¿Condenados a la marginalidad y la persecución permanente? Los nacidos entre 1929 y 2007 de padres con estatus migratorio “irregular”

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Por Osvaldo Santana

Él nació en Guanuma, donde acudió a la escuela junto con sus hermanos, y creció hasta hacerse adulto. Empezó a trabajar, y al paso del tiempo decidió formar un hogar.

Dedicado a trabajos rurales y en la industria de la construcción, no necesitó documentación para desenvolverse, hasta que embarazó a su compañera y ve aproximarse la hora del parto.

Alfonso y su compañera son descendientes de haitianos establecidos en el país desde el siglo pasado. Sus padres formaron parte de un contingente de braceros importados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y llevados a lo que entonces era un batey del ingenio Haina: Guanuma.

Ahí se establecieron hasta estos días, y formaron familia. Los padres vivieron amparados en una tarjeta que entonces le entregó el CEA, como braceros. Y por esa vía, el padre recibe todavía una mísera pensión del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). 

Desaparecido el ingenio, pasaron a trabajar en fincas de la zona, hasta ahora, pero vivían con un estatus legal muy frágil, el carné que le entregó el CEA, y en esa condición nacieron sus hijos, que heredan esa misma condición.

Atendida la acompañante de Alfonso en la clínica rural de Guanuma, que solo presta atención primaria, tiene que ser remitida a una maternidad. Se acerca la hora del parto, y ocurre en un mal momento, cuando el país impulsa un asedio total a los inmigrantes no registrados, y a su descendencia. Sus precarias condiciones económicas conducen el desenlace hacia un centro público, pero ahí comienza su pesadilla.

Por disposición del gobierno, toda parturienta haitiana o de ascendencia haitiana que acuda a un hospital con estatus irregular, queda detenida en el mismo sitio, y de ahí, enviada al Centro de Retención Haina, desde donde es deportada, junto al recién nacido.

Es una condena al destierro previamente anunciada, con el agravante de que, según informes, más de un recién nacido ha fallecido en el proceso de deportación, en el mismo centro, o en la ruta hacia Haití.

La otra opción es un parto en una clínica privada, sin garantía cierta de que igual pueda ser capturada por los agentes de Migración. Al margen de esa amenaza, los requerimientos que conlleva un parto es otro parto económico para una población carenciada. Es el drama de Alfonso y su pareja.

Y es el drama de cientos, miles de personas que viven en territorio dominicano sin un registro civil. El endurecimiento de los controles migratorios ha complicado la vida de esos seres humanos que nacieron y crecieron de este lado de la isla y no tienen ningún vínculo en Haití. 

Cuando se aprobó la ley 169-14, que instituyó el plan de regularización o naturalización de extranjeros, no tuvieron la posibilidad de acceder y quedaron en un estado de desprotección por siempre. 

Es que la ley 169-14 solo alcanzó a un número muy limitado de extranjeros que pudieron beneficiarse del régimen especial instituido entonces para facilitar el registro.

La ley estaba llamada a jugar un papel, pero su aplicación fue saboteada en un debate irracional, y en la mayoría de los casos, la población objetivo no pudo beneficiarse de la oportunidad que se le brindaba. Las autoridades haitianas ni las dominicanas, y menos las famosas onegés, hicieron lo necesario para movilizar a esa población. Ahora la situación de esos ciudadanos se ha agravado. 

¿Qué hacer con esos seres humanos, que ya no tienen siquiera quiénes los defiendan?

Esa población crece en un limbo jurídico y se constituye en una fuerza laboral solo útil para las labores duras que no desean ejercer los dominicanos.

Existen, pero excluidos de los derechos inherentes a los seres humanos. Ni siquiera tienen derecho a un nombre, y menos a una nacionalidad. No son dominicanos, pero tampoco tienen los medios para llenar los requisitos que igual les exigen las autoridades haitianas para registrarlos a través de sus oficinas consulares. Si no tienen papeles emitidos por alguna instancia nacional, a las autoridades haitianas se les dificultad también registrarlos como ciudadanos de su país. 

Esas personas, que nacieron y crecieron aquí, no se sienten haitianos más allá de los vínculos y la herencia cultural heredada de sus progenitores. Y pensar que en el caso de los hijos de los braceros contratados por el CEA pagan el precio de una situación que no fue generada por ellos. No llegaron porque violaron la frontera. Nacieron  aquí porque sus padres fueron traídos por el Estado a través de una de sus agencias.

A los gobiernos a ambos lados de la isla no les importa el destino de esas personas, y en particular, su descendencia, que igual continuará padeciendo el drama de la desnacionalización. En pocas palabras, son apátridas.

Tras la ley 169-14

Tras la promulgación de la ley, fueron clasificados dos grupos de personas que podrían acceder a las vías de naturalización.

“Grupo A: Personas nacidas en la República Dominicana entre 1929 y 2007 de padres con estatus migratorio “no residente”, cuyos nacimientos fueron registrados en el Libro Ordinario del Registro Civil dominicano. Para esta población, la Ley 169-14 valida sus actas de nacimiento y otorga cédulas de identidad y electoral que confirman su nacionalidad dominicana.

“Grupo B: Personas nacidas en la República Dominicana entre 1929 y 2007 de padres con estatus migratorio “irregular”, cuyos nacimientos nunca fueron registrados en el Registro Civil dominicano. En virtud de la Ley 169-14, y dentro de un período de 180 días desde su promulgación (hasta el 01/02/2015), esta población accedió a un proceso de regularización como extranjeros. Después de dos años con permisos de residencia permanente (RP-1) y cédulas de identidad para extranjeros (en el caso de adultos), podían solicitar la naturalización”. (Explicitación de la página de la Organización de la ONU para Refugiados).

La realidad es que muy pocas personas pudieron hacer las diligencias debidas para cumplir los procedimientos y requisitos. La gran mayoría quedó en la misma condición.

¿Persistirá esa situación por siempre? Al final, es un problema humanitario que requiere atención. Pero la sensibilidad por estos casos que en el pasado movilizaron a tantas personas se ha ido con ellas al zafacón del olvido.

Osvaldo Santana
Osvaldo Santana
Osvaldo Santana es periodista.
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