Por Gregorio Montero
Uno de los derechos ciudadanos que más obstáculos presenta para su concreción en la praxis es el de libre acceso a la información pública, a pesar de su amplia regulación, tanto constitucional como adjetiva, y del establecimiento de procedimientos precisos para tramitarlo y obtenerlo, las trabas resultan infinitas, provocando con ellas serias frustraciones a la ciudadanía y profundas laceraciones al Estado de Derecho y a los principios de legalidad y transparencia. Pesa mucho aun la vieja y anacrónica creencia aquella de que quien controla la información controla el poder, obviando la realidad actual de que la información fluirá de cualquier manera, por lo que es mejor que la autoridad pública regule y gestione los mecanismos para fluya adecuadamente.
Precisamente, uno de los obstáculos que más incide e impide la materialización del derecho de acceso a la información pública es la entrega de la misma en formatos que hacen que sea incompresible para las personas comunes y corrientes; de esta manera, se da a entender que se cumple con el mandato de la ley, sin embargo, no se consigue el objetivo central del derecho, que es garantizar que los ciudadanos puedan acceder, analizar, entender y difundir la información, y, con base en ella, hacer propuestas para la mejora de la gestión estatal. Hoy día no se juega al poder con la información pública, su esencia radica en la participación consciente e informada de la ciudadanía en la consolidación de las instituciones democráticas y en la construcción de confianza.
Bajo esta óptica surgió una corriente que impulsa la tesis de los datos abiertos que aborda y desarrolla de forma prolífica una mirada, en ocasiones sustantiva y en otras complementaria, del derecho de acceso a la información pública, y que deja claramente establecido que este derecho va más a allá de sí mismo y de la simple entrega de información. La apertura de datos públicos representa, conceptualmente, además de la puesta a disposición de la información que producen las instituciones públicas, la necesidad y posibilidad de que las personas la puedan reutilizar y redistribuir libremente, sin más restricciones que las que emanan de los principios de razonabilidad y privacidad, bajo los criterios fijados por las normas y la jurisprudencia.
En consecuencia, el enfoque de datos abiertos se sustenta en unos criterios específicos que dotan de atributos muy particulares al derecho de libre acceso a la información, fortaleciendo así su posición en el Derecho Administrativo. Dentro de ellos se establece que el acceso a los datos públicos no tiene ningún costo para las personas y no debe estar sometido a barrera administrativa alguna; su publicación no debe responder únicamente a la idea de que sean leídos, pues los formatos de publicación deben ser abiertos y permitir el análisis, cruce, comparación y transformación de la información que contienen; los datos pueden ser utilizados por las personas para cualquier finalidad que sea licita; dichos datos deben interoperar con datos de otras fuentes.
Como afirma Alejandro Barros (2012), consultor e investigador chileno, el gran desafío de los gobiernos para impulsar una política de datos abiertos en nuestros países radica en que estos se atrevan y puedan instalarla en la agenda como una cuestión o tema fundamental de los procesos de reforma y modernización del Estado y de la Administración Pública, siempre en el marco de la estrategia de trasformación digital integral. Es preciso hacer consciencia en torno a que las instituciones estatales recopilan y procesan grandes y variados volúmenes de datos, sin embargo, sobre estos, en el mejor de los casos existe un acceso restringido, en el peor, no se sabe de la existencia de dichos datos, pues figuran en formatos no estandarizados.
En nuestro país, independientemente de las disposiciones constitucionales, específicamente los artículos 149 y 75.12, y de la Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, que establecen los mandatos generales en los que debe enmarcarse del desarrollo técnico de la estrategia de datos abiertos, fue emitido el Decreto No. 103-22, cuyo objeto es, de conformidad con el artículo 1, aprobar la Política Nacional de Datos Abiertos, la cual debe estar disponible en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana, que será administrado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Según el artículo 2, dicha política es de aplicación obligatoria por todos los entes y órganos de la Administración Pública que se encuentran bajo el ámbito del Poder Ejecutivo; en el caso de los poderes del Estado y demás órganos constitucionales, podrán asumir la política de forma voluntaria. El mismo Decreto manda a crear la Comisión Nacional de Datos Abiertos, bajo la coordinación de la DIGEIG, con el encargo de gestionar la información pública bajo los formatos de datos abiertos, de conformidad con lo que establezca la Política Nacional de Datos Abiertos, que debe elaborar y aprobar la referida Comisión.
Posteriormente, en el mismo año 2022 la referida Comisión dio a conocer la Política Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana (PNDA-RD), cuyo objetivo principal es “establecer los lineamientos para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos de carácter público, funcionando como una herramienta para el inicio de una cultura de apertura, uso de los datos e innovación, poniendo a disposición del público información valiosa, para cualquier fin lícito, para el aprovechamiento y generación de valor social y económico a partir de estos datos, en beneficio de la ciudadanía y demás actores interesados.”
Se basa en ciertos principios que propician que los datos públicos sean dispuestos en formatos abiertos estructurados, con la capacidad de ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática, es decir, los datos deben ser abiertos por defecto; deben ponerse a disposición en forma oportuna, completa, precisa y exhaustiva; deben ser fácilmente visibles y accesibles, como una forma de mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la veeduría social, deben ser comparables, neutrales e interoperables y estar disponibles en su fuente primaria, con el más alto grado posible de desagregación; deben ser fáciles de comparar dentro y entre sectores, a través de localizaciones geográficas y del tiempo.
En el mismo orden, dice dicha Política que los datos deben ser presentados en formatos armonizados que faciliten su comparación, intercambio, trazabilidad y reutilización efectiva y de manera que fácilmente se puedan procesar en cualquier máquina para que viabilice la automatización de su consumo; deben constituir mecanismos que fortalezcan la confianza en las instituciones públicas y la gobernanza, y que provean un fundamento para la transparencia y la rendición de cuentas, que mejore con ello la toma de decisiones, incremente la demanda y prestación de servicios públicos y mejore también la formulación y evaluación de programas y políticas públicas.
También, los datos abiertos deben estimular la creatividad y la innovación, generando procesos y espacios para identificar y enfrentar, a través del uso apropiado y transformación de los datos abiertos disponibles, desafíos sociales y económicos que afecten al pueblo; la recolección, publicación y uso de datos del gobierno deben tomar en cuenta las normas y principios que sustentan los derechos humanos; en definitiva, la gestión de datos abiertos debe fomentar la generación de soluciones y servicios para el bien general de la ciudadanía. Por lo tanto, su uso debe responder a soluciones de necesidades prioritarias del país.
La aplicación efectiva de las normas relacionadas con el acceso a la información pública, el despliegue correcto del principio de transparencia y la lucha contra la opacidad y la corrupción administrativa, exigen que los datos no solo se entreguen a las personas, sino que también se abran; la apertura de datos o el enfoque de datos abiertos en la gestión estatal constituye un pilar de la democracia moderna y es un generador de confianza ciudadana.
Producir el dato, recopilar el dato, procesar el dato, abrir el dato y entregar el dato a los interesados, es clave para avanzar en materia de innovación social y buen gobierno.
