Santo Domingo. – El abogado Manny Sierra cuestionó fuertemente el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y Maxy Montilla, que implicó la devolución de tres mil millones de pesos en el marco de una investigación por corrupción administrativa, y que fue homologado por un juez sin que mediara un proceso penal formal contra el imputado.
Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, que conduce el periodista Manuel Jiménez y se transmite por Teleimpacto canales 22 y 52, Sierra afirmó que dicho acuerdo viola el principio de legalidad, estimula la impunidad y erosiona la credibilidad de la justicia dominicana.
“El Código Procesal Penal establece que no se puede llegar a acuerdos con los cabecillas de delitos graves, y menos aún cuando la sanción supera los tres años. Este es un caso de corrupción, con una pena que puede llegar hasta 20 años. No hay forma legal de justificar ese acuerdo”, enfatizó el jurista.
Sierra denunció que el acuerdo no fue precedido por medidas de coerción ni por la declaratoria de un proceso complejo, como exige el artículo 370 del Código Procesal Penal.
“No hubo imputación formal, ni apertura de proceso, ni medida cautelar alguna. Por tanto, el acuerdo carece de sustento legal y se convierte en un acto de prevaricación”, advirtió.
El abogado también criticó la estrategia del Ministerio Público de presentar la recuperación del dinero como un éxito. “Nos venden el número, pero olvidan que detrás hay una burla al sistema de justicia. ¿Cómo justificas que alguien devuelva miles de millones sin que reciba un solo día de pena?”, cuestionó.
Sierra subrayó el efecto discriminatorio de este tipo de decisiones: “Al que se roba un salami lo encarcelan, pero al que se lleva tres mil millones lo premian con impunidad. Eso viola el principio de igualdad ante la ley”, sentenció.
Sobre la supuesta colaboración de Montilla como testigo en otros procesos, Sierra fue tajante: “Un autor principal no puede ser testigo. Su testimonio sería fruto de un acuerdo condicionado y, por tanto, pierde credibilidad. Además, si él es el que devuelve todo el dinero, ¿qué le queda a los demás coimputados por devolver? Nada. El caso se cierra ahí”, comentó.
El jurista también puso en duda la independencia del Ministerio Público, cuestionando que solo se persigan casos vinculados a la oposición. “No basta con decir que es independiente. La ciudadanía observa que solo se actúa contra los de un solo lado, mientras otros casos de igual o mayor gravedad, vinculados al oficialismo, no avanzan”, cuestionó.
En ese sentido, citó como ejemplo denuncias recientes sobre irregularidades en instituciones como Senasa y el Ministerio de Educación, y casos sin procesar como el del hijo del fenecido líder José Francisco Peña Gómez. “Si la ley se aplica con criterios políticos, se destruye la confianza pública”, afirmó.
Finalmente, Sierra alertó sobre los efectos que estas prácticas pueden tener en el sistema democrático. “Vamos hacia un escenario como el de Perú, donde la justicia se ha vuelto un instrumento de persecución política. La justicia no puede ser utilizada como herramienta de vendetta”, concluyó.
