Por Máximo Calzado Reyes
Haití lleva demasiado tiempo atrapado entre el terror de las pandillas y las promesas internacionales. En sus calles, la pregunta urgente es cómo recuperar la seguridad. Pero la decisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele de enviar tropas plantea otra pregunta, igualmente incómoda: ¿puede una operación concebida para salvar vidas terminar vulnerando las reglas que protegen la soberanía de un pueblo?
La controversia no nace de una discusión académica, tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños en octubre de 2026, El Salvador incrementó considerablemente su presencia militar en Haití. La explicación inicial fue una misión de búsqueda y rescate; el alcance posterior del despliegue, sin embargo, abrió dudas sobre su mando, duración y fundamento jurídico.
Aquí conviene separar los hechos de las conclusiones. Naciones Unidas ha aclarado que la mayor parte de los efectivos adicionales no queda comprendida en el mandato de apoyo a la fuerza multinacional. Eso no equivale, por sí solo, a demostrar una intervención ilegal: una operación puede encontrar fundamento en un consentimiento válido del Estado haitiano, aún sin un mandato específico de la ONU. Pero ese consentimiento debe existir, ser atribuible a las autoridades competentes y no utilizarse como autorización ilimitada.
La diferencia es decisiva. El derecho internacional no exige, en todos los casos, que el consentimiento sea escrito para tener validez. Ahora bien, cuando miles de soldados extranjeros actúan en territorio de un Estado políticamente frágil, la opacidad no es una virtud diplomática.
¿Quién los invitó? ¿Qué operaciones fueron autorizadas? ¿Bajo qué mando actúan? ¿Quién responde si muere un civil inocente?
Si una operación vulnera una obligación internacional o excede los límites del consentimiento, podría comprometer la responsabilidad de El Salvador como Estado. Conforme a los artículos sobre responsabilidad estatal elaborados por la Comisión de Derecho Internacional, las consecuencias pueden incluir el cese de la conducta ilícita, garantías de no repetición y reparación de los daños causados. No estamos hablando necesariamente de cárcel para un presidente, sino de obligaciones jurídicas del Estado frente a otro Estado.
Otra cuestión, mucho más exigente, es la responsabilidad penal individual de Bukele o de quienes dirijan las operaciones. El crimen de agresión requiere una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas por su carácter, gravedad y escala, además de las condiciones específicas de jurisdicción. Los crímenes de guerra o de lesa humanidad exigen acreditar elementos diferentes, ni el envío de tropas ni una denuncia política bastan para demostrar esos delitos.
El sufrimiento haitiano no puede convertirse en argumento para suspender las garantías de sus habitantes. Combatir bandas armadas es un objetivo legítimo; hacerlo mediante operaciones sin control, sin rendición de cuentas o sin protección suficiente de civiles sería una contradicción moral y jurídica. La seguridad no puede construirse sobre el miedo de quienes se pretende proteger.
Para República Dominicana, vecina inevitable de esta crisis, las consecuencias también importan. Un despliegue sin reglas claras puede alterar los equilibrios fronterizos y agravar una emergencia humanitaria que no conoce muros ni discursos.
En síntesis, El Salvador tiene el deber de procurar la protección de sus nacionales, y Haití puede solicitar cooperación. Pero ningún gobernante posee una licencia ilimitada para emplear la fuerza fuera de sus fronteras. La pregunta de fondo no es si la operación parece popular, sino si tiene base legal, límites verificables y responsabilidad por sus consecuencias.
Sin embargo, la salida exige transparencia: publicación de acuerdos si los hay, protocolos de actuación, mecanismos independientes de investigación y cooperación con las autoridades haitianas. Esa información protege no solo a los civiles, sino también a los propios militares y a quienes respaldan políticamente la operación. Porque una paz conseguida a cualquier precio puede terminar costando demasiado a quienes más la necesitan.




