; se debe entender la necesidad de avanzar decididamente hacia un esquema de interoperabilidad, condicionante del éxito del gobierno electrónico, pues se debe asumir como vital el intercambio efectivo de información entre las intuiciones del sector público. La inteligencia artificial es una realidad concreta, la cuarta revolución industrial, la tecnológica, ha alcanzado niveles de desarrollo insospechados, la virtualidad nos arropa, de lo que el sector público no está exento.
La Administración Pública del siglo XXI responde a características muy concretas, por lo que entenderlas es vital para poder aplicar herramientas que sean compatibles con los problemas públicos que deben ser resueltos, en un contexto de suma complejidad como el que tenemos ante nosotros. La crisis multidimensional, los cambios económicos, sociales y tecnológicos exigen un liderazgo creativo, innovador y adaptable a las situaciones cambiantes, y promotor del desarrollo sostenible.
La Administración Pública en la actualidad debe actuar sobre la base de valores como la colaboración efectiva y el reconocimiento de la diversidad cultural, y el entendimiento pleno de los problemas y desafíos cruciales, como los que representa la pobreza, la desigualdad, la inseguridad ciudadana, el cambio climático y la debilidad de las instituciones públicas, para de esta forma poder contribuir a sus soluciones, según lo demanda la sociedad.
La Administración Pública del siglo XXI se encuentra bajo el escrutinio constante de la ciudadanía, por lo que debe estar preparada para actuar con diligencia, pertinencia y certeza.
