El Pacto Eléctrico no es perfecto, como no puede serlo ningún acuerdo de esa naturaleza, pero logró consensos valiosos que de haberse aplicado, con o sin firma, pudieron haber ayudado a la solución de los problemas ancestrales del sector.
La triste realidad es que la miopía de sectores políticos claves, unida al laborantismo de muchos que ven la electricidad como una mercancía política y las empresas eléctricas como un botín, no ha sido posible aplicar las reformas del Pacto, salvo aquellas convenientes a quienes controlan el sector.
Fue un grave error del gobierno subir la tarifa eléctrica escudándose en el Pacto, pero incumpliendo compromisos consensuados como la reducción de pérdidas de las empresas distribuidoras, hoy peores que antes.
Pretender modificar el Pacto para tapar la metida de pata y no enfrentar la reducción de pérdidas y las ineficiencias clientelares de las EDES, sin régimen de consecuencias, es algo que la ciudadanía tarde o temprano sancionará.
Convocar al CES para revisar el PACTO con fines politiqueros, sería un despropósito. Por demás, el daño está hecho y la confianza herida. Los miembros del CES deben cuidar su imagen y no convertirse en tontos útiles.
