Por Emiliano Reyes Espejo
La opacidad que envuelve desde sus inicios el arrendamiento del ingenio Barahona, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) al Consorcio Azucarero Central (CAC) sigue caracterizando el marco en que se negoció recientemente el contrato que favorece a esa empresa.
Ninguna autoridad ha sabido explicar los alcances de esta extensión de este histórico contrato, originalmente suscrito por 20 años, y extendido hasta el año 2070, sin que el actual gobierno explique las razones justificables de este nuevo plazo. Tampoco se explica cuáles son los “nuevos beneficios” que recibiría el Estado de parte de los inversionistas que asumen el control total de la propiedad estatal en esta nueva transacción.
Una triste historia de engaños
Es conocido por todos que el contrato original fue firmado el 13 de diciembre de 1999 por un período de 20 años, en el marco de la política de “reforma y privatización de las empresas del Estado impulsada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Para justificar la aplicación de esta política se arguyó que “la industria azucarera estatal sufría una profunda ineficiencia productiva y una abultada carga económica para el presupuesto nacional”.
En esa tesitura, “el gobierno promovió la privatización como la única vía para reflotar económicamente el sector, prometiendo la dinamización de la región Suroeste”. Acontece, sin embargo, que los resultados de aquella prometida bonanza no han llegado, frustrando así la esperanza de las comunidades de la región Enriquillo (Barahona, Neyba e Independencia).
El arrendamiento “respondió a las corrientes internacionales de la época, que sugerían reducir el tamaño del Estado”. Para lograr ese objetivo aquí en el país se aprobó la Ley de Reforma de la Empresa Pública (Ley 141-97), “el instrumento legal que sirvió de base para justificar el arrendamiento. Esta ley buscaba atraer inversión extranjera y traspasar la gestión de empresas estatales deficitarias (como los ingenios del CEA) al sector privado mediante la capitalización, venta de acciones o contratos de arrendamientos prolongados”.
Extensión del contrato CEA-CAC
Sin ofrecer explicaciones que justifiquen la extensión del arrendamiento CEA-CAC, el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que fue un furibundo crítico de la política del neoliberal que aplicó en su momento el PLD, dispuso en un marco de total opacidad que el contrato, firmado el 13 de diciembre de 1999 por un período base de 20 años, sea extendido para que culmine en el año 2070.
“En julio de 2023 se pactó una clarificación y extensión automática del convenio. El acuerdo se estableció bajo una modalidad de renovación automática extensible a 30 años, siempre que el consorcio mantenga al día todos sus compromisos fiscales y contractuales frente al Estado dominicano”.
Se establece en esta renovación contractual, que es “un verdadero regalo caído del cielo” para el consorcio, ya que establece que, bajo las cláusulas de cumplimiento estricto vigentes, “la permanencia del CAC administrando los campos e instalaciones del ingenio podría prolongarse formalmente hasta el año 2070”.
Campesinos y productores desplazados y disputas por expropiaciones de tierras
En tanto el gobierno ha garantizado la extensión del arrendamiento a beneficio del consorcio, “organizaciones agrícolas denuncian la expropiación y destrucción de cultivos de subsistencia (como plátano, yuca y maíz) en predios estatales que familias campesinas han trabajado informalmente por décadas”.
Han evidenciado que el consorcio contamina sus cosechas con las fumigaciones aéreas, que esta empresa acapara el flujo de agua para regadío y afecta la salud de la población por la emisión de “cachipa” o polvillo de carbón derivado de la quema de caña.
Ante tan apremiante situación, diversos sectores y productores reclaman que tras 25 años de privatización del ingenio Barahona, el gobierno se aboque a revisar el contrato firmado con el consorcio, a la vez que “exigen auditar los términos del nuevo acuerdo, determinar los montos reales pagados al Estado y el cumplimiento social del consorcio”.
Igualmente, piden que se agilicen las acciones legales recientes o fallos en los tribunales de Barahona sobre “los desalojos de los campesinos”. Además, que se dé soluciones a las disputas en tribunales y respuestas institucionales en torno a los conflictos de tierra entre los campesinos de la región Sur y el CAC que reflejan una marcada confrontación judicial y social en la zona.
Ante lo planteado, nos permitimos plantear alternativas de soluciones a la imperiosa situación que altera el bienestar de los habitantes de la Región Enriquillo:
1) El gobierno debe crear una comisión técnico-jurídica que revise y transparente los alcances del nuevo contrato que extiende la entrega del ingenio al CAC hasta el 2070.
2) Las organizaciones agrícolas de la Región deben arreciar sus acciones legales contra el despojo de tierras estatales y otras medidas en su contra. Deben apoyarse aún más en la Diócesis Católica y otras expresiones religiosas, así como organizaciones de izquierda y ONG en sus reclamos al emporio. En ese sentido, crear un núcleo de abogados de la zona que le asista en los reclamos judiciales.
3) Los pobladores deben demandar a los partidos políticos (PLD, Fuerza del Pueblo, PRM y otros) que definan sus posiciones frente al nuevo contrato que entrega el ingenio Barahona a un consorcio privado hasta el 2070. Los votantes de la zona deben condicionar sus votos y anunciar que se abstendrán de votar por los partidos que favorezcan la permanencia del oneroso contrato en perjuicio del Estado y de la región.
Al respecto, la analista Emilia Ibarra, del portal digital mexicano Ultima Hora, se hizo eco de nuestro anterior artículo, en el cual planteamos revisar el nuevo contrato CEA, Ingenio Barahona y el CAC, y apuntó:
“El Ingenio Barahona no necesita una defensa automática ni una demolición retórica. Necesita documentos, cifras auditadas, mapas de propiedad, datos laborales y una conversación pública sobre el destino de una infraestructura que durante décadas ha organizado la economía del sur profundo”. Añadió que:
“La revisión del contrato debería comenzar con una pregunta sencilla, pero exigente: cuánto valor generó el ingenio para el país y cuánto de ese valor llegó realmente a los trabajadores, agricultores y comunidades que sostienen su existencia. Hasta que esa pregunta tenga respuestas comprobables, la permanencia del CAC seguirá siendo una realidad productiva envuelta en una deuda de rendición de cuentas”.
Los agricultores del suroeste se preguntan a diario ¿de qué lado está Dios?
Los habitantes del Sur, especialmente de Barahona, Neyba, Tamayo y zonas cañeras aledañas son creyentes hasta la médula e invocan a diario al Señor en sus oraciones (al acostarse y al levantarse).
Pero no entienden algunas cosas que les perturban. Pese a su cotidianidad religiosa tienen que preguntarse si la Providencia Divina está con los campesinos o con el Consorcio Azucarero Central (CAC). ¿A quiénes amparan los pastores en las Litis permanentes de los campesinos contra el desalojo de sus tierras?
¿Dios defiende la bonanza del CAC o a los campesinos desalojados de sus predios ancestrales por parte del emporio agroindustrial?
Las reseñas de prensa que logran divulgarse en la zona afirman que esta empresa utiliza la furia de sus destructivas maquinarias de acero y hierro (tractores) para avanzar acompañadas de fuerzas del ejército y de la policía nacional en destrucciones de predios agrícolas.
Estoy convencido de que Dios está con los campesinos. No hay lugar a dudas. Así lo hace constar el rol asumido por la Diócesis Católica de Barahona frente a las acciones del feudo cañero. Pero eso no ha sido suficiente, de cara al ímpetu con que el gobierno (CEA, INAZÚCAR, IAD, el Ejército y la Policía) defiende las acciones del Consorcio Azucarero en esta zona del Sur.
“La Diócesis de Barahona mantiene una postura firme de rechazo frente a las acciones de fuerza del consorcio”, precisan analistas. Reseñan que la Iglesia Católica ha calificado “la destrucción de cultivos menores mediante maquinaria pesada como un atropello contra los medios de vida de las comunidades vulnerables de Tamayo y Neyba”.
Escudos humanos en la resistencia
En ese sentido, “sacerdotes, monjas y delegados sociales de la diócesis acompañan de forma física a los campesinos en las asambleas y campamentos de resistencia (como el instalado en El Polvorín), sirviendo de escudos humanos y testigos institucionales ante los contingentes militares”.
Asimismo, la Iglesia “utiliza su principal órgano de difusión regional, Radio Enriquillo, para visibilizar las denuncias agrarias, educar a los campesinos sobre sus derechos territoriales e informar sobre el impacto ambiental derivado de la actividad azucarera”.
La actitud de los religiosos ha forzado al CAC a implementar “programas de mitigación social”, con miras a amortiguar las críticas de la iglesia y atemperar la realidad de los habitantes de las áreas de influencia del ingenio, los cuales históricamente han sido sumidos en la miseria.
Después de estos planteamientos, cabe preguntarse otra vez ¿de qué lado está Dios?
*El autor es periodista.
