Por Fidel Santana
A todas luces América Latina, después de superada la etapa colonial regida por metrópolis europeas, ha sido un espacio territorial en disputa entre distintas concepciones del desarrollo que, a su vez, como correlato, se han hecho acompañar de visiones y prácticas de gobierno y de regionalismo con matices diferenciados, en cuyo trasfondo se evidencian las tensiones entre las estrategias imperiales que procuran mantener la hegemonía política y económica en la región y las estrategias emancipatorias nacionales, que con éxitos esporádicos y poco duraderas, se fueron configurando durante la segunda mitad del siglo XX.
Un ejemplo de ello es la emergencia de los bloques regionales, surgidos en la década de los 90s, cuando el capitalismo avanzó hacia un mundo global que, en el marco del nuevo escenario internacional surgido a raíz del derrumbe del Muro de Berlín y de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), puso en escena la visión del nuevo contexto internacional, hegemonizado plenamente por los Estados Unidos y sus aliado occidentales, guiados por la prédica del “fin de la historia”, que cerró para siempre el viejo orden bipolar establecido a raíz de la derrota de los alemanes, italianos y japoneses en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial.
Es en este nuevo contexto de capitalismo globalizado, liderado por las multinacionales y las grandes corporaciones financieras, que se propusieron la privatización a toda costa, bajo la lógica de la libre competencia, desregulación normativa y derrumbe de todo mecanismo nacional de protección arancelaria, surgen varios proyectos de integración regional en América Latina, entre los que destaca el Mercosur, conformado en el año 1991.
Este bloque comercial regional surge como resultado de la adscripción por la región de las pautas establecidas por el llamado “Consenso de Washington”, buscando avanzar hacia un mercado común y la unión aduanera que, bajo la lógica de que el mercado común sería un instrumento eficaz para el desarrollo que beneficiaría más a los países más pequeños, por lo que se rechazó el principio de trato diferenciado a las economías más pequeñas y cualquier equidad en la distribución de los beneficios.
En su primera etapa, comprendida entre el 1991 y el 2002, los países que inicialmente integraron el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), aunque no avanzaron en forma homogénea, sí adelantaron pasos hacia un mercado común y unión aduanera, al tiempo que cada uno realizaba negociaciones con terceros países en procura de mejorar acceso de productos primarios y mayor inversión de capitales directos, con lo que quedaba claro que no existía una estrategia de inserción internacional común entre los miembros del acuerdo comercial.
Junto a la multiplicación del flujo comercial y de la inversión directa entre los países miembros que posibilitó el éxito comercial del Mercosur, cuyo crecimiento se estima en un 28% en esta primera etapa, no se logró “asentar bases de crecimiento continuo ni equitativo”, en tanto, por otro lado, también se generaron “efectos de desindustrialización y concentración económica” en algunos de sus países miembros. Mientras, en algunos casos se verificó el fortalecimiento y diversificación de la industria manufacturera, en todo momento se produjo una “distribución asimétrica de costos y beneficios”, resultando la industria brasileña la más favorecida, seguida por Argentina, mientras Uruguay y Paraguay no mejoraron su desempeño, estancándose en niveles equivalentes al tamaño de sus economías en el MERCOSUR (4% de la población -4% del territorio- 3% del PIB).
La lógica que dio sentido a la conformación del Mercosur sufrió importantes cambios, a partir del 2002, cuando se generó un nuevo contexto en América Latina como resultado del colapso del modelo neoliberal, cuya consecuencia más importante y trascendental fue la total bancarrota del liderazgo político que se había casado con las fórmulas privatizadoras y con el shock macroeconómico que empobreció mucho más a los pueblos latinoamericanos y estimuló impactantes estallidos sociales y una creciente resistencia.
Esta crisis posibilitó la emergencia de un nuevo liderazgo en gran parte de la región, incluyendo el Cono Sur, determinando el ascenso de gobiernos progresistas, populares y de centro izquierda que, con una visión neo desarrollista, se propusieron retomar la lógica productivista, re-estatizar diversas áreas que habían caído en manos privadas, al tiempo de profundizar la democratización, ampliando viejos derechos e institucionalizando nuevos.
El nuevo liderazgo regional de los gobiernos progresistas también se propuso poner en pie los nuevos esquemas de integración (ALBA, UNASUR) que en el mundo académico han sido categorizados como “Regionalismo Post Neoliberal”, logrando impactar los esquemas hegemónicos tradicionales al determinar algunos niveles de retroceso en la injerencia extranjera, mientras se levantaban diversas iniciativas para potenciar las alianzas Sur-Sur que permitieron la derrota, en el 2005, de la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la estrategia imperial con la que se pretendía asegurar la supremacía económica y geopolítica de los Estados Unidos en el mundo unipolar surgido a principios de los años 90s, lo que contribuyó al surgimiento de nuevos actores geopolíticos como el llamado grupo de los países BRICS (2007), que recientemente cobra nuevo impulso.
Entre los primeros años del nuevo milenio y el 2015, se logró poner en pie en la región, en forma simultánea, diversas expresiones de gobierno, lo que permitió configurar la llamada primera “oleada progresista”, de acuerdo con la caracterización de García Lineras, intelectual boliviano a quien correspondió ser coprotagonista de las iniciativas puestas en marcha en dicha etapa, en su calidad de vicepresidente del gobierno encabezado por Evo Morales, que formó parte de dicha oleada.
En relación con el MERCOSUR, la oleada progresista propició impactos que partieron del cambio de énfasis en las prioridades de la agenda, moviéndose del comercio a la producción, al tiempo de poner atención a las asimetrías, acordando por primera vez el establecimiento de un Fondo Común para reducirlas, mientras se producían reformas a los procedimientos institucionales y se creaba un Tribunal para dirimir controversias.
De otra parte, también llama la atención en esta etapa la expresa voluntad de vincular a las Pymes a los encadenamientos productivos regionales, al tiempo que se disponía de asistencia financiera con la creación de un fondo de garantías, en virtud de considerar a este sector como la principal fuente de trabajo y de sostén del mercado interno en cada país.
Con el cierre de la coyuntura determinada por la oleada progresista y la instalación de gobiernos conservadores en la región, el MERCOSUR procuró devolverse a las recetas neoliberales, retrotrayéndolo a la fase superada. Este nuevo periodo, llamado por muchos “neoliberalismo zombi”, en que el énfasis vuelve a ser puesto en el comercio, no parece sostenerse por más tiempo, en la medida en que a la dirección de gobierno de varios de los países integrantes retorna el progresismo.
Es claro que, en el proceso de integración regional, en el caso del Mercosur, han operado dos miradas opuestas que mutuamente se obstruyen, al tiempo de determinar una lógica de desarrollo zigzagueante en su despliegue. Aun así, lo más relevante es la permanencia en el largo plazo de la voluntad de caminar juntos, engrosado el experimento suramericano por varios países más de la región, mientras otros adelantan iniciativas para incorporarse en lo porvenir.
Al momento, en que una nueva ola progresista se configura, esperamos que se pueda relanzar el Mercosur desde una estrategia más duradera que permita superar sus debilidades.
